Y contra Sandoval, estancada la investigación
A siete meses de que la procuraduría atrajo el caso del ex gobernador de Nayarit, el caso no ha tenido progreso, a pesar de que la Comisión de la Verdad aportó nuevas pruebas
••• Tepic, Nay.— A siete meses de que la PGR atrajo la investigación por presunto enriquecimiento inexplicable del ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval no hay avances en el caso, pese a que la Comisión de la Verdad aportó nuevas pruebas.
Funcionarios de la dependencia indicaron a EL UNIVERSAL que desconocen la existencia de la carpeta de investigación.
LTepic, Nayarit uego de siete meses de que atrajo la carpeta de investigación, la Procuraduría General de la República (PGR) no tiene avances en la indagatoria por el presunto enriquecimiento inexplicable del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda. En junio del año pasado, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales atrajo la carpeta de investigación FED/NAY/TEP/0000161/2017 que inició la delegación de la procuraduría en Nayarit, derivado de la denuncia que presentaron integrantes de la Comisión de la Verdad, entre ellos Rodrigo González Barrios.
Al tratarse de un servidor público “considerado de alto nivel”, la delegación declinó competencia y la turnó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
Al solicitar el estatus de las pesquisas, el área de Comunicación Social de la PGR indicó que en esa subprocuraduría desconocen la existencia de la carpeta de investigación contra Roberto Sandoval.
El grupo de políticos y ciudadanos que forman parte de la Comisión de la Verdad ha robustecido la información entregada a la PGR en la Ciudad de México, como datos de prueba sobre la forma en que habría operado Sandoval Castañeda para enriquecerse junto con su círculo cercano de familiares y amigos.
Como parte de la información publicada en EL UNIVERSAL, está el posible desvío de recursos públicos federales destinados al campo.
Se trata de 3 mil cabezas de ganado importadas de Nueva Zelanda por el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, que fueron trianguladas para ser llevadas a Nayarit y de ahí a otros estados como Jalisco, Querétaro y Colima, aunque la información indica que Roberto Sandoval habría adquirido un rancho en Coahuila, al que también enviaban las cabezas de ganado. Eso incluye la compra-venta de caballos por parte del ex gobernador.
Las pruebas que entregó la Comisión de la Verdad señalan que el rancho La Cantera, en Nayarit, se utilizaba para la crianza de caballos finos. Esos datos de prueba fueron entregados a la PGR para ser integrados a la carpeta de investigación FED/NAY/TEP/0000161/2017.
Roberto Sandoval aseguró que antes de terminar su mandato (18 de septiembre de 2017) haría públicos los bienes que posee, aunque hasta el momento no se sabe de su patrimonio, ya que nunca dio a conocer si tenía ranchos, caballos y demás propiedades.
Reformó leyes a modo
Hacia la mitad de su sexenio, Roberto Sandoval comenzó a tejer, a través de la imposición de funcionarios, una red de protección que trascendería su administración y realizó reformas a las leyes para garantizar una salida sin problemas del gobierno de la entidad. Hoy, el Congreso del estado busca desmantelar parte de esa red, destituyendo a algunos funcionarios o iniciando juicios políticos contra otros.
En agosto de 2017, al instaurarse la actual Legislatura, el presidente del Congreso local, el panista Leopoldo Domínguez, habló —aún sin nombrarlos— del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del estado, Raymundo García Chávez, y del auditor superior, Roy Rubio (removido por el Congreso en octubre), cuyos nombramientos, dijo, debían revisarse, puesto que ambos fueron premiados por el ex gobernador con patentes de notarios y nombrados de forma presuntamente irregular.
Con esta estrategia, Sandoval buscaba atar de manos a su sucesor y a la nueva Legislatura, como quedó demostrado con la reforma constitucional aprobada el 20 de junio de 2017, días después de perder la elección, la cual impide al Congreso iniciar acciones penales en contra del ex gobernador.
A partir de 2012, Roberto Sandoval promovió una serie de reformas con efectos transexenales para incrustar a integrantes de su gabinete o a personas cercanas a él, en diversos organismos y en los otros Poderes del estado.
Aunado a ello, impulsó una reforma a la Constitución de Nayarit para crear la Fiscalía General y sustituir la Procuraduría General de Justicia, con lo que dio independencia plena al fiscal, que además duraría en el cargo hasta 2020, con posibilidad de reelegirse por un periodo de siete años más.
Pero para lograr que el puesto lo ocupara su compadre, Édgar Veytia, hoy preso en Estados Unidos acusado de tráfico de drogas, se modificó el artículo 94 de la Constitución para que al nuevo fiscal sólo se le pidiera contar con título de abogado, sin importar la antigüedad de éste, cuando para ser procurador se requería que el título del encargado de la dependencia tuviera al menos 10 años de haberse expedido.
Ese artículo se ha vuelto a modificar para quedar como estaba originalmente.
En 2013, el ex gobernador impulsó reformas para ampliar el periodo legal del auditor del estado, de cuatro a ocho años con oportunidad de ser ratificado por un periodo más. Al hacerlo, removió del puesto a Salvador Íñiguez Castillo, quien no había concluido su periodo y promovió a quien fue su contralor estatal, Roy Rubio.
Para ello se modificó el artículo 121 de la Constitución, para evitar el requisito de tener que haber renunciado al cargo de secretario de estado con al menos un año de anticipación.
Sandoval también concretó reformas en la Ley de Transparencia para designar a los tres integrantes del órgano por un periodo que sobrepasa su administración por dos años.
A petición del entonces fiscal, Édgar Veytia, en abril de 2014 se logró modificar la Constitución para aumentar de uno a cuatro años el periodo del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
En diciembre de 2016, Sandoval aprovechó su mayoría en el Congreso estatal para imponer por 10 años a tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, entre ellos a Raymundo García Chávez, a quien en enero de ese año había otorgado una patente de notario en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas.
García Chávez es señalado como su principal prestanombres en una de las denuncias que dieron lugar al juicio político contra el ex mandatario.