Espionaje, otra desviación del poder
Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia de la República, denunció ser objeto de espionaje, persecución y acoso durante sus mítines, traslados y recorridos proselitistas. En las redes sociales difundió inclusive imágenes donde se le ve confrontando o dialogando directamente con una persona que, a bordo de una camioneta, expresa ser integrante del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y estar ocupado en darle “seguimiento” a sus eventos.
Otro candidato, Andrés Manuel López Obrador, expresó también, hace algún tiempo, su queja respecto de las actividades del C is en ya firmó que, de triunfar en las elecciones, desaparecería al centro encargado de realizar tareas de seguridad nacional, hoy metido, por lo visto, en dudosas acciones como espía de candidatos.
Por su parte, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, en conferencia de prensa, intentó justificar el “seguimiento” bajo la explicación de que éste es producto de acuerdos adoptados en una reunión del Grupo de Coordinación (sic) y parte de un protocolo para garantizar la “seguridad perimetral” (sic) de los entonces precandidatos, todo con el conocimiento de ellos. El equipo de Anaya desmintió rotundamente esta información.
Aun si el titular de Gobernación insiste en que estas acciones del Cisen son adecuadas al marco constitucional y a la Ley de Seguridad Nacional, hay hechos públicos que requieren también una detallada y clara explicación, entre éstos, la inmediata suspensión del subdelegado de dicho organismo en Veracruz, decisión extraña y contradictoria si la actuación de ese servidor del Cisen fue apegada a Derecho, como lo asegura el secretario.
Vale la pena recordar que el gobierno ha sido fuertemente criticado en el pasado por activistas de Derechos Humanos a causa de las supuestas actividades de espionaje a través del software Pegasus.
Por ello analicemos y recordemos cuál es el marco jurídico que regula la Seguridad Nacional y en concreto las actividades del Cisen:
Por lo que a Seguridad Nacional se refiere, las políticas para su protección y preservación corresponden al Presidente de la República, principalmente por medio del Secretario de Gobernación. La Segob, mediante el Cisen, realiza las labores de inteligencia necesarias para coadyuvar a la seguridad nacional. Su fundamento jurídico le otorga el carácter de organismo administrativo desconcentrado dependiente de la Segob.
Lo anterior lo establece el artículo 71 del Reglamento Interno de dicha Secretaría. El Cisen es a su vez un auxiliar del Ministerio Público y requiere de autorización judicial para intervenir comunicaciones, por tanto es un organismo de inteligencia nacional. La seguridad nacional se integra por las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la estabilidad, seguridad y permanencia del Estado mexicano.
El orden constitucional, la democracia y la preservación de las garantías individuales son entonces parte de su función, por lo que la producción de inteligencia se debe realizar sin afectar las garantías individuales y los derechos humanos.
¿Son las precampañas de oposición una amenaza para la seguridad nacional?
Todo parece indicar que el incidente que denuncia Ricardo Anaya se inscribe en labores de espionaje, acoso y seguimiento contra un precandidato, por más que las precampañas son —sin duda— ejercicios de libertades que no ponen en riesgo la seguridad nacional. El caso es que estos “seguimientos” hechos en nombre de la “seguridad perimetral” violentan la Constitución al revelarse como tareas de hostigamiento propias de países no democráticos.
El Cisen debería abocarse a temas de análisis e inteligencia sobre narcotráfico, terrorismo, migración, impactos del TLC y otras variables de la seguridad nacional en lugar de espiar a candidatos opositores.
Los “seguimientos” del Cisen a los precandidatos violentan la Constitución al revelarse como tareas de hostigamiento