Las ONG, ¿por las buenas causas?
Hace varios años, cuando Jorge Madrazo era presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, me dijo lo que entonces para mí fue una revelación: que había ONGs que no eran tan puras y tan correctas como yo creía que lo eran todas, que las había formadas por personas que solo querían su beneficio personal, que las había incluso formadas por delincuentes, que las había que eran corruptas.
En aquel entonces, cuando se crearon las primeras organizaciones no gubernamentales, parecía inconcebible pensar que no estuvieran formadas por personas honestas que de verdad querían apoyar alguna causa justa.
Y sin embargo, lo inconcebible se hizo realidad.
Hoy vemos que hay quienes crean estas organizaciones para beneficiarse en lo personal o a sus parientes y amigos, o bien como tapadera para negocios ilícitos y hasta para lavado de dinero.
Esto viene a cuento porque recientemente han surgido acusaciones contra algunas de esas organizaciones, tanto extranjeras como mexicanas.
Por ejemplo, Oxfam, una ONG británica muy conocida, que realiza labores humanitarias en 90 países, “para combatir la pobreza y el sufrimiento”, ha sido acusada de conductas inapropiadas por parte de algunos de sus miembros. El asunto se remonta a después del sismo de 2010 en Haití, cuando algunos de ellos contrataron prostitutas (la prostitución es ilegal en ese país), entre ellas menores de edad y de organizar verdaderas bacanales. La acusación se ha extendido a lo que sucede en las propias oficinas y tiendas de la organización, obligando a varios de sus directivos a renunciar y haciendo que sus patrocinadores (gobiernos y privados) exijan investigaciones antes de seguir aportando recursos.
Otro caso es el de la ONG Save the Children, dedicada a proteger a niños y adolescentes contra la violencia, las enfermedades prevenibles y por la educación. Pues ahora resulta que quien fue su director ejecutivo y que ahora era el número dos de Unicef, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, fue acusado de “conducta inapropiada” hacia mujeres. Él también renunció.
En Portugal, la presidenta de una ONG que ayuda a personas con enfermedades raras, también renunció cuando se la acusó de usar parte de los recursos para comprarse vestidos, pagarse viajes y otros lujos y contratar asesorías de políticos y parientes.
Por supuesto, renunciar no compone las cosas, se requeriría algún tipo de castigo, pero por lo menos significa el reconocimiento del error. Algo que entre nosotros nomás no sucede.
Por ejemplo, la senadora Adriana Dávila, presidenta de la Comisión contra la trata de personas, ha acusado a la señora Rosi Orozco, quien se presenta como luchadora contra esse delito, y presentó ante la Secretaría de Gobernación listas de bienes y de donativos que se le han dado a dicha persona y a sus parientes, asegurando que ellos han convertido en negocio particular la tragedia. Su argumento es: “Cómo es posible que el SAE entregue seis inmuebles a una sola persona y las dependencias federales le adjudiquen contratos de manera directa y recursos a sus fundaciones y no a las organizaciones que sí combaten la trata”.
Y al aspirante a la Presidencia de la República, el panista Ricardo Anaya, se le ha acusado de formar una Fundación “para fortalacer la conciencia democrática de los queretanos y su formación cívico política”, que recibió donativos que sin embargo, se utilizaron para hacer negocios inmobiliarios.
En ninguno de los dos casos, los aludidos han reaccionado de otra manera que no sea negarlo todo. De hecho, Anaya prefiere decir que las acusaciones son una estrategia política del gobierno en su contra, forma de irse por la tangente en lugar de simplemente demostrar con documentos la verdad.
La diferencia en la respuesta es importante, pues hace evidente tanto la participación ciudadana en los asuntos públicos como la calidad de la democracia.