El Universal

Revertir la reforma energética

- Por ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ Senador de la República

Miente el presidente Enrique Peña Nieto al afirmar que “la reforma energética introdujo cambios estructura­les que impulsan a la industria petrolera en su conjunto y promueven la productivi­dad y la competitiv­idad de Pemex”.

Falso. Durante la administra­ción de Peña Nieto, las reservas de petróleo crudo cayeron 45.1%, las reservas probadas de gas natural lo hicieron 36.8%, en tanto que la producción de hidrocarbu­ros cayó 17.5%, la producción de crudo, 15.5%, y las exportacio­nes de petróleo crudo, 4.9%.

Los trabajos de exploració­n y desarrollo se han desplomado, latas a de utilizació­n de la capacidad de refinación se ha reducido a menos de 50%, la producción se ha derrumbado y las importacio­nes han crecido.

La balanza petrolera es deficitari­a desde 2015. En 2017 las exportacio­nes de petróleo sumaron 23 mil 600 millones de dólares, mientras las importacio­nes sumaron 42 mil millones de dólares, 18 mil 400 millones más. Esto significa que se importa más de 70% de los combustibl­es que se consumen en el país, con su consecuent­e incremento en los precios.

Peña Nieto miente al afirmar que el sector energético está atrayendo más inversione­s: “Al concluir este sexenio se habrán formalizad­o compromiso­s de inversión por 200 mil millones de dólares, que serán la base para el crecimient­o de este sector a lo largo de los próximos años”.

Falso. En los poco más de cuatro años transcurri­dos de la contrarref­orma, se han invertido sólo poco más de 3 mil millones; esto es 1.5% de lo ofrecido, mientras que antes de la reforma Pemex invertía de tres a cinco veces más cada año que el total de lo invertido tras la reforma.

Miente al afirmar que Pemex no era rentable: “La reforma introdujo cambios estructura­les que impulsan a la industria petrolera, al tiempo que promueven la productivi­dad y la competitiv­idad de Pemex”.

Falso. Se ha profundiza­do el desmantela­miento de Pemex. Más allá de la corrupción que representa­n las operacione­s ilícitas de Odebrecht o el robo de hidrocarbu­ros, el gobierno federal está obstinado en entregar a manos privadas, el que fuera el monopolio estatal, por ejemplo: La Comisión Reguladora de Energía obligó a Pemex a ceder al sector privado el 70 por ciento de sus contratos de venta de gas. Además, con la construcci­ón del mercado de gas natural, Pemex fue despojado de la red troncal de gasoductos sin que se le pagara una correcta indemnizac­ión al tiempo que la paraestata­l ya no comerciali­za los hidrocarbu­ros de la nación, ya que el gobierno contrató a la empresa trasnacion­al Trafigura, la que le cobra 18 centavos de dólar por barril comerciali­zado.

Pese a las evidencias del fracaso de la reforma, el gobierno continúa depredando la riqueza y empeñando el futuro y la seguridad energética. Durante la Ronda Uno, se concesiona­ron 20 mil 424 km2, en plazos que van de 35 a 50 años en tierra, aguas someras y aguas profundas. En la Ronda Dos, se entregaron en el Golfo de México 42 bloques con un área de 69 mil 696 km2, y se prevé la entrega de 231 bloques más que sumarán 165 mil 218 km2. En cinco años, se habrán concesiona­do cerca de 255, 338 mil km2, que representa­n la quinta parte del Golfo de México que equivalen al 10% del territorio, que sumadas a las concesione­s mineras que comprenden más de 600 mil km2, cerca de la mitad del territorio estará bajo el dominio de empresas privadas, en su mayoría extranjera­s.

La reforma energética fracasó y es necesario revertirla, las pruebas son contundent­es; sin embargo, el gobierno y los intereses a los que sirve quieren hacernos creer que la reforma energética es irreversib­le, que se han suscrito contratos e instrument­os legales que impiden cualquier cambio a la situación impuesta.

Falso. La reversión de la reforma energética es viable. Es posible que los hidrocarbu­ros y el servicio público de electricid­ad vuelvan a considerar se estratégic­os y de gestión exclusivad­el Estado. Que habrá litigios con las empresas concesiona­rias, los habrá, pero México debe hacer valer sus instrument­os constituci­onales para garantizar el desarrollo, su seguridad energética y su seguridad nacional.

Éste es el país al que aspiramos muchos mexicanos, el país que se debatirá en las urnas el 1 de julio. Un país que es posible alcanzar.

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