Secretos electorales
Estamos a 10 días (el 30 de marzo) de que arranquen formalmente las campañas, aunque parece que éstas ya llevan una eternidad (además de 28 millones de spots utilizados), pues desde diciembre estamos en la confrontación político-electoral. Muchas cosas tras bambalinas están ocurriendo. Aquí un repaso de lo más relevante:
*Debates: la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que revocó la “mordaza” que había dictado el Instituto Nacional Electoral -INE- (con excepción de los consejeros Lorenzo Córdova y Benito Nacif) llegó tarde para armar debates en el actual periodo de intercampañas. Sin embargo, ahora que inician campañas no se espera que Andrés Manuel López Obrador acepte ir a más debates que los tres organizados por el instituto. Y eso, en todo caso.
Para sus debates, el INE, si bien ya tiene sedes designadas en la CDMX (22 de abril), Tijuana (20 de mayo) y Mérida (12 de junio), se encuentra en búsqueda de un productor ejecutivo y nueve moderadores (tres por debate). Al mismo tiempo, está tratando de armar un esquema de moderación donde los periodistas puedan confrontar e interrumpir a los candidatos presidenciales. Aunque eso puede ser interesante para el público, los posibles comunicadores que podrían hacerla de mediadores están pendientes de la parte técnica y de producción del INE para ver que esto se pueda “cuadrar” de una manera adecuada. De lo contrario, podrían ser culpados de errores y complejidades en la producción. Como quiera que sea, el Instituto está apostando por un modelo más fresco y renovado, de hecho, más parecido a los debates presidenciales que se dan en Estados Unidos y Chile.
Aún es incierto qué canales transmitirán los debates, pero por mandato de ley, al menos dos de éstos tienen que ser transmitidos en los canales nacionales de TV de mayor audiencia y cobertura. También, el INE tiene que resolver cómo no empatar el segundo debate (20 de mayo) con la final del fútbol mexicano, y así como explora la posibilidad de convencer a la Federación Mexicana de Fútbol de cambiar el horario del partido final, hay partidos políticos que sugieren que mejor sea el Instituto el que cambie la fecha del segundo debate presidencial.
El tercer debate no será en la tercera semana de junio dado que ya estaremos en Mundial de Fútbol y el INE, acertadamente, no quiere poner a competir sus debates con los juegos y programas especiales de la Copa del Mundo. De hecho, el último debate tampoco choca con la Asamblea de la FIFA, el 13 de junio, en donde se podría anunciar el Mundial de 2026 para México (y el resto de Norteamérica). Así que el Instituto trae buena planeación y los pormenores de la agenda de la FIFA.
*Candidatos y su presencia digital: con las herramientas de medición de conversación digital más sofisticadas que hay, todos los indicadores apuntan a que el candidato que está recibiendo mayor número de menciones es Andrés Manuel López Obrador (38%),
de escándalo el “fraude” de los independientes con sus cientos de miles de credenciales simuladas (inventadas) y fotocopias (muchas de ellas extraídas de archivos de programas sociales) con las que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón y el senador Armando Ríos Piter pretenden contender para la elección presidencial. Aún podrían esperar un cambio de criterio judicial por parte del TEPJF, pero el INE desde un principio puso en sus reglas que las fotocopias no serían válidas, al no ser prueba fehaciente que tuvieron el aval —en persona— de un ciudadano a su candidatura. Y es que sí, es poco factible que 300 mil mexicanos anden cargando copias de su credencial de elector. Un embuste el que estos dos candidatos y/o sus promotores quisieron hacerle al INE y de paso a todos los mexicanos.
Y ello me lleva a la pregunta, ¿en dónde queda el Estado de Derecho? Eso que desde 1994 ha quedado registrado como uno de los principales pendientes del país. Y es que de la ausencia del Estado de derecho (rule of law) derivan muchas consecuencias indeseadas: falta de control a los abusos de los gobiernos, corrupción, falta de transparencia, violación a los derechos humanos, ausencia de orden y seguridad e implementación laxa de la justicia.
Con todas estas mediciones se ha publicado el World Justice Index 2017-18 en el que se evaluó a 113 países. ¡México tiene el penoso lugar #92 (de 113)! El país con la mejor calificación es Dinamarca (#1) y el peor es ya Venezuela (#113), pero nuestros socios de América del Norte están mucho mejor calificados que nosotros: Canadá #9 y Estados Unidos #19. Ya casi cualquier país con el que nos podríamos comparar nos gana: El Salvador, Brasil, Colombia, Panamá, Chile, Argentina: todos mejor que nosotros. Bueno, incluso la Rusia cuasi-imperial sacó de calificación un #89. Así de mal estamos.
¿Ello “explica” que los independientes hayan tratado de incumplir la norma que dictó el INE?
Pero los candidatos de los partidos tradicionales también tienen graves señalamientos en los últimos días: ¿cómo entender que el candidato de Morena proponga para al Senado a un prófugo de la justicia como Napoleón Gómez Urrutia o que plantee revocar concesiones energéticas dadas legalmente?
¿Cómo explicar que el candidato del PRI (y varios de sus candidatos a gubernaturas) acepten asistir a una cena en casa de un radiodifusor que es señalado ante la PGR de haber hecho él (y sus familiares) el mayor fraude en la historia de las licitaciones de radiodifusión en el país con un daño importante a la hacienda pública? Y también, creo que el candidato del PAN debe aún explicaciones más claras de cómo se hizo de algunos de sus recursos y patrimonio inmobiliario.
Los datos arriba señalados de candidatos independientes y de partidos nos deben de llamar a la reflexión y al escrutinio. Si no exigimos y votamos por alguien que cumpla con las leyes y lo haga con honorabilidad, estaremos condenados a ser este país lastimado del que todos nos quejamos, pero nada hacemos para dejar de serlo, mientras la lupa internacional cada vez nos hace señalamientos más duros, como ahora el ser el país número 92 (bajando cuatro posiciones con respecto a la medición anterior) en el índice de cumplimiento de la justicia y el Estado de Derecho.
De la ausencia del Estado de derecho derivan muchas consecuencias indeseadas: falta de control a los abusos de los gobiernos, corrupción, falta de transparencia...