Porfirio Muñoz L.
“Insisto en que el papel de las instituciones públicas es clave en 2018. Su función esencial es garantizar la transición democrática y asegurar el cambio institucional del país”.
No hay nada nuevo bajo el sol. Marx el lapidario, dijo que la historia se repite dos veces: primero como tragedia y después como farsa. Se refería a la inercia mental o determinismo histórico que degrada un acontecimiento político si se intenta copiarlo una segunda vez. Ese es hoy el proyecto ramplón declarado en nuestro país por el Partido Revolucionario Institucional para reproducir a nivel nacional la operación que realizó en las elecciones de 2017 en el Estado de México. Estrategia que ese partido quiere replicar hasta en el menor detalle en los comicios federales de 2018. Así lo ha sentenciado cuando menos quince ocasiones el candidato oficial a la Presidencia de la República, J.A. Meade: “hace un año enfrentamos una batalla complicada en el Edomex; ganamos gracias al trabajo del priísmo fuerte y con todo”, y sentenció que ganará “como lo hizo Del Mazo”. A confesión de parte, relevo de prueba.
El régimen actual cree haber encontrado en el modelo mexiquense su tabla de salvación: primero la determinación de que sea una elección de Estado y luego la manipulación estratégica de las otras candidaturas. El factor determinante para construir el fraude en dicha entidad se hizo en dos fases: la canalización y uso de recursos económicos de entes privados —principalmente la constructora OHL— que superaban por mucho los límitespermitidosporlaley;ylatriangulación de recursos públicos documentada por el New York Times —en el tiempo que Meade era secretario de Hacienda— para impulsar a los candidatos del PRI. Los mandatarios involucrados en este grotesco circo responden a los nombre de Duarte, Medina, Yarrington y Borge.
The Huffington Post publicó: “el PRI está fraguando un fraude en 2018 y reprimir la inconformidad con el Ejercito”; precisa la estrategia gubernamental consistente en la triangulación de recursos públicos idéntica a la de 2017 y la utilización del financiamiento ilícito (Odebrecht) para someter a los votantes mediante el dinero. Otro componente del proyecto es hacer jugar a Ricardo Anaya el papel de Josefina Vázquez Mota, a ésta la acusaron de haber malversado recursos recibidos por parte del gobierno federal que ascendían a más de mil millones de pesos, a través de su fundación Juntos Podemos. Esto ocurrió, por cierto, con el consentimiento de Peña Nieto. El aparato del Estado la vapuleó por el concurso de la PGR, ya que se la acusó de la utilización de 17 millones de pesos de empresas indagadas por lavado de dinero. Hacen exactamente lo mismo con el candidato panista a la Presidencia, que independientemente de sus posibles culpas, éstas no fueron indagadas antes del proceso electoral, cuando los expedientes estaban abiertos.
La eliminación de un tercer candidato favorecería una final entre sólo dos polos que los priístas en su última convención llamaron el 50/50, al que apuestan por creer que disponen de las “armas duras” a su favor. Luego prosiguió la fase de impedir cualquier alianza entre las fuerzas de izquierda. Zepeda se convirtió en un factor importante para disminuir la votación de Delfina. En la reedición del modelo, el gobierno favorece abiertamente la aparición de candidatos independientes que le restarían votantes a la izquierda. Margarita Zavala es una excepción, pero podría contribuir a la liquidación del tercer candidato.
En la elección del Edomex, las autoridades electorales tuvieron un papel equívoco. Por una parte el conteo rápido, que es un muestreo selectivo y temprano de la orientación de los sufragios, favorecía extrañamente al PRI, pero cuando se hicieron públicos los datos del PREP era claro que la candidata de Morena iba a la cabeza. No tengo la menor duda de que el INE sabe contar votos y dispone para ello de un inmenso presupuesto. Dudo, sin embargo, de la independencia de los OPLES, influenciados por los gobernadores. Esa es la trampa de la reforma del 2014.
Insisto en que el papel de las instituciones públicas —algunas de las cuales provienen de la transición política— es clave en el escenario de 2018. Su función esencial es garantizar la transición democrática y asegurar el cambio institucional del país. Incluyo al Ejército y a la Marina, cuyo comportamiento ha sido ejemplar y que estoy cierto nunca sucumbirán frente a un populismo de derecha. El último recurso es la movilización de la sociedad.