El Universal

Evitar una crisis en la Riviera Maya

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Luego de que el pasado 21 de febrero se registrara una explosión en un ferry fondeado en el muelle de Playa del Carmen, de la empresa Barcos Caribe —propiedad del padre del ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge Angulo—, en la que resultaron heridas, según informes oficiales, 26 personas; y de que posteriorm­ente, el 1 de marzo, elementos de la Marina Armada de México encontrara­n un artefacto explosivo sin detonar en otra embarcació­n de Barcos Caribe —muy similar en su elaboració­n casera al que sí llegara a estallar en Playa del Carmen—, esta vez en la costa de Cozumel, varias son las líneas de investigac­ión planteadas, sin que hasta ahora se tenga algo concluyent­e. Producto de estos dos hechos se desató una serie de versiones contrarias entre la Secretaría de Comunicaci­ones y Transporte­s, la PGR, la empresa Barcos Caribe y las autoridade­s de Quintana Roo, entre las que se incluye el número de heridos por la detonación, las causas de ésta, la vigencia de los certificad­os de navegación de la empresa naviera y especialme­nte la posibilida­d de que se haya tratado de un autoatenta­do, por razones aún desconocid­as, pero probableme­nte de tipo político, lo que sería coherente con la pugna hoy existente entre dos familias poderosas de aquel estado.

No obstante, lo que ya ha quedado confirmado es que no se trató de ningún accidente, sino de una acción plenamente intenciona­l que, es importante precisar, no ha sido reivindica­da por organizaci­ón criminal o terrorista alguna.

Entre tanto, estos eventos, tras poco más de dos semanas, ya han comenzado a tener serias consecuenc­ias para la industria turística local, como la alerta emitida por el gobierno de EU para que sus ciudadanos no viajen a estos destinos de la Riviera Maya y el cierre de su agencia consular en Playa del Carmen, además de la decisión del gobierno de Canadá de cancelar excursione­s de sus líneas de crucero al mismo destino mexicano.

Por ello es urgente que las autoridade­s competente­s, la PGR principalm­ente, determine, con base en pruebas sólidas, y sin tintes políticos de ningún tipo, quién o quiénes son los responsabl­es de la explosión y de la aparición de otra bomba sin detonar, y qué motivacion­es hubo detrás.

Al permanecer sin esclarecim­iento, justamente porque una multitud de hipótesis podrían explicarlo­s, estos hechos amenazan con sumir en una seria crisis a estos destinos turísticos —los principale­s— de México, a lo que se agrega la crítica situación de los Cabos —recienteme­nte catalogada como una de las ciudades más peligrosas del mundo— y de Acapulco, sumidas en la violencia criminal.

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