Luis Cárdenas

Sólo en 2017 fueron asesinados 34 políticos, 18 de ellos en Guerrero. Ninguno era famoso; eran, más bien, de relativa importancia en sus regiones, cooptadas por el crimen organizado

“Ignorar la presencia del narco en el proceso electoral, en un país donde operan cárteles influyentes, suena a cerrar los ojos mientras un elefante se pasea por la sala”.

Juan Andrés tenía 24 años; Francisca, 35. El pasado viernes por la mañana viajaban en un Tsuru rojo, sin placas y con el logotipo de una policía comunitaria de Guerrero; iban a una reunión relacionada con la candidatura del PRD para Atlixtac. No llegaron. Los balearon y murieron. Otros cuatro, dos mujeres y dos hombres la libraron apenas.

Ni Juan Andrés ni Francisca son políticos de altos vuelos, no usaban escoltas, no usaban trajes ni relojes caros, no salían en medios ni tenían un cargo importante; eran tropa electoral, quizá por ello, para el INE y Gobernación, no representarán un foco rojo.

Sólo en 2017 fueron asesinados 34 políticos, 18 de ellos en Guerrero. Ninguno de los muertos era famoso; ninguno salía en la tele en el prime time ni se los peleaban para entrevistas; eran, más bien, regidores, alcaldes, alcaldes electos, dirigentes localísimos de sus partidos, de relativa importancia en sus regiones cooptadas por el crimen organizado.

Hace apenas unos días, en una reunión de Lorenzo Córdova y Alfonso Navarrete, del INE y Segob, ambos descartaron “focos rojos” ante la contienda electoral que se vivirá este año. Dijo Navarrete: “En este momento no (hay focos rojos). El propio INE lo ha dicho; fue una de las partes que platiqué con el presidente del INE, si había alguna preocupación específica que en este momento tuviéramos nosotros que tomar en cuenta, y comparte el diagnóstico que tenemos de que no hay ‘focos rojos’ en esa dirección”. Sin embargo, apenas en lo que va de 2018, sin contar a Juan Andrés y a Francisca, seis personas relacionadas con la política regional, en Nayarit, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, el Estado de México y Guerrero, han perdido la vida en hechos violentos, más claro: los han ejecutado.

Para el crimen organizado los puestos más importantes a tener en control son, precisamente, las alcaldías, debido a la injerencia que se tiene en las autoridades locales para permitir desde el tráfico ilegal de lo que sea (droga, armas, combustible robado, trata de personas, mercancía pirata y largo etcétera), hasta la generación y resguardo de casas de seguridad y el dominio de plazas. Puede ser mucho más atractivo inhibir la libre elección en una presidencia municipal que la de un candidato a la Presidencia de la República que les reporta poco o ningún beneficio al negocio.

Para este año, se elegirán más de 2 mil alcaldías en todo el país. Muchas llegan apenas a representar algunas decenas de miles de habitantes, una bicoca para los grandes centros de votación, pero su pequeñez electoral no debería de ser motivo para ignorar los focos rojos que ahí se respiran todos los días desde hace muchos años y, también, desde hace muchas elecciones.

Obviar la presencia del narco en los sufragios de un país donde operan algunos de los cárteles más influyentes del planeta, con un saldo de miles de muertos y desaparecidos, suena a cerrar los ojos frente a un elefante blanco que se pasea por la sala.

El elefante está armado, pero hace poquito ruido ante el escándalo de la casa.

DE COLOFÓN.— Otro pendiente: ayer mataron a dos sacerdotes, de nuevo en Guerrero. ¿Qué dirá el nuevo jerarca católico, Carlos Aguiar Retes, cuando México se ha convertido en el país más violento para el sacerdocio?