Ricardo Raphael Adiós a la propaganda gubernamental
Por cada peso que el Congreso autorizó al gobierno de Enrique Peña Nieto para que gastara en publicitarse, esta administración se excedió ochenta y cinco centavos. En total terminará dilapidando más de 40 mil millones de pesos en este rubro durante el sexenio.
¿Cuáles medios de comunicación se habrán beneficiado de este gasto? ¿Por qué esas empresas y no otras? ¿Qué ofrecieron a cambio? ¿Cuánto debieron callar? ¿A quién tuvieron que correr? ¿Cuáles noticias fueron ocultadas y cuáles destacadas?
En México, la publicidad oficial es un cáncer que corrompe la libre expresión de las ideas y la deliberación pública. Una enfermedad que se reproduce a través de los medios de comunicación y que, a la fecha, no ha encontrado remedio.
Llevamos varios años discutiendo el tema, pero los gobiernos no han querido resolverlo.
En noviembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un manotazo y ordenó a los legisladores federales que dejaran de hacerse tontos al respecto y normaran con rigor el dispendioso gasto destinado a la publicidad oficial.
La fecha límite para cumplir con esta instrucción es el próximo 30 de abril.
El argumento principal de la Corte fue que la ausencia de una legislación adecuada promueve un uso arbitrario de los recursos públicos, edifica restricciones para la libertad de expresión y lastima el ejercicio del derecho a estar bien informado.
Bajo el estatus quo de la publicidad gubernamental, en efecto, se afecta a los medios y a los periodistas que no son afines al gobierno, poniendo en riesgo su sobrevivencia económica.
¿Así o más claro?
La actual coyuntura política abre una ventana de oportunidad formidable para resolver de una vez por todas este adeudo: el partido que hoy utiliza con desparpajo esta arma letal muy probablemente será víctima de ella después de diciembre próximo.
Si el PRI no quiere sufrir el uso faccioso de la publicidad oficial durante el próximo sexenio, más le vale normar este cajón de gasto; es decir que más le vale amarrarse ahora las manos con una legislación restrictiva, a cambio de que el gobierno de mañana las tenga igualmente amarradas.
En este contexto sorprende, sin embargo, el borrador que el PRI (partido saliente) y Morena (partido con mejor posibilidad de triunfar) han negociado como iniciativa para regular la publicidad oficial.
El documento que circula actualmente en el Senado, y que pretende votarse el martes próximo, desoye el mandato de la Corte y se burla de las preocupaciones principales.
Entre sus omisiones destaca que a) no establece criterios para normar con certidumbre el uso del gasto publicitario; b) no prevé mecanismos transparentes para medir la eficiencia y la idoneidad en el uso del recurso; c) confunde información oficial con propaganda y proselitismo; d) no establece parámetros mínimos de contratación; e) normaliza la promoción de logros gubernamentales a partir de los informes de gobierno; f) permite la autopromoción de los funcionarios públicos; g) no prevé anticuerpos contra la censura; h) no obliga a los medios a distinguir entre publicidad pagada e información noticiosa; i) no establece topes de gasto en publicidad oficial ni sanciones para quien los burle, y j) deja sin regular avenidas utilizadas en el presente para el gasto en comunicación social.
¿Por qué el partido del presidente está dispuesto a dejar este arco y estas flechas para que su adversario dispare en su contra en cuanto llegue al poder? Si la Corte exigió cerrar este hoyo negro y la coyuntura política favorece esmerarse en esa tarea: ¿por qué renunciar a la responsabilidad?
Zoom: Los medios más grandes serían los principales beneficiarios de una legislación que aporte certidumbre en el uso del gasto destinado a la publicidad oficial. Son los que tienen mayores audiencias y por tanto quienes obtendrían mejores inversiones. Es hora para que todas las partes aprieten la tuerca y terminemos de una vez con esta fuga absurda de dinero aportado por el contribuyente.