El parteaguas de la elección
Cada vez veo con más nitidez que el gran tema que dividirá a los mexicanos en esta elección será el de la reforma energética. No minimizo la seguridad ni la corrupción ni otros asuntos que inciden en la agenda nacional, pero tengo, para mí, que la gran decisión tendrá como origen un dilema que no tiene fácil arreglo. Es más, no sé si tenga una solución entre política y economía.
Más allá de valoraciones y juicios, me parece que el debate podría enunciarse de esta manera: por un lado, tenemos a un candidato que puntea en las encuestas y en muchas de ellas aparece ya ubicado en la zona de la mayoría absoluta. Si las cosas se mantuvieran constantes, Andrés Manuel López Obrador será presidente y tendrá una cómoda mayoría parlamentaria, incluso podría tener la absoluta en las dos cámaras, lo cual hace muchos años no ocurre en el país. Su propuesta electoral incluye revocar reformas como la educativa y la energética. La educativa genera polémica, pero no tiene el potencial disruptivo que tiene la energética, la cual podría no solamente mover el tipo de cambio, sino transformar el modelo económico que hasta ahora se ha seguido. A diferencia de algunos colegas que ven un riesgo democrático en esta decisión, yo creo que la esencia de la democracia se ubica en el hecho de que el soberano tiene derecho a decidir el rumbo del país y votar por la opción que mejor le parezca, incluida la posibilidad de reformar asuntos tan delicados como la energía.
López Obrador ha jugado un papel fundamental (con la izquierda mexicana) en defensa de un modelo energético con primacía estatal y se ha mostrado sistemáticamente crítico con la apertura al capital privado. No nos ha engañado en estos años.
No tengo la menor duda de que si AMLO tiene la mayoría, poseerá un mandato insoslayable para cambiar la legislación vigente. Esa es la primera parte del dilema y subrayo, me parece legítimo que así se plantee y no se busque diluir con argumentos descalificadores. Es democrático y legal cambiar las leyes, incluso la Constitución, por la vía de la conformación de nuevas mayorías.
El segundo componente del dilema es que siendo democrática y legal la posibilidad de echar atrás una reforma debe quedar claro a los ciudadanos que ello implicará un costo económico que el colectivo debe conocer, ponderar y finalmente decidir si el conflicto entre la ideología y el bolsillo compensa la transformación del marco legal y, por consiguiente, el sentido del voto. Los americanos pagarán las consecuencias de la política neoproteccionista de su presidente, pero los mexicanos debemos tener claro que decirles a compañías que han anunciado inversiones por 200 mil millones de dólares en los próximos años, que el país ha cambiado de orientación económica, tendrá un costo.
Congelar la reforma energética podría suponer un movimiento severo en el tipo de cambio y a partir de ahí un terremoto imprevisible de las variables macroeconómicas. Algunos tratadistas y políticos han llamado a este condicionamiento la dictadura del dinero y es verdad. Los agentes económicos tienen la enorme capacidad de condicionar las decisiones políticas por su simple y directo interés. De esta manera, un país no puede cambiar su marco fiscal o la garantía de las inversiones sin desentenderse de los costos que esto implica. López Obrador deberá ponderar cuánto está dispuesto a poner en la balanza sabiendo que los agentes económicos reprueban sonoramente su propuesta.
En una democracia no creo que se pueda descalificar a ninguna oferta electoral cuando además esta forma parte de la narrativa clásica de la formación del espíritu nacional, pero tengo claro que tampoco se puede desacreditar un análisis económico el cual claramente sugiere que una decisión de esa magnitud podría mover brutalmente el tipo de cambio y por esa vía, erosionar el poder adquisitivo de todos los mexicanos y regresarnos a la era de las crisis sexenales. Aquí también subrayo que, por más ideología y fundamento democrático que se le dé a la decisión, eso no quita que los agentes económicos razonan solamente por su provecho y esa, mal que nos pese, es la regla de las economías de mercado. La moneda está en el aire y los mexicanos decidirán si están dispuestos a pagar ese precio o no.