Envuelve polémica a naviera ligada a Roberto Borge
• Abogado de la familia del ex mandatario, entre los fundadores de Barcos Caribe
Cancún.— Desde su origen en 2015, la naviera Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe, razón social de Barcos Caribe —vinculada al ex gobernador Roberto Borge— y una de cuyas embarcaciones registró una explosión con saldo de 26 heridos el pasado miércoles, se vio inmersa en polémicas.
Propietarios de otros barcos cuestionaban su nacimiento, sus vínculos con la familia Borge, así como el origen del dinero que sirvió para comprar la flotilla de cinco embarcaciones para operar en el estado.
La empresa fue constituida el 22 de junio de 2012 por César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia del entonces gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, y por Franco González Patrón, pariente del senador Félix González Canto.
En febrero de 2015, cuando inició operaciones para brindar el cruce de Playa del Carmen-Cozumel, el entonces coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Guillermo Ruiz de Teresa, dijo que la ruta nacía a solicitud de Borge Angulo, para aumentar las opciones de residentes y turistas para el cruce marítimo.
Desde entonces, la naviera contó con respaldo gubernamental para publicitarse en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y en periódicos locales, con pautas y horarios preferenciales. El tema llegó a provocar quejas abiertas de otras compañías, como Ultramar, que años después reprochaban el estar “compitiendo con el gobierno”.
En este sentido, el 26 de septiembre de 2016, la organización Somos Tus Ojos presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Borge Angulo, por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, con relación a la creación de dos sociedades a través de presuntos prestanombres, una de ellas, de carácter inmobiliario —Caracol 69— y otra, la naviera Barcos Caribe.
De acuerdo con dicha denuncia, la agrupación indicó que la naviera compró a Kilimanjaro Fast Ferries LTD un par de embarcacio- nes por 4 millones 900 mil dólares y una tercera, por 3 millones 500 mil dólares.
Durante el primer trimestre de 2017 se informó que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) inició investigaciones respecto a la adquisición de esas tres embarcaciones y de dos más. Las indagatorias se debieron a una denuncia que reportaba al SAT que la empresa había ocultado la operación de compraventa, que en total ascendía a casi 300 millones de pesos, según un paquete de contratos y registros de transferencias bancarias.