Pueblos chicos, infiernos grandes
EL UNIVERSAL visitó comunidades en las que los desplazados de Guerrero han encontrado un “hogar” provisional frente a la violencia
Se podría decir que Quetzalcoatlán de las Palmas está en medio de la nada, pero no. Quetzalcoatlán de las Palmas, municipio de Zitlala, en la región Centro de Guerrero, está en medio de la violencia de grupos del narcotráfico que trabajan con
Los Ardillos y un grupo de civiles armados autoproclamado policía comunitaria, que se hace llamar Paz y Justicia.
A este pueblo de indígenas nahuas se puede llegar en poco más de dos horas desde Chilpancingo, por Chilapa, sólo que Paz y Justicia mantiene el camino asolado. De modo que es más seguro por Copalillo —un municipio colindante de la región Norte—, aunque más alejado, a cuatro horas y con un carretera rural tan agreste que las llantas de los vehículos parecen cuadradas.
Hasta aquí han llegado algunos de los guerrerenses que han huido en los últimos años de la violencia. Desplazados que, como documentó ayer EL UNIVERSAL, suman 12 mil 590 de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), aunque esta cifra contrasta con las locales: 528, según la Dirección General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos del gobierno de Guerrero, y poco más de 2 mil, de acuerdo con la Secretaría de Gobierno.
¿Paz y justicia?
Es mediodía y bajo el cielo descampado y el sol reinante, la tierra es yerma. La mejor sombra en medio de este caserío es la que da la iglesia, que no es más que un galpón sin butacas con una cruz de madera pintada de azul al fondo.
Las únicas 16 familias, de 64, que quedan desde 2016, año en que fueron atacadas por Paz y Justicia, que mató a seis hombres, están reunidas en torno al templo. Tejen palma y cuentan en la voz de Salomón, uno de los principales, cómo fue aquel ataque desde el cual el pueblo no volvió a ser el mismo.
—Los malillas —dice el hombre de unos 70 años— se conformaron como comunitarios y comenzaron a atacarnos. Ese día llegaron 25 hombres armados cuando apenas salía el sol. —¿Por qué?
—No sabemos. Creemos que es por linderos [de tierras]— dice.
Araceli, la intérprete que acompaña al reportero, considera que es más que eso. Explica que cuando se integraron como supuesta autodefensa, Paz y Justicia comenzó a reclutar a hombres de los diferentes poblados para su causa.
Los de Quetzalcoatlán se negaron y en represalia los agredieron. Aquel enero todos salieron tan pronto como sepultaron a sus muertos. Se alojaron en el DIF de Zitlala. Las condiciones fueron tan malas que pese a la inseguridad algunos jefes de familia, con sus hijos y mujeres, prefirieron regresar. Un año después, Paz y Justicia asesinó a otro hombre del pueblo, Benigno Tlatempan, y en ese ataque, ocurrido en la cabecera municipal, Salomón fue herido en el brazo derecho y en la cabeza.
Uno de los hombres que murieron en los hechos de 2016 era hijo de Salomón y dos más eran sus hermanos.
Tiene otros tres hijos que decidieron no volver. Pese a que esa certeza lo inunda, todavía tiene la esperanza que regresarán para ayudarle a limpiar su milpa en la temporada de lluvias. Quiere tener buena cosecha, para quedarse con algo de maíz para comer.
Los otros tres difuntos eran sus vecinos. Así que quienes quedan aquí son viudas, huérfanos y madres sin sus hijos: 62 en total, 25 niños —ocho en edad de primaria— y 37 adultos, la mayoría mujeres. Hay dos ancianos hombres y cinco personas de entre 30 y 40 años.
Es martes y fue el cambio de los policías que mantienen la vigilancia en Quetzalcoatlán para prevenir otro ataque. Esa fue una de las condiciones con las que los pobladores regresaron, pero sólo son cuatro y si Paz y Justicia decide atacarlos de nuevo, como en 2016, las mujeres creen que ahora sí los van a matar a todos. Platican entre ellas y ven a Aracely y ella, que ha seguido el conflicto desde el Centro Morelos, donde colabora, dice que están preocupadas y temerosas, porque cuando hacen el cambio de guardia dejan el pueblo solo desde las 6:00 de la mañana hasta las 14:00 o 17:00 horas, en la tarde cuando regresan sus relevos.
Tejer la vida o morir
Mientras hablan, las mujeres nunca dejan de tejer palma. Esta es la actividad principal con la que pueden ganar algunos pesos para comprar algo de jitomate o huevos —“aunque sea para los niños”, dice Salomón—, y huaraches de hule que calzan algunas mujeres.
Cada rollo de 20 vueltas, de un metro de largo más o menos, lo venden a ocho pesos con 50 centavos a los compradores que vienen hasta acá por ellos.
Con el dinero encargan las provisiones a los policías que van cada semana a la cabecera de Zitlala. Temerosos, no pueden ir más allá de sus milpas y del ojo de agua del que beben.
Los refugiados de colonia Libertad, en Ayutla de los Libres, Costa Chica, no son los únicos que están aquí desde 2012.
A un par de kilómetros vive la familia de Rubén Santana Alonso y Juventina Villa Mojica, ambos asesinados, él en 2011 y ella meses después, en 2012, en medio de una matanza que casi acabó con los Santana Villa por pleitos de tierras, en medio de disputas entre narcos de la región y pistoleros contratados por talamontes para explotar la madera. De 12 hijos que tuvieron (seis mujeres y seis varones), les mataron a cuatro, además de acabar con ellos.
Cuando asesinaron al marido de Juventina, Rubén Santana, ella fue la primera en emigrar. Salió en abril de 2011 de Hacienda de Dolores, sierra de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente, acompañada por la gente que ahora está en La Libertad. Se refugió unos meses en el Puerto Las Ollas, sierra de Petatlán, Costa Grande, con sus hijos, nueras y nietos. Volvieron del éxodo creyendo que el peligro había pasado sólo para que la mataran, a ella y su hijo Rey, que entonces tenía únicamente 14 años.
Fue en noviembre de 2012 y desde ese momento lo que quedó de ellos prefirió alejarse lo más posible. Por eso vinieron hasta aquí, a la Costa Chica, a cientos de kilómetros de distancia de aquel terrible lugar.
El asentamiento sin nombre —que no colonia— donde viven tres hermanos con sus hijos, nueras y nietos y los padres de Rubén Santana —24 en total—, está a la orilla de una carretera que lleva a Tepango, otro pueblo tu’un savi de Ayutla de los Libres. No hace más de seis meses que llegó la última de sus hermanas, ahora viuda a los 26 años y con cuatro hijos, huyendo también porque su marido fue asesinado en 2017.
Acá, en el corredor de una casa que no es la suya, Valdo Santana Alonso recuerda, siete años después, el día en que mataron a su hermano Rubén y en el que él, en medio de la emboscada en la que cayeron, casi pierde el brazo derecho por la bala de un cuerno de chivo que le impactó. Tuvo una hemorragia interna que casi le cuesta la vida por las esquirlas que le entraron por la espalda y se le alojaron en el estómago, por lo que tuvieron que cortarle unos pedazos de tripa.
De buena gana se hubiera quedado dentro de su casa de adobe y techo de cartón donde reposaba de la temperatura que tuvo la noche anterior, producto, cree, de las lesiones que siguen vivas en su estómago. Aparece con el torso desnudo por el calor de la Costa Chica, al que aún no se acostumbra, y lo primero que se le asoman son las cicatrices de aquel ataque de hace siete años.
Luego se asoman su esposa y sus dos hijos, jovencitos, que se acomodan a sus costados.
Valdo fue el primero que emigró, en 2011, aún con las heridas frescas. Los chicos que ahora están a su lado eran unos niños y su mujer, más joven.
Meses después de que asesinaron y enterraron a Juventina y a Rey, lo hicieron sus padres, sus hermanos y sus sobrinos (a cuatro se los llevaron más lejos, al Norte).
Ahora tratan de normalizar su situación, viviendo de la milpa que siembran en terrenos rentados, alquilándose en jornales ajenos o como peones de albañil tras haber sido dueños de decenas de hectáreas y ganado en la tierra que se vieron obligados a abandonar.