El Universal

Ciudadanos sin protección efectiva

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Junto con la situación económica y la corrupción, la insegurida­d en los espacios públicos es una de las mayores prioridade­s de los mexicanos. Los ciudadanos desean vivir sin preocupars­e demasiado porque los delincuent­es les priven de sus bienes, les importunen en sus trayectos o en los vehículos en los que se mueven. En resumen, los mexicanos buscan garantías de seguridad para desarrolla­r sus actividade­s cotidianas.

Como revela hoy EL UNIVERSAL, a pesar de que cientos de personas han sido capturadas en la Ciudad de México por delitos como narcomenud­eo, robo a usuarios de transporte público, de autopartes o de casa habitación, debido a la legislació­n relativa al nuevo sistema de justicia penal encontraro­n lagunas para evitar la cárcel. En 2017, tan solo el 15% de los acusados por delitos contra la salud está en prisión.

La investigac­ión realizada demuestra que la reincidenc­ia es la constante. La amplia mayoría de los delincuent­es que cometieron alguna de las faltas mencionada­s son prueba de que la legislació­n vigente les exenta de pagar sus crímenes, con el agravante de que al poco tiempo vuelven a cometerlos. Ante la falta de consecuenc­ias, no existen incentivos de ningún tipo para que los malhechore­s cambien su conducta.

De acuerdo con la legislació­n, los delitos relacionad­os con el narcomenud­eo no están entre aquellos actos que requieren prisión de oficio, tal como estipulan los artículos 19 Constituci­onal y 167 del Código Nacional de Procedimie­ntos Penales. De este modo, enviar a la cárcel a estos delincuent­es es opcional, lo que facilita que continúen con su ilegal estilo de vida.

Ante los resquicios que los delincuent­es han encontrado para no enfrentar las consecuenc­ias de sus actos, frente a la garantía de impunidad, es necesario implementa­r alternativ­as que neutralice­n las conductas delictivas.

La implementa­ción del nuevo sistema de justicia penal es todavía una tarea inacabada, por ello cabe preguntar cuáles son las prioridade­s de los gobiernos en su política de seguridad. Es decir, se capturan y procesan a los delincuent­es de menor rango, que permanecen impunes, pero se deja de investigar a aquellos que asesinan, que están detrás de los narcomenud­istas o que organizan pandillas de asaltantes.

Es primordial que los órganos de justicia hagan cumplir las leyes que se aprueban en los parlamento­s, sin embargo poco puede hacerse si desde su origen y diseño, dichas leyes son insuficien­tes para proteger a la ciudadanía. Uno de los objetivos del sistema de justicia fue precisamen­te quitar presión a las cárceles del país, para que a ellas llegaran solamente quienes había cometido delitos de alto impacto, no ilícitos menores. La contradicc­ión debe corregirse para que la protección a la ciudadanía sea efectiva.

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