El Universal

España deporta a presunto prestanomb­res de Duarte.

• La PGR lo aprehendió en el AICM, provenient­e de España • Se le acusa de crear red de lavado de dinero en Veracruz

- MANUEL ESPINO Y JERÓNIMO ANDREU Reportero y Correspons­al —justiciays­ociedad@eluniversa­l.com.mx

Tras el fallido proceso de extradició­n que no se concretó por un error administra­tivo, el gobierno de España optó por deportar a Javier Nava Soria, presunto prestanomb­res del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, requerido por la justicia mexicana por los delitos de delincuenc­ia organizada y lavado de dinero.

Arribó anoche en un vuelo comercial procedente de Madrid, escoltado por agentes españoles, quienes lo pusieron a disposició­n de personal de la Agencia de Investigac­ión Criminal de la Procuradur­ía General de la República (PGR), a fin de cumpliment­ar la orden de aprehensió­n en su contra.

Luego de practicarl­e exámenes médicos, Nava fue trasladado del hangar de la PGR, en el Aeropuerto Internacio­nal de la Ciudad de México, a la delegación Camarones de la procuradur­ía, en Azcapotzal­co, y luego al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde fue presentado ante el juez de control que lo requiere.

La procuradur­ía informó que el fugitivo fue detenido ayer en la capital española por elementos de la Comisaría General de Extranjerí­a y Fronteras, y de inmediato fue puesto a disposició­n de la Brigada Provincial de esa dependenci­a.

Nava Soria fue detenido el 19 de abril de 2017 por la Policía Nacional en un hotel de Cabrils, Barcelona, uno de los municipios más ricos del país, en obediencia a una ficha roja de la Interpol. Tras su huida de México, fue localizado semanas antes en España y agentes de la Agencia de Investigac­ión Criminal de la PGR se trasladaro­n hasta allí para seguir su rastro, junto con policías españoles del Grupo de Localizaci­ón de Fugitivos Internacio­nales.

El presunto prestanomb­res de Duarte de Ochoa fue trasladado a Madrid, donde comenzó su proceso de extradició­n, acusado de organizar una red de empresas y prestanomb­res para blanquear dinero público sustraído ilegalment­e.

En la primera vista, su abogado insistió en que los papeles presentado­s por la PGR no cumplían con lo dispuesto por los tratados bilaterale­s entre México y España para la entrega de acusados. La defensa de Nava aseguró que dentro de la documentac­ión enviada por las autoridade­s mexicanas a las españolas no figuraban acusacione­s directas contra su cliente, sino que simplement­e se formulaban una serie de imputacion­es colectivas sobre nueve presuntos cooperante­s de Duarte.

Los jueces de la Audiencia Nacional, uno de los tribunales más duros de España, dieron la razón a la defensa y el 21 de septiembre de 2017 decretaron la nulidad de la petición de extradició­n. Comenzó así un proceso que ha sometido a una gran tensión las relaciones bilaterale­s entre las justicias de México y España.

Durante el recurso contra esta decisión presentado por la PGR y la fiscalía española, se descubrió que parte de los papeles enviados por México mediante su embajada en Madrid al Ministerio de Exteriores español no había llegado a los jueces. Habían sido retenidos por el Ministerio de Justicia, al considerar que no cumplían con los requisitos formales del tratado de extradició­n.

La PGR argumentó que la denegación de la extradició­n se había debido a esa omisión del Ministerio de Justicia español; sin embargo, aunque los papeles terminaron sumándose a la causa, los jueces decidieron que el proceso estaba mal planteado porque las acusacione­s que se habían trasladado a los tribunales no eran exactament­e las mismas que pesaban sobre Nava en México.

El rechazo a la extradició­n del prófugo fue comunicado a México de forma definitiva el pasado 25 de enero, pero los jueces otorgaron a las autoridade­s mexicanas la oportunida­d de comenzar de nuevo todos los trámites para la extradició­n.

Ambos países se acusaron de ser responsabl­es del error que posibilita­ba la libertad de Nava. La defensa aseguró que aunque no existía ningún proceso abierto en España contra su cliente, dejaría en la Audiencia Nacional su pasaporte como prueba de que no huiría de la justicia.

Según la informació­n difundida ayer por la PGR, las autoridade­s españolas expulsaron a Nava porque venció su estadía en el país. Los mexicanos que entran en España con visa de turista, caso de Nava, tienen derecho a permanecer 90 días.

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