Manuel Bartlett
México cerró 2017 con agudización profunda de la tragedia nacional más grave de nuestra historia, producto de la funesta “Guerra contra el Narco” de Calderón y Peña Nieto: un cuarto de millón de muertos, desaparecidos, feminicidios, secuestros, robos, destrucción del campo que genera anualmente un millón de pobres, más de 35 mil desplazados de pueblos y comunidades, hacinamiento urbano, 70% de la pobreza concentrada en ciudades con brutal “exclusión, desigualdad, desempleo” (Coneval). Vivimos en estado de terror. Frente a esta tragedia, en las campañas en curso para la renovación de los poderes nacionales, ¿qué se propone? López Obrador, en su cotidiano dialogo en todo el territorio nacional con víctimas, deudos, despojados, comerciantes, ha venido confrontando el problema, recogiendo angustias y demandas, directamente, sin demagogia, sin eufemismos, sin temor a la crítica, analizando todas sus facetas, desde las causas sociales. Ha planteado la implementación de mecanismos de amnistía, de readaptación para jóvenes sentenciados, comprometiendo la necesidad de consulta permanente con ciudadanos, organizaciones. Iniciando el año presentó su “Comité Asesor en Seguridad Publica” de ciudadanos y expertos, que trabajan ya un programa de Seguridad Publica. En su presentación AMLO aseguró que, en tanto jefe de Estado y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, así como responsable de las fuerzas policiacas, asumiría el compromiso personal de avocarse cotidianamente a la pacificación del país; crear una Secretaria de Seguridad Publica, desvinculada de Gobernación; reuniones con el Gabinete de Seguridad y el Comité de Seguridad; integrar una Guardia Nacional, establecida por la Constitución; con participación de gobernadores, legisladores, miembros del Poder Judicial; para devolverle a la Nación la paz y la seguridad —obligación del Poder Ejecutivo— en un plazo no mayor a tres años.
¿Y el PAN, Anaya? Además de descalificaciones inconsistentes a las propuestas de AMLO, sin autocrítica al régimen policiaco-militar construido por el gobierno de Calderón, del que Anaya fue parte, afirma simplemente: “…lo que México necesita es un planteamiento serio y con inteligencia”, sin definirla, sin ir más allá. ¿Y Meade, el PRI? Su propuesta es, indefectiblemente, la Ley de Seguridad Interior, o sea: legalizar la militarización del país, llegando al extremo de defender la funesta guerra de Calderón: “le hizo frente (al crimen) con valor, con talante y con el extraordinario trabajo de las Fuerzas Armadas”. Meade afirma: “se debe enfrentar (al crimen) de diferente manera, quitándoles las armas…”, sin decir cómo, considerando que el mayor exportador de armas es Estados Unidos, a quien obedece ciegamente, y nada más. Meade se desentiende, no menciona la tragedia nacional derivada de la política económica que él definió en presupuestos anuales que empobrecieron al país y generaron las condiciones que crean la violencia. Como ex-secretario de Relaciones Exteriores, “ignora” la intromisión de Estados Unidos en nuestra política de “seguridad interior”. Como secretario de Sedesol conoció de pasadita la pobreza, acabarla no está
Anaya y Meade pasan por encima del sufrimiento cotidiano de los mexicanos, habiendo sido responsables del mismo
en su proyecto. La militarización, el control social, el exterminio de mexicanos es la propuesta de la continuidad que representa.
En estas campañas que deberían ocuparse a fondo de las razones de la inseguridad y la violencia, Anaya y Meade, solapados por medios de comunicación contratados para atacar cualquier propuesta de AMLO, pasan por encima del sufrimiento cotidiano de los mexicanos, habiendo sido actores responsables de la generación de esa problemática. No definirse, define en realidad su posición: mantener como solución, la violencia, la absurda teoría de la aniquilación de los “enemigos internos” que resultan ser jóvenes mexicanos, excluidos, pobres, en esta brutal guerra de exterminio que asola el territorio nacional.