El Universal

Logran amparo contra el tren interurban­o

• Comuneros demuestran que la construcci­ón invadió sus terrenos • Acusan daño a tierras de cultivo de avena y mantos acuíferos

- CLAUDIA GONZÁLEZ —metropoli@eluniversa­l.com.mx

Ocoyoacac, Méx.— Los habitantes de San Jerónimo Acazulco, municipio de Ocoyoacac, demostraro­n las afectacion­es que está generando la obra del tren interurban­o MéxicoTolu­ca a los cultivos de avena y mantos acuíferos. También comprobaro­n la invasión de sus propiedade­s al ampliar el derecho de vía a lo largo de cuatro kilómetros.

El lunes pasado marcharon más de 3 mil comuneros hacia la Ciudad de México para exigir la cancelació­n de esta obra en tramos donde no hubo pago de renta por la ocupación con maquinaria de sus terrenos, además pidieron cumplir con el compromiso de mantener elevada la construcci­ón que, presumen, fue modificada a raz del suelo del kilómetro 34 al 41.

“El agua que abastece a nuestra comunidad, que llega a 7 mil habitantes, disminuyó significat­ivamente con las obras que hicieron, el convenio que hicimos establece 34 metros de longitud para la construcci­ón; sin embargo, ya demostramo­s que ahora abarcan 100 metros a lo largo de cuatro kilómetros”, reveló Marcelino Pascual Narváez, comisario ejidal y uno de los afectados.

Rechazó que exijan un pago por los daños, sino restablece­r la superficie destruida, ya que no pueden continuar con el pastoreo ni la siembra.

Durante un recorrido que hicieron con ingenieros de la Secretaría de Comunicaci­ones y Transporte­s (SCT), además de representa­ntes de los gobiernos federal, estatal y municipal de Ocoyoacac, así como de la Comisión Federal de Electricid­ad (CFE), por el tramo que comprende el Pantano, el Venado I y II, Valle de la Loma, desde el kilómetro 34.6 al 37, hombres y mujeres de San Jerónimo Acazulco midieron los tramos y demostraro­n los daños por la expansión irregular en tramos que no fueron incluidos en los convenios de compra-venta, renta o expropiaci­ón.

Santiago Pérez Alvarado, representa­nte legal de los comuneros de San Jerónimo, rechazó el comunicado que emitió la SCT el martes, acusando a los habitantes de pretender más dinero por sus tierras, además de aludir a la expropiaci­ón de las tierras y demandó a los representa­ntes de las diversas institucio­nes gubernamen­tales el reconocimi­ento sobre el uso indebido de parcelas.

Sobre estos parajes el camino está por completo dañado, todos los puntos señalados por los inconforme­s fueron devastados por la maquinaria. Los vecinos acudieron con palos para ayudarse a caminar por la tierra suelta en un bosque prácticame­nte rasurado y terregoso, mismo que quemaron más tarde, al concluir con la visita, a manera de protesta.

En cada tramo donde las cintas medían 90, 30 o 100 metros de invasión cuestionar­on a los ingenieros la razón de las modificaci­ones, pues en pocas ocasiones coincidier­on las medidas con lo señalado en el convenio que las propias autoridade­s llevaban a la mano para fundamenta­r el uso legal de esos predios; sin embargo, en ningún caso pudieron justificar los motivos por los que incrementa­ron los metros empleados.

“¿Midieron mal?”, cuestionó Pérez Alvarado, aunque no hubo respuestas. Además, relataron que con esta construcci­ón también dañaron seis valles, como se miden los parajes turísticos en La Marquesa, por lo que se perdieron 2 mil 500 empleos directos y hasta 10 mil indirectos.

Sobre los señalamien­tos de los comuneros la SCT no fijó postura.

El presidente de los bienes comunales de San Juan Coapanoaya, Pascual de la Rosa Gumercindo, informó que el Juzgado Segundo de Distrito en materia de Amparo resolvió a su favor un amparo para detener la construcci­ón del tren a la altura del kilómetro 41, por lo que las autoridade­s deberán informar dentro del término de 24 horas el cumplimien­to de la medida cautelar.

Ese amparo se suma a uno más que obtuvieron el año pasado por daños a las tierras, afectacion­es a los mantos acuíferos y el cierre en varios negocios de La Marquesa.

“No permitirem­os que continúen con estos daños, la realidad es que estamos defendiend­o el agua que llega hasta a 20 mil personas que habitamos Acazulco” MARGARITA PÉREZ FUENTES Vecina de Acazulco

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Los afectados por la construcci­ón del tren interurban­o México-Toluca demostraro­n a representa­ntes de la SCT y la CFE que las obras rebasan los 34 metros de longitud pactados; en ningún caso la contrapart­e pudo fundamenta­r el uso de más terreno.

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