Hacienda en desacato
Estamos hablando de la doctora en derecho Lilia Cortés González, quien se desempeñaba como directora de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Ingresos de la dependencia, a quien se separó el 18 de noviembre de 2002.
Esta calificó de injusta la recisión dado que su “pecado” había sido el respetar la ley al negarse a transferir a diferentes partidas 540 mil millones de pesos del presupuesto para 2003 aprobado por el Congreso.
El caso es que a contrapelo del amparo promovido por el entonces subdirector de Recursos Humanos, Jaime Loé Rangel, el laudo quedó firme, en paralelo a la expedición de tres acuerdos plenarios en refuerzo de éste. Y sin embargo, la abogada no ha sido restituida en sus funciones.
Peor aún, está documentado el desacato. Este alcanza desde el secretario de Hacienda de entonces, Francisco Gil Díaz, hasta el actual, José Antonio González Anaya.
En la larga batalla por la justicia, Cortés García le dirigió escritos directos en su momento a Luis Videgaray, llegando en otro escenario a solicitar el arraigo de Agustín Carstens al anunciarse su partida al Banco Internacional de Pagos.
La respuesta fue el silencio.
El periplo de la mujer incluye desde amenazas de muerte hasta golpizas secuestros, calumnias y humillaciones.
En la catarata se denunció ante la Procuraduría General de la República al falso abogado por usurpación de funciones, delincuencia organizada de servidores públicos, abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, retención de salarios, violación flagrante de las garantías individuales, derechos humanos, civiles y de género; falsificación de documentos oficiales…
La exigencia incansable de justicia ha llevado a Cortés García a tocar todas las puertas, desde el Congreso hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
De hecho, el caso ha sido denunciado en la tribuna del Senado. Y nada.
Los mil y un escritos han sido remitidos al Presidente de la República y al Secretario de Gobernación en turno desde hace tres sexenios. Las denuncias han caminado desde la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delitos Federales y hasta la fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción.
Si realmente caminan las querellas, lo hacen a paso de tortuga.
En su escrito al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, del 24 de junio de 2014, Lilia Cortés García denunció que a partir de la emisión del laudo a su favor se presentaron situaciones al margen de la ley, ilegales discriminatorias, parciales, humillante y punibles en un marco de corrupción.
No hubo respuesta directa. ¿Alguien habló de mandar al diablo las instituciones?
Tres sexenios de impunidad; uno con declaración de desacato a cuentas.
Balance general. Decidido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a cerrar la cortina del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sin que parezca una decisión autócrata, dada la presión de los productores del campo, el escenario plantea un juego de resistencia. Hasta dónde puedan las contrapartes aguantar el manotazo en la mesa de tres lados.
Centrada la animadversión de la Casa Blanca en Canadá, la andanada de aranceles al acero apunta directo a su causa, como principal exportador del producto hacia el país de las barras y las estrellas, por más que las fintas apuntan a China y Brasil.
A diferencia de México, Estados Unidos se deshizo de la catarata del país de la muralla con su sobreproducción de acero a base de una y otra salvaguardas que lograron equilibrar el precio.
En el caso de México, es evidente la arrogancia con que el representante comercial del país vecino, Robert Lighthizer reprochó el escaso avance la ronda siete, cuyo freno lo representan las exigencias humillantes de la Casa Blanca.
Y la amenaza habla de otras más en la carpeta. La pregunta es hasta dónde podrá estirarse la liga.
Boom de cerveza. Convertido México en el principal exportado de cerveza del planeta, la buena noticia es que aún sin el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se mantendría la tasa cero al ingreso a Estados Unidos, dadas las reglas de la Organización Mundial de Comercio que colocan al país como nación más favorecida.
El año pasado la industria facturó 3 mil 782 millones de dólares en sus ventas fuera de las fronteras, lo que representó un crecimiento de 110% con relación al flujo de 2007. La producción alcanzó 110 millones de hectolitros, un salto de 5% respecto a 2016.
Solamente en diciembre salieron de las plantas 9.2 millones de hectolitros, 6.6% más allá del mismo mes del año anterior. Las ventas al exterior rompieron todas las marcas al llegar a 33 millones de hectolitros, 2.8% más que en 2016.
El flujo a Estados Unidos, 24.8 millones de hectolitros, representó 81.2% de las exportaciones totales.
La balanza comercial fue superavitaria con 3 mil 580 millones de dólares.
Oxígeno a Oro Negro. Los tenedores de bonos de deuda de Oro Negro, firma de plataformas marinas en proceso de concurso mercantil, están exigiendo al juez de la quiebra que le permita operar éstas para proteger el valor de la firma.
Aunque Petróleos Mexicanos orilló a la bancarrota a la firma fundada por Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, al reducirles unilateralmente una y otra vez el monto de arrendamiento pactado, están vigentes un par de contratos que le permitirían flotar.
Quien representa a las bonistas es la firma Miranda Partners, encabezada por el ex director general del Banco suizo USB México, Damián Fraser.
Alianza. Aunque en el comunicado de Pemex se habla de un consorcio privado identificado como SDM como el firmante de una alianza para exploración y producción de hidrocarburos en el Campo Misión, ubicado en Tamaulipas y Nuevo León, en el marco está el Grupo R, de Ramiro Garza Cantú.
El timón lo lleva la empresa Tecpetrol. La inversión privada sería de 632 millones de dólares con la alternativa de generar 103 millones de pies cúbicos de gas natural en 2020.
En la larga lista de juicios laborales en que fungió como apoderado de la Secretaría de Hacienda un funcionario que se ostentaba falsamente como abogado, se ubica una solicitud de amparo con fecha 11 de mayo de 2007 en contra de un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a favor de una funcionaria despedida