Abren juicio político a ex gobernador de Nayarit
• Congreso estatal lo investiga por manejo indebido de recursos • El priísta Roberto Sandoval es acusado de enriquecimiento ilícito
Guadalajara, Jal.— A casi cuatro meses de que el priísta Roberto Sandoval dejó el cargo de gobernador de Nayarit, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso local aprobó abrirle un juicio político, luego de dos denuncias en las que se le acusa del manejo indebido de recursos públicos de al menos 2 mil 700 millones de pesos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cohecho.
La comisión inició el procedimiento para enjuiciar al ex mandatario, a dos ex integrantes de su gabinete y a cuatro miembros del Trititución bunal de Justicia Administrativa del estado de Nayarit.
El diputado Javier Mercado (PAN), presidente de la comisión, explicó que el Congreso del estado tiene un año a partir de hoy para sancionar, declarar improcedente o no sancionar a los funcionarios acusados.
Una vez iniciado el procedimiento se turna el caso a una comisión instructora, integrada por cuatro diputados de diferentes grupos parlamentarios, quienes harán las veces de Ministerio Público. Ellos deberán recabar las pruebas y citar a comparecer a los indiciados y demandantes para el desahogo de alegatos.
Después, una “sección de enjuiciamiento” decidirá si procede la des- o inhabilitación, y el dictamen pasará al pleno del Congreso, donde se determinará la situación del ex gobernador.
El 24 de agosto de 2017, EL UNIVERSAL dio a conocer que la Procuraduría General de la República investiga a Sandoval. Se señala que tejió una red de por lo menos 10 personas cercanas que se beneficiaron con bienes inmuebles, caballos, ganado y contratos de obra pública.
En la línea de investigación también se incluye el posible desvío de recursos federales destinados al campo, en donde se ha señalado la presunta participación del ex gobernador de Chihuahua César Duarte.
El ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, enfrenta un juicio político ante el Congreso local, por presunto desvío de recursos de al menos 2 mil 700 millones de pesos y manejo indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cohecho.
Ayer la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el diputado panista Javier Mercado, inició el procedimiento para enjuiciar al ex mandatario, dos ex integrantes de su gabinete y cuatro miembros del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del estado de Nayarit.
Tras analizar dos denuncias en las que Sandoval Castañeda es señalado como presunto responsable de varios delitos, la comisión decidió aprobar el acuerdo para que una comisión instructora inicie el proceso.
Durante la exposición de motivos, Javier Mercado, señaló que el juicio político no es para quitar el mal llamado fuero, sino para sancionar administrativamente con la destitución o inhabilitación del cargo.
Dijo que en la Legislatura pasada, cuando también fue diputado, presentó con la ex legisladora Sofía Bautista una iniciativa para quitar el fuero a los servidores públicos y ésta fue aprobada, por lo que en Nayarit ya no hay fuero.
“Cualquier ciudadano puede denunciar o puede demandar juicio político a aquellos ex servidores públicos que hayan culminado su mandato hasta un año posterior; si pasó el año y quieren demandar juicio político ya no es procedente”, dijo.
Los ex funcionarios del gabinete de Roberto Sandoval Castañeda contra los que también se aprobaron juicios políticos son Mario Alberto Pacheco Ventura y Luis Antonio Apaseo Gordillo, ex titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas y de la Contraloría General de Gobierno, respectivamente.
A estos ex funcionarios se les acusa de ser presuntos responsables de desviación y manejo indebido de recursos públicos.
Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit señalados por la Comisión son Catalina Ruiz Ruiz, Agustín Flores, Raymundo García Chávez y Jesús Ramírez de la Torre, quienes son señalados como presuntos responsables por el ataque a las instituciones democráticas, la usurpación de atribuciones, omisiones de carácter grave y violaciones sistemáticas o graves de planes, programas y presupuestos de la administración estatal.
Mercado explicó que el Congreso del estado tiene un año a partir de hoy para sancionar, declarar improcedente o no sancionar a los servidores públicos acusados.
Una vez iniciado el procedimiento se turna el caso a una comisión instructora, integrada por cuatro diputados de diferentes grupos parlamentarios, quienes someterán su decisión al pleno del Congreso, para avalar o no el dictamen.