Las batallas de Gerardo Ruiz Esparza
Gerardo Ruiz Esparza ha tenido que librar varias batallas durante el sexenio actual. Escándalos como el del socavón que se abrió en la autopista México-Cuernavaca y la relación del gobierno federal con constructoras como OLH México y Grupo Higa han opacado su gestión.
El futuro político del secretario de Comunicaciones y Transportes se aclaró (o nubló, como quiera leerse) hace días, cuando el PRI y el presidente Enrique Peña Nieto decidió no incluirlo en su lista de candidatos plurinominales al Senado o la Cámara de Diputados.
Ruiz Esparza supo que no sería incluido apenas unos días antes de su publicación, el 18 de marzo pasado, pese a que algunos periodistas se empeñaron en tratar de adivinar su futuro diciendo que tenían un pie y medio en el Senado. El argumento, basado en supuestas fuentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del PRI, era que necesitaba fuero para enfrentar a un Andrés Manuel López Obrador oaun Ricardo Anaya, quizá presagiando la derrota de su candidato, José Antonio Meade.
El secretario, sin embargo, dice sentirse tranquilo. Y así se le nota en su oficina de las Lomas de Chapultepec, donde ahora despacha. Allí ha recibido a varios medios y periodistas en las últimas semanas. Abierto a todo tipo de cuestionamientos, incluidas las elecciones y las pugnas internas del PRI, responde con la seguridad de quien ha estado en la política mexicana los últimos 45 años, que no tiene miedo de ser enjuiciado. Que nunca le han probado ni le probarán nada. Que ni OHL México ni Higa han sido las grandes beneficiadas del sexenio, como se ha querido exponer. Que todas las licitaciones y adjudicaciones hechas por la SCT son públicas y han sido auditadas. Que si no han sancionado a los responsables del socavón en el que murieron dos personas en el Paso Exprés de Cuernavaca es porque la Secretaría de la Función Pública no ha cerrado ese caso.
En sentido contrario, Ruiz Esparza endurece el semblante y, a veces en tono de reclamo, habla de los avances que ha tenido su administración en materia de telecomunicaciones y desarrollo de infraestructura. Lanza de memoria datos como que durante su gestión se han construido 37 autopistas, 69 carreteras, 32 mil 217 kilómetros de caminos rurales y alimentadores, 35 libramientos y 45 distribuidores; que el nuevo Puerto de Veracruz opera ya cinco terminales y se convertirá en uno de los más productivos del país; que si bien el tren México-Toluca no va a estar funcionando antes de que termine el sexenio sí tendrá un avance de más de 85%, igual que el Tren Ligero de Guadalajara; y que la Red Compartida que comenzó a operar este mes posicionará a México como el tercer país mejor conectado en seis años, al alcanzar una cobertura de 92.5% de la población.
La madre de todas las batallas, empero, la librará con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Andrés Manuel López Obrador ya subió el tema a las campañas presidenciales y el titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, inocentemente le siguió el juego, tras lo cual le llovieron críticas de los empresarios a los que representa. Gremios como la Canaero, que agrupa a las aerolíneas, salieron a corregirle la plana: no vamos revisar un proyecto que está en marcha, que urge y que ya fue analizado por los expertos nacionales y extranjeros más reputados.
El nuevo aeropuerto ya tiene 29 obras en proceso y antes de que termine el sexenio estará lista la estructura de la terminal, dos pistas y la torre de control, lo cual representará un avance de 50%. Es decir que, para ese entonces, será prácticamente imposible echarlo atrás. Además se ha blindado financieramente, aunque ni el gobierno ni el secretario quieran decirlo así. La reciente colocación de la Fibra E, por más de 30 mil millones de pesos, incluye la participación de inversionistas institucionales como las Afore, es decir, que se está fondeando con dinero de los trabajadores mexicanos. Asimismo, uno de los principales involucrados, no sólo con la ejecución de los proyectos, sino en el financiamiento de la Fibra E es ni más ni menos que Carlos Slim Helú a través de su banco Inbursa, el cual se quedó 43% de la emisión de certificados.
¿Se atrevería AMLO a poner en riesgo las pensiones de los trabajadores y enfrentar al magnate mexicano, quien en el pasado lo ha apoyado políticamente? La respuesta es no.
Conapesca bloque a empresas atuneras. El viernes le platicamos de la problemática que existe con la pesca del atún aleta azul. Algunas empresas del sector han sido impedidas, ilegalmente, a realizar dicha actividad, lo cual sabe la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), a cargo de Mario Aguilar Sánchez, pero nada ha hecho al respecto.
Una de las empresas afectadas es Baja Aqua Farms que en más de tres ocasiones ha solicitado a la Subdelegación de Pesca el visado para el aval de la embarcación Buenaventura II, con permiso vigente para pescar atún aleta azul, a lo que el personal de la Conapesca se negó a sellar la documentación con el argumento de que tienen instrucciones de las oficinas centrales, específicamente del director de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, Víctor Arriaga, de no otorgarlo.
Ante esta negativa, la empresa solicitó un juicio de amparo. Sumado a esto, pareciera que Aguilar Sánchez y su equipo buscan ahora encontrar alternativas para interferir en las actividades de Baja Aqua Farms, limitando la salida de la embarcación Ma. Beatriz, que fue contratada por el grupo y cuenta con todos los permisos vigentes, incluyendo el necesario para la pesca comercial de Túnidos.
Lo que preocupa al sector es que se está afectando de manera directa el desarrollo de una industria icónica en el estado de Baja California, que gobierna Francisco Vega, así como el sustento de miles de familias dedicadas a la actividad pesquera y la fuente directa de empleo de más de 150 trabajadores.