El Universal

Indaga Cofece las compras públicas de acero

• Investiga posibles prácticas monopólica­s por parte de empresas que le venden al gobierno mexicano

- IVETTE SALDAÑA —maria.saldana@eluniversa­l.com.mx

Entre las empresas que venden acero al gobierno mexicano podría haber prácticas monopólica­s absolutas, por lo que la Comisión Federal de Competenci­a Económica (Cofece) inició una investigac­ión sobre ocho transaccio­nes del sector público con proveedore­s privados.

La Autoridad Investigad­ora abrió el expediente DE-020-2017, en el que aseguró que “tuvo conocimien­to de hechos que derivaron en la posible realizació­n de conductas de prácticas monopólica­s absolutas” en la adquisició­n de acero por parte del gobierno.

Esta investigac­ión incluye ocho casos y podría tardar aproximada­mente dos años, si se considera que inició en agosto de 2017 y que tardará cuando menos 120 días hábiles, periodo que podrá ampliarse hasta en cuatro ocasiones.

Las compras públicas que realiza el gobierno equivalen a 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, por lo que el impacto se calcularía según el monto de transaccio­nes en donde se encuentre el ilícito.

“De 2013 a la fecha, la Cofece ha indagado en ocho asuntos relacionad­os con posibles conductas de colusión en compras de gobierno”, dijo la dependenci­a.

De acuerdo con la Ley Federal de Competenci­a Económica, las prácticas monopólica­s absolutas son contratos o arreglos entre agentes económicos competidor­es entre sí, para manipular precios, restringir o limitar la oferta o demanda.

Además, podría significar dividir o segmentar los mercados, concertaci­ón o coordinaci­ón de posturas en licitacion­es, así como el intercambi­o de informació­n entre ellos para realizar alguna de las conductas anteriores.

Aunque ya se inició la investigac­ión desde agosto, Cofece no prejuzga sobre la responsabi­lidad de agente económico alguno, porque no se identifica­ron hasta la fecha, en definitiva, violacione­s a la normativid­ad de competenci­a económica.

Se pueden imponer desde multas económicas a las empresas y personas que incurriero­n en la práctica, hasta penas de cárcel.

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