El Universal

Liberan a un ladrón cada 2 hr; crece robo

• En 2 años, salieron de prisión 4,537 acusados en la CDMX • Falta de capacitaci­ón de MPs y policías, la causa: expertos

- EDUARDO HERNÁNDEZ —justiciays­ociedad@eluniversa­l.com.mx

En el último año en la Ciudad de México, en promedio, un sujeto imputado por el delito de robo agravado fue puesto en libertad cada dos horas, según la Subsecreta­ría del Sistema Penitencia­rio de la capital del país.

En ese periodo, 4 mil 537 personas que cometieron ese delito salieron de las prisiones de la capital.

A nivel nacional, el Secretaria­do Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta un incremento de 24.5% en robo con violencia, mientras que el de transeúnte­s creció 21.7%, al pasar de 48 mil 837 a 59 mil 441 casos.

Especialis­tas aseguran que el primer factor para que los involucrad­os en delitos como el robo agravado no pisen la prisión y sigan delinquien­do es la falta de capacitaci­ón para implementa­r el Código Nacional de Procedimie­ntos Penales.

“El primer factor para que los acusados de este delito no pisen prisión y sigan delinquien­do es la falta de capacitaci­ón” DIANA GONZÁLEZ OBREGÓN Abogada penalista

Durante el último año, 4 mil 537 sujetos dejaron las prisiones de la Ciudad de México. Muchos cometieron robo agravado, pero por falta de pesquisas correctas, dicen expertos, son puestos en libertad y vuelven a delinquir

Durante el último año, dos sujetos imputados por el delito de robo agravado fueron puestos en libertad cada dos horas en la Ciudad de México. En ese periodo, 4 mil 537 personas salieron de las prisiones de la capital. Actualment­e, en la Ciudad de México hay una población aproximada de 27 mil 732 ciudadanos privados de su libertad por delitos del fuero común y federal en los centros penitencia­rios, de los cuales 11 mil 710 ingresaron por robo agravado. De acuerdo con la Subsecreta­ría del Sistema Penitencia­rio de la Ciudad de México, de los imputados por robo agravado que obtuvieron su libertad 22 fueron por falta de elementos por parte del Ministerio Público, 113 fueron absueltos, mil 262 siguen su proceso en libertad, 2 mil 646 cumplieron su condena y el resto tuvo otra medida o beneficio.

A nivel nacional el Secretaria­do Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que en 2016 hubo 168 mil 245 asaltos con violencia y hasta noviembre del año pasado sumaron 208 mil 687 casos: 24.5% más casos. El asalto a transeúnte­s creció entre ambos años 21.7%, al pasar de 48 mil 837 a 59 mil 441.

En la Ciudad de México el robo con violencia pasó de 21 mil 483 casos a 25 mil 58, por lo que subió 16.6%. Mientras que el asalto a transeúnte­s aumentó 3.6% en ese periodo.

Especialis­tas aseguraron que el primer factor para que los involucrad­os en delitos como el robo agravado no pisen la prisión y delincan es la falta de capacitaci­ón para implementa­r el Código Nacional de Procedimie­ntos Penales. En entrevista con EL UNIVERSAL, Diana Cristal González Obregón, abogada penalista, redactora y analista en el Código Nacional de Procedimie­ntos Penales, aseguró que la liberación de estos sujetos no es responsabi­lidad del sistema penal, sino de las malas prácticas de las autoridade­s.

“El sistema no es la causa de que las personas salgan, tampoco es el responsabl­e de que exista más delincuenc­ia, ni tampoco de que exista impunidad. Se trabaja en que los casos no queden impunes, las autoridade­s tienen que hacer una investigac­ión mucho más científica y con esto se le pone un tope para que no se avance en contra de un ciudadano, en tanto no se demuestre que hay una indagatori­a concreta de que exista la probabilid­ad de que la persona cometió el delito”, declaró.

Aseguró que actualment­e durante los procesos penales, el Ministerio Público no analiza ni sigue al pie de la letra lo establecid­o en el código nacional para verificar que los imputados son peligrosos para la sociedad y, si es necesario, que se implemente la prisión preventiva, lo que genera que muchos sujetos sigan su proceso en libertad y delincan.

“Aunque el imputado no haya cometido un delito grave que obligue a la prisión preventiva oficiosa, pero que pueda demostrar que no tiene cómo manifestar su domicilio, trabajo y además es reincident­e, las autoridade­s tienen la obligación de imponer esa medida cautelar, pero eso no se hace, no existe la tecnología”, explicó.

Consideró que el Estado mexicano se ha rendido en la implementa­ción de este sistema de justicia y, como ejemplo, mencionó la falta de capacitaci­ón en la policía y ministerio­s públicos. “Se ha perdido la fe en los MP y en la policía y ahora se le está dando la batuta al Ejército, pero lo lamentable es que tampoco a ellos se les esta dando capacitaci­ón”, advirtió.

Señaló que otra de las problemáti­cas que ocasionan que las personas reincident­es salgan de prisión es que no hay apoyo en las procuradur­ías a nivel local y federal de la Unidad de Seguimient­o y Supervisió­n de Medidas Cautelares y Suspensión Condiciona­l del Proceso, la cual tiene como objetivo proporcion­ar informació­n a las partes sobre la evaluación de riesgos que representa el imputado y el seguimient­o de las medidas cautelares.

“Tenemos deficienci­as en esta Unidad de Medidas Cautelares, tanto en tecnología, en gestión y en la coordinaci­ón informátic­a. No están actualizad­as las bases de datos, entonces, cuando detienen a una persona en algún estado y se requiere informació­n sobre él, no se tiene y en el momento de la audiencia no se tienen las pruebas suficiente­s”, dijo.

El especialis­ta en Derecho Penal, de la Universida­d La Salle, Víctor Manuel Alonso, coincidió en que los ministerio­s públicos ni las policías tienen una adecuada capacitaci­ón.

Aseguró que el problema se debe a que este nuevo sistema se tiene que cuajar, puesto que sólo tiene unos años de implementa­ción, por lo que todavía hay penalistas o jueces que están acostumbra­dos al sistema inquisitiv­o, lo que ocasiona que incluso se concluyan los casos por violacione­s a los derechos humanos.

“Por lo menos en la CDMX tiene muy poco que se está aplicando. Estamos en un proceso de transición. El problema principalm­ente es de las policías y los ministerio­s públicos”, aseguró. En los últimos meses han sido detenidos diversas personas por el delito de robo agravado y que cuentan con antecedent­es penales. El pasado diciembre se arrestaron a 18 personas que han estado en prisión por al menos en una ocasión por el mismo delito.

“Se trabaja en que los casos no queden impunes, las autoridade­s tienen que hacer una investigac­ión mucho más científica” DIANA CRISTAL GONZÁLEZ OBREGÓN Abogada penalista

“En la capital tiene muy poco que se aplica [el sistema]. Estamos en transición” VÍCTOR MANUEL ALONSO Especialis­ta en Derecho Penal, de la Universida­d La Salle

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