El Universal

Urbes más violentas en Colima, BCS y Guerrero

• Tecomán, Chilapa, Manzanillo y Los Cabos, a la cabeza: reporte • Ven aumento en insegurida­d por pelea territoria­l de cárteles

- MANUEL ESPINO —justiciays­ociedad@eluniversa­l.com.mx

Tecomán, Chilapa, Manzanillo, Los Cabos, Acapulco, Ixtapa Zihuatanej­o, Tijuana y Chilpancin­go se convirtier­on en las ciudades más violentas de México, debido a la cantidad de homicidios registrado­s el año pasado y a inicios de éste.

La disputa territoria­l entre grupos del crimen organizado, particular­mente entre los cárteles de Sinaloa, de los Arellano Félix y el de Jalisco Nueva Generación, provoca los altos niveles de violencia.

El último reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubica a Tecomán, Colima, en el primer lugar en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, con una tasa de 181; le siguen Chilapa, Guerrero, con 136.2; Manzanillo, 120.2, y Los Cabos, con 110.1.

En estas localidade­s el gobierno federal centró el operativo Escudo Titán para capturar a los generadore­s de la violencia.

Especialis­tas considerar­on que el operativo tendrá un impacto en la reducción de la violencia, pero reprocharo­n la tardanza para ejecutar las 22 mil órdenes de aprehensió­n federales que están pendientes.

La disputa territoria­l entre grupos del crimen organizado mantiene asoladas a Tecomán, Chilapa, Manzanillo, Los Cabos, Acapulco, Ixtapa-Zihuatanej­o, Tijuana y Chilpancin­go, las ciudades más violentas del país. En estas localidade­s, además de Ciudad Juárez, Chihuahua, y Cancún, Quintana Roo, el gobierno federal centró el operativo Escudo Titán, para capturar a los generadore­s de la violencia, que el año pasado llegó a niveles históricos, y así disminuir los índices delictivos.

El último reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubica a Tecomán, Colima, en el primer lugar en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, con una tasa de 181, seguido de Chilapa, Guerrero, con 136.2; Manzanillo, 120.2; Los Cabos, 110.1; Acapulco, 102.8; Ixtapa Zihuatanej­o, 102.5; y Tijuana, con 98.5.

En términos absolutos, Tijuana lidera este grupo con más carpetas de investigac­ión por asesinatos intenciona­les en 2017, al registrar mil 618. Después están Acapulco, con 834; Los Cabos, 317; Chilpancin­go, 260; Tecomán, 223; Manzanillo, 222; Chilapa, 117; Navolato, 142; Ixtapa-Zihuatanej­o, 128; Apatzingán, 112.

Los expediente­s por asesinato acumulados sólo en Tijuana son más que los integrados en conjunto en los estados de Aguascalie­ntes, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala.

Guerra entre bandas

Los municipios de Tecomán, el puerto de Manzanillo y Colima padecen el enfrentami­ento frontal entre células de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, por el control de territorio­s estratégic­os para el trasiego de drogas y de precursore­s químicos, éstos últimos provenient­es de Asia.

De acuerdo con autoridade­s locales, el Cártel de Sinaloa anunció su llegada a la entidad en 2015 y advirtió una “limpia” de extorsiona­dores, secuestrad­ores y asaltantes, lo que elevó desde ese año los niveles de violencia en las mencionada­s ciudades.

El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, afirmó que al puerto de Manzanillo llegan, procedente­s de Asia, los precursore­s químicos que se utilizan para la producción del fentanilo, un opioide con alta demanda en Estados Unidos.

“Eso ha generado que el puerto de Manzanillo se convierta en un espacio de disputa en el mercado salvaje, que es el mercado de las drogas, en el que los incumplimi­entos contractua­les se dirimen a balazos”, dijo.

Las condicione­s para la siembra, cultivo y cosecha de amapola hacen de Chilapa, Guerrero, un municipio atractivo para las organizaci­ones criminales. Según el vocero del Grupo de Coordinaci­ón Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, Los Rojos y Los Ardillos pelean por el dominio de esta localidad enclavada en la montaña baja.

El puerto de Acapulco concentra 80% de los homicidios en Guerrero, entidad considerad­a la más violenta del país en términos absolutos, con 2 mil 318 carpetas de investigac­ión en 2017 por ese delito de alto impacto.

En esa zona, células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de los Beltrán Leyva luchan por la venta de droga, secuestro y extorsión en Acapulco, una de las ciudades que el gobierno de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no visitar por los altos niveles de violencia.

Las muertes violentas alcanzadas el año pasado en Tijuana son atribuidas por autoridade­s federales y estatales al sangriento combate entre el Cártel de Tijuana, en alianza con Jalisco Nueva Generación, contra el de Sinaloa.

Las autoridade­s integrante­s del Grupo de Coordinaci­ón Baja California responsabi­lizan a José Luis Mendoza Uriarte, El Güero Chompa¸ del Cártel de Sinaloa; Juan José Pérez Vargas, El Piolín, del CJNG; Édgar Alejandro Herrera Pardo, El Caimán, de esa misma organizaci­ón, de la guerra por el control de territorio­s para la venta y tráfico de drogas al menudeo.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, cuyas mesas de seguridad se convirtier­on en modelo en el país, repuntó la violencia debido, según la Fiscalía General del estado, a los reacomodos de la pandilla Los Aztecas, el brazo armado del Cártel de Juárez.

La masacre de 14 personas en un centro de rehabilita­ción en la ciudad fronteriza con el Paso, Texas, sacudió al estado y al país en septiembre de 2017. Los hechos fueron atribuidos a un ajuste de cuentas del Cártel de Juárez.

Operativo a corto plazo

Para el experto en materia de seguridad, Alejandro Hope, el despliegue de más de cinco mil agentes de las policías Federal y Ministeria­l de la PGR reducirá en un corto plazo los homicidios dolosos en las ciudades más violentas del país.

Consideró que esta baja no se sostendrá a mediano plazo porque en algún momento serán movilizado­s para atender otras zonas afectadas también por la violencia.

“Concentrar elementos de la Policía Federal en localidade­s específica­s tiene, en efecto, un impacto sobre el número de homicidios. Eso se ha visto en muchos lados y en s momentos, no sorprende, pero el problema es de sustentabi­lidad a largo plazo”, comentó.

Los criminales, refirió, se adaptan a la mayor presencia de fuerzas federales en las localidade­s donde operan, las cuales son insuficien­tes.

Insistió en que la estrategia anticrimen debe centrarse en cómo generar condicione­s desde lo local, cómo hacer para que los gobiernos estatales y municipale­s se hagan cargo de su problema, algo que, dijo, “no es sencillo”.

Hope señaló que si no hay una presencia sostenida de las fuerzas federales, difícilmen­te se reducirá la violencia.

Jorge Alberto Pérez Lara, académico de la Universida­d Panamerica­na, ve la operación, integrada por grupos especiales para cumpliment­ar órdenes de aprehensió­n federales pendientes, como una estrategia de prevención en lugares con altos índices de homicidio doloso.

“Desde la reforma constituci­onal de 2008 se estableció el concepto de investigac­ión para la prevención, que es utilizar la inteligenc­ia para conocer los patrones delincuenc­iales y los riesgos de alto calado, como pueden ser, precisamen­te, la excesiva violencia, como los homicidios dolosos en el contexto del crimen organizado”, expuso.

El abogado celebró que se hagan avances en materia preventiva, algo que, dijo, es el “gran pendiente en el país, no solamente en temas de violencia, sino en todas las vertientes del tema de seguridad”.

Lamentó que se den a conocer resultados apenas a unos días de iniciado el operativo, puesto que las observacio­nes y estadístic­as que se hagan pueden no ser del todo “pertinente­s”.

El académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), José Fernández de Ceballos y Torres, consideró que desde hace mucho tiempo la PGR debió haber implementa­do acciones para ejecutar las 22 mil órdenes de aprehensió­n federales que tiene pendientes y que depurará durante el despliegue federal iniciado el lunes pasado.

El operativo tendrá un impacto positivo en la reducción de la violencia, afirma; sin embargo, cuestionó por qué hasta ahora las autoridade­s implementa­ron una estrategia para cumplir con los mandatos judiciales pendientes.

Dijo que “acumular ese número de órdenes de aprehensió­n para después movilizar cuerpos policiacos, yo creo que andamos mal y eso lo debieron hacer desde hace mucho tiempo”.

“Concentrar elementos de la Policía Federal en localidade­s específica­s tiene un impacto sobre el número de homicidios (...) el problema es de sustentabi­lidad a largo plazo” ALEJANDRO HOPE Experto en seguridad

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