Salvador García Soto El santo niño mártir Ricardito Anaya

La Procuraduría General de la República, utilizada como brazo político ejecutor del régimen, está a punto de hacer el “milagro” de convertir a un político investigado por presunto “lavado de dinero” con operaciones inmobiliarias, en un candidato opositor perseguido y acosado por el aparato oficial, que está a nada de volverse una “víctima” de un gobierno autoritario que politiza la justicia para atacar a sus opositores y hasta en un posible “mártir de la democracia”.

Porque eso es lo único que hasta ahora han logrado la PGR y el presidente Peña Nieto, con su flamante secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, y su encargado de despacho de la procuraduría, Alberto Elías Beltrán, convertidos en “perros de reserva”, cuya misión es cazar y destrozar al aspirante que ocupa el segundo lugar en las encuestas presidenciales y que, por alguna razón aún no conocida, pasó de ser un amigo opositor, protegido, promovido y financiado por Los Pinos y por el influyente secretario Luis Videgaray, a convertirse en el aparente “enemigo número 1” del actual gobierno, sobre el que pesa la consigna directa del Presidente de acabar con el joven político, al que consideran un “traidor y mentiroso”.

¿Cuáles son las razones detrás de ese cambio radical y esa obsesión por destruir a Ricardo Anaya y descarrilar su candidatura? Es casi seguro que se trata de una “ruptura en las élites” políticas del país, por razones que aún habrá que investigar; pero lo que ahora es evidente es que la cacería contra el candidato de la coalición Por México al Frente, es más que una ocurrencia de un subprocurador acomedido, de un secretario de Gobernación fiel a los intereses mexiquenses o incluso de un partido oficial cuyo candidato no logra remontar del tercer lugar en las encuestas a tres meses y medio de haber sido postulado. Esto es una orden directa y específica del presidente Peña Nieto y una consigna obligada que, junto con el componente de víscera presidencial, lleva también una riesgosa y desesperada apuesta de supervivencia para el grupo gobernante y su partido.

¿Por qué Lozoya no y Anaya sí? A estas alturas decir que el gobierno de Peña decidió utilizar a la PGR como un “brazo político” y hacer un “uso faccioso de la justicia” suenan casi a verdad de Perogrullo. El cinismo y lo burdo de la estrategia político-judicial no hacen sino corroborar una práctica que en los 75 años anteriores del PRI-gobierno fue constante y permanente, que continúo y se perfeccionó con los presidentes del PAN, Fox y Calderón, que utilizaron “desafueros”, expedientes judiciales y abusaron de los “testigos protegidos” para golpear, desacreditar y aniquilar a políticos y candidatos de la oposición, y que vuelve ahora abierta y descarada, como muchos otras prácticas y vicios del antiguo régimen restaurados por el peñismo.

Nadie puede entender, porque simplemente no es entendible, que la misma PGR que en tres meses documentó y armó todo un expediente, con testimonios directos, rutas del dinero, transferencias y documentos bancarios, para investigar y acusar al empresario queretano Manuel Barreiro y a través de él al candidato Anaya Cortés, por una operación inmobiliaria de 54 millones de pesos, mientras que en más de un año, desde que surgieron las primeras denuncias y testimonios en las cortes brasileñas, de que el ex director de Pemex, Emlio Lozoya Austin, había recibido un soborno de 10.5 millones de dólares, presuntamente para financiar la campaña del entonces candidato Peña Nieto, a cambio de favores y contratos que después se le otorgaron en la petrolera nacional, esa misma procuraduría no haya podido investigar ni documentar nada de los ilegales sobornos pagados por directivos de Odebrecht a Lozoya Austin.

O por qué tampoco este subprocurador Elías Beltrán, tan presto y solícito para acusar e “invitar” a declarar a un candidato opositor y hasta incluso difundir videos internos de la procuraduría para exhibirlo, no ha podido investigar ni avanzar en las 9 denuncias formales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación por los desvíos y triangulaciones millonarias cometidas por funcionarios de la Sedesol y la Sedatu bajo las gestiones de Rosario Robles y de José Antonio Meade, a pesar de que la misma secretaria Robles ha pedido, una y otra vez, que se concluyan esas investigaciones y se acuse formalmente a quienes fueron responsables de esos pagos a empresas fantasma con recursos del erario federal.

Curiosamente, varios funcionarios federales que afirman haberle pedido o preguntado al actual encargado de la PGR por qué no avanzan las investigaciones o los expedientes en proceso, la respuesta siempre del subprocurador es que “tenemos demasiada carga de trabajo y poco personal”, y debe serlo en una institución tan desorganizada, burocratizada y caótica como es la procuraduría, pero nada de eso ha impedido que en este caso en particular, todo el aparato y el personal necesario, se hayan aplicado a acelerar un proceso como el que involucra al panista Anaya, que parece el único objetivo prioritario de la lerda e ineficiente procuración de justicia, que tardó meses para pedir la extradición de César Duarte, que manda ministerios públicos impreparados y novatos a las audiencias de Javier Duarte, y que se hace la ciega y sorda ante el escándalo mundial de Odebretch o la llamada Estafa Maestra en los programas sociales y de atención a la pobreza.

El martirologio que viene. El gran peligro de una apuesta tan burda como la que hizo Peña Nieto y su partido en el caso Anaya, es que si no tienen las pruebas contundentes y actúan rápido y con solidez en sus acusaciones y procedimientos contra los presuntos delitos del político y candidato de la oposición, cada día que pasa a partir de esta semana que termina, el caso se aleja más de la vía judicial, ya de suyo politizada, y se acerca más al surgimiento de un proceso de martirización y victimización de un político joven y carismático como no deja de ser Ricardo Anaya.

“Sólo matándolo van a poder detener a Ricardo Anaya”, dijo el colmilludo asesor Diego Fernández de Cevallos, el mismo que unos días antes había declarado en radio que si su candidato no era capaz de responder bien a estas acusaciones y quitarse la mancha de corrupción “está perdido”. Es claro que Diego se dio cuenta de que, en la medida que la PGR no actuara y acusara directamente al abanderado del Frente, cada día jugaba a su favor ante una opinión pública que, por más que compre campañas negras y acusaciones de corrupción, siempre tenderá a estar a favor de una víctima del aparato político y judicial. Colocar a Anaya en esa posición victimizante ya empezó a jugar a su favor, pero invocar un atentado como la única forma de evitar su candidatura, lo sube a otro nivel en el que la sociedad mexicana, tan afecta a los mártires y los martirologios, se rendirá del lado de quien pretenda ser martirizado por el gobierno, sobre todo por uno tan impopular y rechazado como es la administración de Peña Nieto.

Es tan evidente lo que va a pasar si no hay una acción rápida y sólida jurídicamente contra Ricardo Anaya que ya empezaron a surgir las teorías e hipótesis de si todo esto no es un “montaje pactado” entre el gobierno de Peña y su antiguo aliado y amigo, ex dirigente del PAN, para posicionar al candidato del Frente, a través de la efectiva martirización, como el único que, a estas alturas, y ante el estancamiento de la campaña del PRI y su candidato, podría pelearle en serio la Presidencia al puntero Andrés Manuel López Obrador. Hay fuentes de muy alto nivel en el priísmo y el gobierno que rechazan ese juego perverso y sostienen que sí hay una enemistad y una molestia declarada del presidente y de su partido para evitar, a toda costa, un posible triunfo de Anaya, a quién le temen incluso más que a López Obrador.

En fin, que más allá de las interpretaciones que cada quien haga de este caso que ya enrarece la disputa electoral por el poder —por cierto ante un extraño silencio del INE y del Tribunal Electoral que ven pasivamente el uso faccioso del aparato de justicia contra un candidato— lo que es un hecho es que las siguientes horas serán claves para saber hacia donde va realmente el caso Anaya y cuál es el verdadero objetivo de la embestida del gobierno de Peña con sus “perros de caza” en contra del candidato de Por México al Frente. Si no hay consignación pronta y muy bien sustentada jurídicamente, lo que habrá es un nuevo “niño mártir” que subirá a los altares del fervor político religioso, con un efecto aún impredecible en esta contienda presidencial.

Porque al final, si esta es una cacería real y presidencial, nada le garantiza a Peña Nieto que al tumbar a Ricardo Anaya, el efecto vaya a beneficiar al rezagado José Antonio Meade para que suba automáticamente al segundo lugar. También puede pasar, como dicen que ya ha empezado a reflejarse en algunos sondeos diarios tracking poll, que de 5 puntos que ha perdido en medio del escándalo Anaya, 3 se van para López Obrador y solo dos para Meade. ¿Y si en vez de cambiar, con toda esta cacería, al segundo lugar terminan por ampliar la ventaja del puntero?

Notas indiscretas… La carta que el periodista Ricardo Rocha le envío ayer a Carmen Aristegui, tras la difusión de una entrevista con Sofía Niño de Rivera y su grave acusación de “acoso” contra Rocha, plantea preguntas totalmente validas ante la débil evidencia que la comediante de stand up presentó del acoso en una entrevista que fue pública y televisada. En ningún momento de la entrevista, grabada en video, se observa una conducta del entrevistador que pudiera sostener una acusación tan delicada como la que hizo Niño de Rivera, quien dijo que el acoso ocurrió justamente durante esa plática televisada que sostuvo con Rocha. El apoyo a cualquier mujer que sufra un caso de agresión o de acoso, más allá de la campaña internacional iniciada desde Hollywwod, es total y necesario para erradicar esa práctica que violenta y denigra a la mujer en sus derechos y su dignidad. Pero de eso a cuestionar y denunciar un caso cuya evidencia en video es tan frágil y endeble, el daño se traslada al supuesto acosador que resulta acosado y atacado también en su imagen pública, su trayectoria como periodista y su incuestionable calidad humana... Los dados giran y mandan Serpiente. Descendemos.

A estas alturas decir que el gobierno de Peña decidió utilizar a la PGR como un “brazo político” y hacer un “uso faccioso de la justicia” suenan casi a verdad de Perogrullo...