El escándalo de los candidatos independientes
Las candidaturas independientes son una buena idea; su inclusión en la vida política mexicana fue un logro democrático que ha venido materializándose con diversas reformas constitucionales desde agosto de 2012. Pero los resultados que recientemente ha dado a conocer el Instituto Nacional Electoral, específicamente los relacionados con las candidaturas independientes presidenciales, han manchado esta figura. Los tres aspirantes que presentaron el número suficiente de firmas ante el INE (el 1% de la lista nominal de electores, equivalente a 866 mil 593 firmas) tuvieron irregularidades en su proceso. Jaime Rodríguez, El Bronco, tuvo 835 mil 511 apoyos válidos de los más de dos millones que presentó; a Ríos Piter sólo le fueron validadas 242 mil 646 de 1 765 mil 599 firmas que llevó ante el INE, y Margarita Zavala apenas la libró con 870 mil 168 apoyos válidos de los casi millón seiscientos mil que presentó. De estos números es importante distinguir las inconsistencias o errores de las trampas; es decir, las simulaciones, uso de fotocopias o documentos no válidos; éstos sumaron, en el caso de Jaime Rodríguez, 387 mil 897; Ríos Piter fue un escándalo con 906 mil 417, y Zavala con 219 mil 344 casos. La única diferencia entre los tres es que Margarita tuvo —apenas— los suficientes votos válidos para llegar a la boleta.
Así, pues, este resultado levanta varias dudas que nos hacemos todos los ciudadanos: ¿Habrá consecuencias legales para los aspirantes que hicieron trampa? ¿Es delito, es causal de descalificación (en el caso de Zavala) o pasarán a engrosar el índice de impunidad y a empeorar la percepción de corrupción y decepción de nuestras instituciones?
La legislación electoral no incluye como causal de anulación o descalificación de candidaturas independientes el haber presentado apoyos tramposos —increíble pero cierto—, así que Zavala quedará en la boleta a pesar de las tranzas; la castigaremos nosotros con el voto. Tampoco existe un tipo penal que se ajuste específicamente a este tema. Sin embargo, la Ley General de Materia de Delitos Electorales contiene tres preceptos que sí aplican al caso concreto: los artículos 7, 8 y 13 ordenan el pago de multa y prisión a quien altere, haga uso ilícito o falsifique materiales o documentos electorales, así que el INE deberá dar vista a la Fepade para que investigue.
Independientemente de lo anterior, los dos aspirantes que han quedado fuera por el momento, pero que preparan su defensa que presentarán esta semana, se dicen “indignados” con el árbitro y seguirán vociferando todo tipo de teorías de complot para intentar lavar un poco la cara después del ominoso resultado que dio a conocer el INE, pues justificar la trampa por la vía legal se ve imposible. La estrategia será, entonces, descalificar al Instituto y a sus procedimientos, lastimar la institución.
Qué asco, qué horror, qué tristeza que el debut de las candidaturas independientes presidenciales haya sido éste. Qué injusticia para una institución democrática naciente. Claro que tanto la legislación como el proceso es perfectible y debe modificarse, pero el daño está hecho. Aquí va un caso más que decepciona a los mexicanos profundamente y que nos hace perder la esperanza en todo lo que sucede en este país. Ante el bombardeo mediático y de redes sociales que habrá sobre este tema, usted y yo tenemos que tomar una decisión muy importante: ¿le creemos al árbitro o a los jugadores? La respuesta dependerá, en mucho, del manejo que haga el INE de este asunto; por lo complejo del caso, está en riesgo la credibilidad de toda la elección.