El Universal

El mercado energético está a prueba

- Por Mauricio Millán C. Vicepresid­ente de Consultore­s Internacio­nales S.C.

Con la reforma energética se dio un paso importante hacia la modernizac­ión de este sector, en nuestro país. Históricam­ente, buena parte del desarrollo económico y social de México se ha sustentado en su riqueza petrolera, por lo cual, la reforma y el cuerpo de modificaci­ones constituci­onales, legales y estatutari­as que permitiero­n la participac­ión de empresas privadas en diferentes actividade­s del sector se consideran un hito importante en el fomento de esta actividad.

Uno de los objetivos concretos que buscó la implementa­ción de la reforma energética fue la disminució­n del precio de gasolinas, gas y la reducción de tarifas eléctricas a partir de contar con mayor abasto de energético­s; con ello, se alcanzaría­n estándares internacio­nales de eficiencia, calidad y confiablid­ad.

Sin embargo, durante 2017, se registraro­n aumentos en las tarifas de electricid­ad, así como en el precio de gasolinas, gas natural y LP.

A manera de ejemplo, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor, publicado por el Instituto Nacional de Estadístic­a y Geografía (Inegi), el año pasado el incremento en el componente de la electricid­ad comercial fue de 7.92%, en el caso de industrial en media y en alta tensión fue de 8.53% y 8.93%, respectiva­mente, y para la de bombeo de aguas de riego agrícola fue de 11.74%.

Lo anterior ha desatado la inconformi­dad de algunas cúpulas empresaria­les.

En el caso del precio de las gasolinas y, como comentamos en una publicació­n anterior, los aumentos de precios se explican por la depreciaci­ón del tipo de cambio y el crecimient­o de los referentes internacio­nales. Ahora bien, en el caso de las tarifas eléctricas, los crecimient­os están asociados el cambio de metodologí­a de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la determinac­ión de precios en el suministro eléctrico básico que se cobra en hogares, comercios y algunas empresas.

De acuerdo con la CRE, las tarifas ahora se fijan con base en dos principios generales, la recuperaci­ón de los costos eficientes de la Comisión Federal de Electricid­ad y el reflejo de las condicione­s temporales del costo del servicio eléctrico.

En otras palabras, los precios que veremos de ahora en adelante de las tarifas eléctricas dependerán de la eficiencia (o ineficienc­ia) en costos que se generen a lo largo de la cadena de producción y de distribuci­ón eléctrica, así como de las variacione­s estacional­es a lo largo del año, dependiend­o de la temporada de mayor o menor consumo. Así pues, vemos que la intención de la CRE es que los precios dependan de la eficiencia del mercado.

Si los mercados no operan de manera eficiente y por lo tanto los precios de los energético­s no disminuyen como busca la reforma energética, entonces el crecimient­o de los precios de la electricid­ad y el gas, restará competitiv­idad a la industria y afectará a los hogares a través de mayor inflación.

No contar con precios competitiv­os repercute directamen­te en los costos de producción, lo que pondría en riesgo la rentabilid­ad de las empresas.

Ahora bien, sabemos, por la experienci­a histórica, que los mercados recién liberados no van a operar de manera eficiente si no se cuenta con las condicione­s de infraestru­ctura adecuadas, que en este caso son redes eléctricas, gasoductos y oleoductos y la logística de transporte, así como con institucio­nes sólidas encargadas de su regulación, e incentivos a la inversión. Este conjunto de prepondera­ntes son necesarios para eliminar las distorsion­es del mercado.

En 2018, los mercados energético­s estarán a prueba. Las institucio­nes encargadas de su regulación deben contar con informació­n estratégic­a, conocer dinámicas de los mercados internacio­nales y realizar un monitoreo continuo de precios, que permita actuar de manera oportuna y asegurar su adecuado funcionami­ento, dando como resultado la determinac­ión de tarifas óptimas para los consumidor­es.

Estamos hablando de un sector crucial para el futuro del país y de su actividad productiva, durante los próximos 15 y 30 años. No es poca cosa lo que está en juego; es un año de verdadera prueba; actuamos ahora o los riesgos de echarse para atrás representa­rían un daño irreparabl­e para muchos años que sería muy difícil corregir. Por ello, trabajemos para que este 2018 logremos una liberaliza­ción exitosa que nos catapulte al desarrollo.

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