PGR desecha denuncia por corrupción a César Duarte
Presuntamente habría adquirido 15% de Banco Unión Progreso con ese dinero PGR, sin elementos para proceder; aún le restan 12 órdenes de aprehensión
La Procuraduría General de la República (PGR) no ejercerá acción penal contra el ex gobernador de Chihuahua, el priísta César Duarte, por los delitos bancario, defraudación fiscal y lavado de dinero, derivados de la denuncia interpuesta en 2014 por el presunto desvío de 65 millones de pesos para adquirir 15% de las acciones de Banco Unión Progreso, que opera en la entidad.
Sin embargo, el ex mandatario tiene vigentes 12 órdenes de aprehensión, 11 por pe cu lado agravado del fue ro común y una por delito electoral.
El gobernador de Chihuahua, el pan is ta Javier Corr al, dijo que la resolución confirma que el presidente Enrique Peña Nieto no ha podido superar el compromiso político de protección con el ex mandatario.
El ex gobernador priísta de Chihuahua César Duarte libró la acusación por enriquecimiento ilícito que en 2014 le imputó el activista Jaime García Chávez, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) no encontró elementos suficientes para procesarlo por el presunto desvío de 65 millones de pesos para adquirir 15% de acciones de Banco Unión Progreso, de esa entidad.
La Unidad Especializada en Análisis Financiero de la PGR notificó al líder de la asociación civil Unión Ciudadana, Jaime García, mediante el oficio PGR/UEAF/DG/582/2018 que no ejercerá acción penal por los delitos de lavado de dinero, delito bancario y defraudación fiscal, derivado de la denuncia que presentó en septiembre de 2014 contra Duarte Jáquez y el ex secretario de Hacienda durante la administración del priísta Jaime Herrera, por desvío de recursos públicos.
“Esta Representación Social de la Federación, el 5 de enero de 2018, dictó la consulta del no ejercicio de la acción penal, única y exclusivamente por lo que hace a los delitos federales competencia de esta institución”, señaló.
El ex mandatario tiene vigentes 12 órdenes de aprehensión, 11 por peculado agravado del fueron común y una por delito electoral.
Referente a esta última, la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) obtuvo en junio del año pasado una orden de captura contra Duarte por su presunta responsabilidad en el desvío de 14 millones de pesos a la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2015.
En la notificación, la agente del Ministerio Público Federal comisionada a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, María Elena Velasco Ramírez, dio 15 días hábiles a García Chávez para manifestar alguna inconformidad por la determinación emitida por la PGR.
Puso a su disposición los 97 tomos de la indagatoria para cualquier consulta en las instalaciones de la Unidad Especializada en Análisis Financiero, ubicadas en la Ciudad de México.
Tras recibir la notificación oficial, el activista Jaime Chávez, cercano al gobernador panista de la entidad, Javier Corral, anunció que recurrirá a los tribunales para impugnar la determinación de la PGR.
“Se me conceden 15 días hábiles para manifestar mi inconformidad, que desde luego la hay y se expresará en tiempo y forma. Continuaremos dando la batalla ante los tribunales, recuérdese que tenemos un juicio de amparo pendiente de resolución”, señaló.
En sus redes sociales advirtió que seguirá la lucha contra “la corrupción política de los priístas”.
La PGR también determinó no proceder en contra del ex secretario de Hacienda de Chihuahua, Jorge Herrera, quien ahora colabora con la Fiscalía General del estado en las investigaciones contra Duarte Jáquez.
A la fecha la Procuraduría General de la República ha girado al gobierno de Estados Unidos ocho solicitudes de detención con fines de extradición contra el ex gobernador priísta de Chihuahua.
El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia de procurador, Alberto Elías Beltrán, aseguró en su momento que los requerimientos están en proceso de evaluación en el Departamento de Estado de ese país, conforme al Tratado de Extradición firmado entre México y Estados Unidos.
Las autoridades de Estados Unidos han recibido ocho solicitudes formales de extradición. Primeramente es el Departamento de Estado quien evalúa si da luz verde al procedimiento, conforme al tratado entre México y EU. Posteriormente la solicitud pasa al Departamento de Justicia, ellos hacen una segunda revisión y después se hace la solicitud de detención, precisó.