Anaya, López Obrador y Meade, ¿liberales o controladores de medios?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó, en su sentencia 1359/2015, que el Congreso “proceda a emitir una ley que regule (la publicidad oficial) antes del 30 de abril de 2018”, luego de que desde 2014 han sido omisos en legislar toda la publicidad que compran: el gobierno federal, los estados, los municipios, la Corte, el Congreso y hasta la que contraten los órganos autónomos, como el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros.
Estamos hablando de poner en orden el multimillonario gasto que se hace en espectaculares, libros, folletos, revistas, periódicos, parabuses, radiodifusión, portales de internet, etcétera. Si no lo hace el Congreso, para el próximo 30 de abril, existe una posibilidad real de que la Corte pueda destituir a todos los legisladores federales: a los 500 diputados y a los 128 senadores.
Así, a partir de hoy le queda al Congreso mes y medio de trabajos (descontando Semana Santa), lo que significa unas 13 sesiones, para cumplir el mandato de la Corte.
De hecho, en la ceremonia del “Día de la Lealtad”, el 9 de febrero pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, el priísta Édgar Romo, en tono de broma ingenua, consultó al presidente de la Corte, Luis María Aguilar, si de verdad pensaba destituir a legisladores por incumplir la sentencia de la Corte en el plazo señalado. La respuesta del presidente de la Corte fue tajante: sí lo haría. Se abriría una causa penal y se procedería a la destitución de los presidentes de las Cámaras del Congreso de la Unión (el antes mencionado diputado Romo y el senador Ernesto Cordero) por desacato al fallo judicial, lo que dejó pasmados al diputado y al senador y teniendo al Presidente de la República como testigo.
Luego de ello, tanto el senador Cordero, como el diputado Romo han estado girando recordatorios (excitativas) a sus compañeros para que se pongan a legislar la Ley para la propaganda gubernamental. Mandar estos recordatorios, de manera formal, piensan, puede mitigar el que sean cesados.
Otros legisladores ya empiezan a preocuparse y a presentar iniciativas en la materia con miras a evitar ser, también, destituidos por la Corte. Para esta semana todos los partidos habrán ya presentado iniciativas. La gran duda es si lograrán forjar los consensos para sacar la Ley de propaganda oficial o gubernamental, una Ley que aplicará, ya no para este Presidente de la República, sino para el siguiente; no para los actuales gobernadores y presidentes municipales, sino para los que se elegirán el próximo 1 de julio. Esto pues ya está en curso el actual presupuesto y sería aplicable a los gastos que se hagan para compra de publicidad a partir de 2019.
Es pues, una Ley que se tendría que aprobar ahora, pero estará dirigida a regular la relación del futuro Presidente con todos los medios de comunicación. Y es una Ley que, además curiosamente, tendría que estar lista en el contexto de las campañas presidenciales.
Así, en esta misma semana empezaremos a ver qué piensan los tres principales candidatos presidenciales (Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade), vía los legisladores de sus partidos, de la relación entre el dinero público y los medios de comunicación. Y estamos hablando de enormes cantidades de dinero público. Tan sólo el gobierno federal gasta unos 4 mil millones de pesos al año y se estima que los gobiernos estatales gastan, en conjunto, una cifra similar. De los gobiernos municipales no hay registros consolidados.
Hasta ahora, todos los gobiernos han privilegiado su relación con los medios a partir de su grado de cercanía y apoyo, sin embargo, la Corte ha ordenado legislar al respecto, evitando incluso el riesgo de censura y dictando nuevos criterios para la contratación de cualquier publicidad por parte de cualquier autoridad: eficiencia, eficacia, economía y transparencia.
Con estas reglas, difícilmente un gobernante podría crear sus propias revistas o periódicos y darles recursos públicos. También, se evitaría que se contratara publicidad sin estudiar la cobertura o tiraje real e impacto en audiencias de cualquier medio. Mucho menos, boicotear a algún medio, por ser crítico, si cuenta con buena penetración.
Así que, como se aprecia, si se legisla bien, se acabará buena parte de la discrecionalidad en el gasto público comunicacional. Atarse las manos en este rubro es algo que nadie ha querido hacer. Y si bien en el gobierno federal se han transparentado las contrataciones y puesto éstas en cierto orden vía los Lineamientos de la Secretaría de Gobernación (mismos que, por cierto, son reconocidos por la propia Corte), a nivel estatal y municipal priva la discrecionalidad y el amiguismo.
Me parece difícil que el Congreso logre los acuerdos necesarios en estos momentos electorales tan tensos, por todo lo que se involucra y por la relación que cada candidato quiere construir con los medios. Sobre todo, por el control que el día de mañana quieran tener sobre ellos, pero por otro lado está la amenaza de la Corte de destituir a los legisladores que incumplan.
¿Qué prevalecerá? Los intereses de los presidenciables (y sus legisladores) en dictar en lo futuro sus propias relaciones con los medios o, la Corte en un intento de que el Congreso cumpla con eficiencia una norma pendiente desde hace tres años. Se aceptan apuestas.
Cambiando de tema: *Artículo 19 fue el promovente del Amparo que originó esta resolución histórica de la Corte, pero la semana pasada puso un tuit señalando que debería desaparecer la publicidad oficial para dar lugar a “subsidios” para algunos medios de comunicación. ¿Medios de comunicación “subsidiados”? Los subsidios estatales deberían ser para que los niños puedan ir a la escuela, para que la gente tenga atención médica, para que las zonas marginadas tengan acceso a carreteras y tecnología. Sería más sensato desaparecer toda la publicidad gubernamental y con ello los medios que no pueden vivir con los recursos privados que les brindan sus propias audiencias.
*El Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal organizó un gran encuentro en Mérida al que invitó a medios públicos y privados. No es común ver esa apertura por parte de funcionarios electorales. Sin duda, fue un buen ejercicio para entender el papel que está llamado a jugar cada uno rumbo a las elecciones de 2018.