Roberto Rock L.
Guerrero: el viejo PRI desafía
Alimentada durante décadas por miseria, abandono, insurgencia social, crimen organizado y corrupción gubernamental, la descomposición pública en Guerrero muestra hoy el peor rostro del PRI, cuyos emisarios están ya dentro de la campaña del abanderado presidencial José Antonio Meade.
El gobernador Héctor Astudillo; René Juárez, coordinador de la circunscripción que incluye al estado, y Armando Soto, operador político del mandatario durante 15 años y recién nombrado responsable de la campaña en la entidad, encarnan un rancio oficialismo. Su preeminencia desafía la oferta de Meade como candidato sin militancia partidista y con credenciales de honestidad.
El estado es cuna de sus propios cárteles: Los Rojos, Guerreros Unidos o Los Ardillos figuran entre los principales productores y abastecedores de amapola y goma de opio en el mundo. Extorsionan a compañías mineras, lo mismo nacionales que extranjeras. Controlan al corredor que conecta la sierra con Acapulco y Lázaro Cárdenas, en Michoacán, por donde corren lo mismo drogas y armas que tráfico de personas. En una de las entidades más pobres del país, el valor de sus negocios está calculado en decenas de miles de millones de dólares anuales.
Por primera vez en medio siglo de actividad guerrillera, órganos de inteligencia han documentado la interacción entre grupos insurgentes armados, algunos con rostro de grupos de autodefensa civil, y las mafias criminales, en un territorio donde no incursionan ni siquiera efectivos militares.
La columna vertebral de ese corredor diseña una media luna desde Acapulco hasta Tlacotepec, y en su trazo incluye a Chilpancingo, Iguala, Chilapa y media docena más de municipios conocidos en la agenda noticiosa por el asesinato de sacerdotes, la masacre de la familia de una monja, la ejecución de candidatos, el secuestro de agentes federales, emboscadas contra operativos de la PGR y otras agencias… todo en el lapso de los últimos meses. En esa región ocurrió el drama de los jóvenes de Ayotzinapa.
En la PGR y la Policía Federal existe exasperación por la pasividad del gobierno de Astudillo, que se cruza de brazos ante todo suceso de violencia. Sus mandos policiales y de la fiscalía estatal son señalados de complicidad con las mafias. La Auditoría Superior del Federación reveló desvíos de fondos públicos por casi 3 mil 500 millones de pesos en su gestión.
El obispo de la diócesis de Chilpancingo, Salvador Rangel, con jurisdicción eclesial en la región descrita, ha declarado que en Guerrero hay dos gobiernos, el oficial “y otro más arriba, los que realmente mandan…”.
El gobernador Astudillo trabaja mucho, pero con otros fines; entre ellos están sus negocios y la imposición de un control caciquil de zonas clave, según extendidas denuncias. Una de sus obsesiones es Chilpancingo, que Astudillo gobernó en dos ocasiones (1996-1998 y 2009-2012).
Al actual alcalde, ex dirigente del PRI en la entidad, Marco Antonio Leyva Mena, lo empujó a pedir una licencia al cargo en octubre pasado. El acoso en su contra ha seguido; buscando sobrevivir, Leyva anunció desde enero al Congreso local que reasumiría su mandato, lo que no le ha sido permitido, y todo indica que se prepara su destitución. El alcalde señaló al gobierno estatal como autor de la conjura y lo ha hecho responsable de un eventual atentado en su contra.
El eje público del conflicto es el manejo de la basura en la capital del estado. La familia de Astudillo ha sido señalada de poseer empresas en este ramo. La nuera del gobernador, la señora Karina Cruz, esposa de su hijo Héctor, aparecería al frente de una de las compañías de la familia.
El alcalde Leyva Mena recurrió al gobierno federal en busca de ayuda para frenar el acoso de Astudillo, lo que lo llevó a la Secretaría de Gobernación. Pero ahí topó con un afín al gobernador, el entonces subsecretario René Juárez, quien habría enviado al edil un mensaje digno de la más moderna visión municipalista: “si el señor gobernador te ordena pedir licencia, hazlo”.
Juárez Cisneros no es un aliado pleno de Astudillo, quien está subordinado a Manuel Añorve, ex alcalde Acapulco y varias veces frustrado aspirante a la gubernatura. La esposa de Añorve, la señora Julieta Fernández, es diputada federal e intentó ser postulada candidata a la alcaldía de Acapulco.
René Juárez fue mandatario del estado (1995-2005) al mismo tiempo que su amigo Arturo Montiel en el Estado de México, donde aquél trabó amistad con Enrique Peña Nieto, entonces miembro del gabinete estatal. Esa amistad le permitió salir del retiro político, ser subsecretario de Gobernación y ahora conducir la campaña de José Antonio Meade en una parte sustantiva del país.
Una hija del señor Juárez, Carmen Juárez Acevedo, es la delegada federal en Querétaro de Sedesol, la dependencia que condujo el propio Meade.
A nadie sorprende en este contexto, que encuestas anticipen que en los comicios de julio, Morena y el PAN arrasarán en Guerrero en la pelea por alcaldías y el Congreso estatales. ¿Podrá el PRI de Astudillo y Juárez garantizar buenas cuentas a la campaña de José Antonio Meade?
La descomposición pública en Guerrero muestra hoy el peor rostro del PRI, cuyos emisarios están ya dentro de la campaña del abanderado presidencial José Antonio Meade