Irene Levy
“¿Cómo evitar el mayoriteo en las votaciones del Comité Coordinador en contra de propuestas ciudadanas? Ese es el desafío a vencer para que funcione el SNA”.
La mayoría de las reformas constitucionales de este sexenio tuvieron dos objetivos generales; modificar desde arriba, al menos en el papel, diversas instituciones y esquemas de la actividad económica y política del país (competencia, educación, telecomunicaciones, energía, transparencia, anticorrupción), y lograr la percepción de que el PRI que regresaba a gobernar, después de 2 sexenios panistas, era distinto al régimen de antaño y que tenía la voluntad de hacer cambios estructurales. De las modificaciones a la Constitución, siguió la conformación de las diferentes leyes secundarias que debían detallarlas, por desgracia ahí se desdibujaron muchos de los propósitos originalmente establecidos, y finalmente, aún más importante, ha llegado el reto de la materialización de todo lo legislado, en donde se han tenido errores y aciertos.
Pues bien, una de estas reformas fue la creación, en mayo de 2015, del Sistema Nacional Anticorrupción que nació precedido de escándalos como el de la Casa Blanca y la cancelación de la licitación del tren México-Querétaro. De su mano vinieron, en julio de 2016, cuatro leyes nuevas y la modificación de otras tres, así como la obligación de conformar y consolidar los sistemas anticorrupción en cada una de las entidades federativas, tarea que aún no concluye. A nivel nacional, faltan nombramientos clave: fiscal anticorrupción, auditor superior de la federación y los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) encargados del tema de responsabilidades.
Entender la conformación institucional del SNA no es nada sencillo, somos expertos en diseñar instituciones complejas, pero la lógica del Sistema es una buena idea: crear vasos comunicantes para coordinar las políticas y atribuciones de las diferentes instituciones que hoy lo conforman y que antes se iban por la libre duplicando e ignorando las acciones de los demás, con el incentivo de mantener el statu quo. El objetivo, entonces, es unir esfuerzos agregando el componente ciudadano y a un fiscal especializado.
Así surge el Comité de Participación Ciudadana (CPC); cinco ciudadanos designados por concurso que no se convierten en servidores públicos, que no manejan recursos y que tienen atribuciones tan importantes como la de realizar propuestas sobre la política nacional anticorrupción, pero tan incompletas como su alcance, pues básicamente solo propone, quien toma las decisiones es el Comité Coordinador encabezado por el presidente en turno del CPC e integrado, además, por el Auditor Superior de la Federación, los titulares de la SFP y el Inai, el fiscal anticorrupción, el presidente del TFJA y un representante del Consejo de la Judicatura Federal, así que el enorme reto es ¿cómo hacer para evitar el mayoriteo en las votaciones del Comité en contra de las propuestas ciudadanas? Ese es el desafío institucional indispensable a vencer para que funcione el SNA.
Entonces, o cambiamos los incentivos o encarecemos al Comité sus votos negativos contra las propuestas ciudadanas. La coyuntura actual del cambio de sexenio presenta una oportunidad única para que las designaciones faltantes o cambiantes del Comité enarbolen una verdadera batalla anticorrupción; y para encarecer políticamente aquellos mayoriteos en los que la negociación tampoco haya logrado nada, el CPC debe tener mayor visibilidad mediática y fortalecer su presencia y articulación ciudadana, con academia, con la industria y con instancias internacionales. Urge conocer las propuestas específicas y todos los nombres con los que los candidatos a la Presidencia de México pretenden hacer frente a la corrupción, ahí podremos empezar a medir su compromiso con el tema.