Héctor de Mauleón
¿Dinero para reconstrucción o dinero para las elecciones?
El pasado 15 de febrero, el comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, Ricardo Becerra Lagunes, recibió un oficio firmado por el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, el perredista Leonel Luna Estrada.
En dicha comunicación, Luna enviaba al comisionado un “concentrado de acciones y proyectos” a partir del cual la Secretaría de Finanzas capitalina procedería a aplicar los recursos del Programa de Reconstrucción, luego de los daños a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017. Los recursos mencionados ascienden a 8,700 millones de pesos.
El documento (ALDF/VIIL/CG/0355/2018) provocó la renuncia del comisionado y la del secretario técnico, Carlos Flores. En este, los diputados se arrogaron la facultad de decidir el destino de los recursos. Decidieron que el presupuesto fuera orientado a acciones y proyectos que —declaró luego Becerra— “no tienen relación con el diagnóstico de las necesidades de las personas afectadas por el sismo y el orden de prioridades que la Comisión para la Reconstrucción ha identificado después de más de 150 visitas a los lugares críticos”.
La declaración del ex comisionado es una manera decente de referirse al que podría convertirse en un escandaloso desvío de recursos: dinero dirigido a un limbo de oscuridad y vaguedades, en medio del más arduo proceso electoral que se haya vivido en la ciudad.
La Comisión para la Reconstrucción, integrada por los subcomisionados Katia D’Artigues, Loreta Castro, Mauricio Merino, Fernando Tudela, Humberto Lozano, Sergio Alcocer, Adriana Lobo y Xyoli Pérez, había detectado tres prioridades básicas:
Otorgar certeza jurídica a los 120 mil afectados por el sismo, es decir, entregarles un dictamen oficial que indicara qué pasó exactamente con su inmueble; anular por completo los riesgos que entrañan 130 edificios que serán demolidos y 400 que aún se hallan en “riesgo alto”, y realizar, por último, estudios de suelo que revelen cómo debe realizarse, caso por caso, la reconstrucción. El documento enviado por los diputados pasó por alto, sin embargo, a la Comisión —con todo y sus prioridades.
Dicho “concentrado” pide 480 millones de pesos a las secretarías de Desarrollo Social, Medio Ambiente y Obras y Servicios, así como a la Agencia de Gestión Urbana (120 millones de pesos a cada dependencia), bajo el rubro “Servicios Personales”: es decir, 480 millones para contratar personal que pueda realizar “actividadesyaccionesespecíficasparalareconstrucción de la ciudad” (Capítulo 1000).
Exige también a Desarrollo Social otros 576 millones para el “mejoramiento integral de las condiciones y calidad de vida de afectados por el sismo” (Capítulo 4000, Partida 4412).
Solicita, además, a esta misma Secretaría, otros 364 millones para un “Plan de atención integral de seguimiento y evaluación de las personas afectadas por el sismo” (Capítulo 4000, Partida 4412).
A la Agencia de Gestión Urbana se le ordena aportar 700 millones para la “rehabilitación de inmuebles en las delegaciones Cuauhtémoc, Tlalpan, Coyoacán, Benito Juárez y Gustavo A. Madero” (ni en ese apartado, ni en el resto del “concentrado”, se contempla la remodelación de inmuebles en alguna de las delegaciones que también resultaron afectadas por el terremoto: Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco).
El documento ordena la entrega de otros 9 millones para la contratación de “personal de apoyo para seguimiento a la reconstrucción”. A Obras y Servicios le solicita 245 millones para “reforzar estructuras en la Unidad Habitacional Tlalpan” (ninguna de las otras unidades afectadas en esa demarcación están incluidas), y entre otras cosas, ordena a la Agencia de Gestión Urbana la entrega de 987 millones adiciopara “reencarpetado, bacheo de vialidades, banquetas, guarniciones, señalización, alumbrado y recuperación de espacios públicos”.
A la “verificación de los inmuebles” en la ciudad destina, en cambio, solo 55 millones de pesos, así como otro millón y medio como “apoyo a becarios para la verificación de inmuebles y asistencia técnica”.
En su carta de renuncia, Becerra afirmó que frente a las “prioridades” establecidas por Luna, Toledo y Romero, la Comisión “resulta ya superflua”. En unas horas se dieron también las renuncias de los subcomisionados D’Artigues y Merino.
La pregunta que queda en el ambiente es: ¿dinero para la reconstrucción o dinero para las elecciones?