Lo absurdo de las intercampañas

Resulta por demás inexplicable la decisión de la autoridad electoral de prohibir los debates entre candidatos en esto que se ha dado en llamar intercampañas. Si ya de por sí, resulta difícil de entender que la legislación electoral abra un periodo tan grande —más de seis semanas— entre el último día de las precampañas y el primer día de las campañas electorales formales, impedir que se abran espacios de discusión de ideas y propuestas entre quienes aspiran a conducir los destinos de nuestra Nación, no apunta en la dirección correcta. En un proceso electoral tan complejo y con tantas particularidades como el que estamos viviendo, lo que debería hacer la autoridad electoral, es justamente lo contrario: abrir espacios de discusión que ayuden a los ciudadanos a tomar la mejor decisión. Lo que está en juego no es poca cosa, se trata del futuro del país.

La elección presidencial —y, también muchas de las elecciones locales— se van a desarrollar en un contexto que se vislumbra difícil y altamente competitivo. Estará a prueba no sólo la fortaleza de nuestras instituciones y de nuestra democracia, sino también y más importante, qué es lo que representan los partidos y qué es lo que debemos esperar de los candidatos. En democracia, los ciudadanos deben de contar con todos los elementos para emitir un voto razonado y responsable. Sólo cuando los ciudadanos cuentan con información sobre las posiciones sostenidas por los candidatos frente a problemas sociales específicos, el voto se vuelve eficaz para exigir cuentas y responsabilizar por sus conductas a quienes han sido elegidos para tomar las decisiones por cuenta de los ciudadanos. Esa debe de ser la utilidad de las intercampañas, no aprovecharlas resulta un desperdicio de tiempo y de recursos.

Nuestra transición ala democracia, independientemente de que se vea como un proceso en curso o ya concluido, no ha sido resultado de una ruptura violenta del orden establecido. Por el contrario, la vieja estructura jurídico-política ha sido paulatinamente transformada a través de una serie de pactos políticos concatenados entre sí para dar paso a un régimen pluralista estable. Cada uno de estos pactos ha traído consigo reformas electorales que modificaron las condiciones políticas del país. La reforma que introdujo a la legislación el tema de las intercampañas, lo que buscaba era abrir un espacio para la reflexión, nunca un espacio para el silencio. Suponiendo que la legislación electoral no fuera clara —como pudiera ser el caso— en lo que se puede y lo que no se puede hacer en intercampaña, considero que es deber de la autoridad electoral resolver lo que sea mejor para los ciudadanos y para fortalecer la democracia; sinceramente, no creo que lo mejor sea prohibir el debate, se debe corregir el error.

Una democracia en consolidación, como la nuestra, requiere de espacios de deliberación. Uno de los grandes retos que enfrentamos consiste en saber procesar nuestra pluralidad, en hacerla operativa. Se está cometiendo un grave error al prohibir durante el largo periodo de las intercampañas los debates entre candidatos. En los días que estamos viviendo, perdemos una gran oportunidad de oxigenar el ambiente e incentivar a los candidatos a distinguirse entre sí, a buscar el poder por las vías democráticas, a transparentar sus intenciones y propuestas. En democracia, la competencia debe de ser inducida desde las instituciones y alentada por los actores sociales. La sociedad entera tiene la responsabilidad de pensar nuestro país más allá del próximo y de cualquier proceso electoral, lo que está en juego es el futuro de nuestro México y lo que le espera a las próximas generaciones.

Lo que debería hacer la autoridad electoral es justo lo contrario: abrir espacios de discusión que ayuden a los ciudadanos a tomar la mejor decisión