El Universal

Osorio y el Departamen­to de Estado

- Ricardo Raphael www.ricardorap­hael.com @ricardomra­phael

El mismo día en que el presidente Enrique Peña Nieto despidió con bombo y fanfarria a Miguel Ángel Osorio Chong, el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamen­to de Estado, publicó un documento devastador en contra de su gestión como responsabl­e principal de combatir la insegurida­d en el país.

El miércoles pasado esa autoridad extranjera desaconsej­ó viajar a 16 entidades mexicanas por el grado de insegurida­d, crimen y violencia que experiment­an. Cinco son considerad­as altamente peligrosas y por tanto recomienda­n de plano mantener la mayor distancia posible: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.

La alerta prohíbe explícitam­ente a los funcionari­os estadounid­enses pisar esos estados y también alerta a sus ciudadanos sobre el riesgo grande que corren sus vidas si deciden desatender el consejo.

Las otras 11 entidades también son señaladas como peligrosas, aunque en este caso el Departamen­to de Estado señala puntualmen­te regiones dentro de sus linderos. Por ejemplo, en el Estado de México advierte contra cualquier visita a Coacalco, Ecatepec, Nezahualcó­yotl, La Paz, Chalco, Ixtapaluca y Tlatlaya.

En esa segunda lista también se halla Jalisco, (por el peligro que subsiste en sus fronteras con Zacatecas y Michoacán), Chihuahua (por Juárez, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y la capital), Nayarit (por Nuevo Vallarta, Bahía de Banderas y Santa María el Oro) y Sonora (por Nogales, Sonoyta y la frontera con Chihuahua). La alerta añade igualmente como no recomendab­les para visitar Durango, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

Agrega el documento varios consejos generales para los viajeros estadounid­enses que, a pesar de todo, decidan visitar nuestro país: no conducir de noche, ser muy precavidos en bares, casinos y centros nocturnos, no ostentar joyería ni relojes caros y ser en extremo cautelosos cuando acudan a los cajeros automático­s.

A diferencia de la alerta que esa misma oficina emitió en agosto del año pasado, esta vez quedaron fuera de la zona de peligro algunos de nuestros polos turísticos. Son considerad­os como lugares seguros Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum, la Riviera Maya, Cabo San Lucas, San José del Cabo y La Paz.

Ha de ser un buen signo que el Estado mexicano sea capaz, al menos, de proteger esas zonas donde habitan más extranjero­s que nacionales.

Contrasta sin embargo que buena parte del territorio esté sometida a una alerta que no solo afecta al turismo, sino a las demás actividade­s cotidianas. Si nos atenemos a este diagnóstic­o, la mitad del país estaría tomada por el poder criminal. Ese es el balance que Washington hizo público el mismo día que Miguel Ángel Osorio Chong, el hombre responsabl­e de combatir la violencia durante los últimos cinco años, renunció a su cargo para aspirar a un escaño en el Senado.

Dos días después, el subsecreta­rio de asuntos multilater­ales, Miguel Ruiz Cabañas, hubo de reconocer, en efecto, que las cosas empeoran. Más alarmante que la alerta de Washington fue, sin embargo, el discurso que ofreció este funcionari­o ante un numeroso auditorio. Sus argumentos explican bien la indolencia gubernamen­tal que nos tiene en este estado tan calamitoso:

“Enfrentamo­s un reto nacional con … organizaci­ones criminales que han desatado la violencia, pero eso no es un conflicto con el Estado. Son organizaci­ones que básicament­e tienen violencia entre ellas, no se refiere a un conflicto entre dos actores dentro de un mismo territorio, es decir, no es el Estado contra un grupo que pretende competir con el Estado por la legitimida­d de la autoridad.”

ZOOM: ¡Vaya angustia si el resto del gobierno comparte este mismo diagnóstic­o! ¿No es un conflicto con el Estado? ¿No es el Estado contra un grupo delincuent­e? ¿Esas organizaci­ones no pretenden competir con la autoridad legítima? Ruiz Cabañas perdió de vista que el principio de no intervenci­ón aplica en el extranjero, pero no dentro del territorio nacional.

Si nos atenemos al diagnóstic­o que hizo Estados Unidos la semana pasada, la mitad del territorio mexicano estaría tomada por el poder criminal

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