Tres preguntas para una política de seguridad
En los últimos años ha florecido el número de expertos en seguridad pública. Esto es bueno porque el trabajo de los expertos iniciales en este campo en el país no ha traído los resultados esperados. Lo anterior puede tener una variedad de motivos, desde proponer políticas en desuso o sin fundamento empírico, hasta el interés de beneficiar unas agendas sobre otras. Es por ello que la entrada más diversa de mentes jóvenes y preparadas, son buenas noticias para todos. El desarrollo de una política científica de seguridad pública no puede esperar mucho más tiempo.
Un cambio positivo que espero resulte de la incorporación de estos nuevos expertos, es que la política de seguridad sea debatida antes de ser implementada; y no al revés, como ha sido la costumbre. Además, es importante que este nuevo grupo de expertos hagan varias consideraciones al deliberar sobre qué recomendaciones de política se deben hacer a los encargados del sector este sexenio entrante. En este artículo quiero sugerir tres preguntas, a mi juicio centrales, que pueden servir de guía en estas deliberaciones. Son tres preguntas que deben responderse todas y sin especulaciones.
La primera pregunta que debe responderse es la siguiente: ¿esa estrategia, objetivo o acción de política que se propone es mejor en comparación con cuál? Proponer políticas sin compararlas con otras, es algo que ya necesitamos empezar a evitar. La segunda pregunta que debe responderse es esta: ¿se tiene evidencia de su efectividad? En seguridad pública, al menos en estos momentos, no estamos para hacer una política de intenciones. Necesitamos garantías de efectividad, en algún grado, o de algún tipo. Finalmente, si las respuestas a las dos preguntas anteriores son satisfactorias, la tercera y última pregunta que debe responderse es esta: ¿y a qué costo? Esta pregunta es necesaria porque otro cambio necesario en la forma de discutir la política de seguridad sería saber cuánto va a costar y si es sostenible. Ya tuvimos la experiencia este sexenio, de una reducción significativa, prácticamente terminal, en los recursos que se habían propuesto destinar a la prevención social del delito. Esto fue una pena porque si buscamos propuestas concretas que sí pueden pasar el examen de las tres preguntas anteriores, algunas las podríamos encontrar en el campo de la prevención social.
A mi juicio, una deliberación moderna de políticas de seguridad para el sexenio entrante y los que siguen debería considerar estas tres preguntas. Las formas anteriores de discutir política son vestigios de un país que ya no existe. Necesitamos una pluralidad en donde nuevos expertos eleven los estándares de la discusión política y hagan propuestas sólidas y confiables que pasen el examen mínimo de la seriedad.