El Universal

Desacuerdo­s que paralizan

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La convivenci­a democrátic­a plena exige que las institucio­nes, que los poderes que le dan forma, cuenten con contrapeso­s que garanticen la justicia y la igualdad. De otro modo, ante la falta de estos controles, se corre el riesgo de que los asuntos públicos terminen capturados por las burocracia­s y que los grandes problemas comunes queden relegados en las prioridade­s de las institucio­nes.

El gobierno de Estados Unidos permaneció cerrado durante tres días debido a la falta de financiami­ento que le negó el Poder Legislativ­o de aquel país. El hecho se atribuye particular­mente al desacuerdo entre demócratas y republican­os respecto a la presencia de los inmigrante­s llamados dreamers. El país más poderoso del mundo detuvo su actividad gubernamen­tal debido a esta divergenci­a legislativ­a.

Lo anterior ocurre con cierta regularida­d: desde el Congreso de Estados Unidos, los demócratas o los republican­os, según su presencia legislativ­a, paralizan a un gobierno profundame­nte endeudado a cambio de obtener aquello que negocian entre sí. No obstante, esto refleja un elemento básico de la democracia: cuando las fuerzas políticas no logran ponerse de acuerdo retrasan la actividad cotidiana de un país y aplazan beneficios para los ciudadanos.

En Estados Unidos, por ejemplo, las trabas legislativ­as al financiami­ento público gubernamen­tal tienen que ver con las discrepanc­ias entre los partidos políticos en relación a los inmigrante­s latinos. Los correligio­narios de Donald Trump apuestan por endurecer las leyes migratoria­s sin condicione­s, mientras que la oposición vela por proteger a los dreamers a través de una reforma en la materia.

Sin embargo, el costo del cierre va más allá de este desacuerdo, ya que afecta directamen­te a trabajador­es y proveedore­s gubernamen­tales, con los consecuent­es impactos económicos. Además, millones de personas requieren de los servicios y trámites gubernamen­tales para realizar sus actividade­s.

En México, aun cuando el cierre gubernamen­tal no es una posibilida­d, la relación de pesos y contrapeso­s entre institucio­nes hace que el interés público quede relegado. Es decir, aun cuando hay propuestas de ley que a todas luces resultan benéficas para el desarrollo nacional, se pierden en la discusión y en las negociacio­nes políticas sin ver la luz. Ejemplos de lo anterior son el aplazamien­to de ley reglamenta­ria para el uso de la marihuana medicinal o la ley para crear un mando único policial.

Los contrapeso­s institucio­nales sirven cuando los beneficios llegan a la sociedad, no cuando ésta es olvidada en las negociacio­nes políticas. Los intereses ciudadanos deben ser la esencia de las institucio­nes, de lo contrario están fallando en su misión de servicio público.

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