Prevalece el ejercicio periodístico
En noviembre pasado, el entonces dirigente del PAN, Ricardo Anaya —hoy candidato presidencial— utilizó tiempos del Estado en radio y televisión para defender su imagen y minimizar un reportaje de EL UNIVERSAL que exhibía cómo el queretano hizo parte de su actual fortuna. Es decir, usó para sí mismo un recurso que tuvo que ser empleado únicamente para fines relacionados con el partido político del cual forma parte.
Pero lo más grave del caso fue el mensaje enviado a todos los medios de comunicación que en el futuro se atrevieran a cuestionar la riqueza de un político: cualquier investigación periodística será respondida con tiempos del Estado, en perjuicio de quien difunda información que incomode al político en cuestión. Todo con el aval del INE.
El reclamo de este diario y de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) ante la autoridad electoral se centró en el efecto inhibidor que spots como el de Ricardo Anaya tienen hacia el ejercicio de la libertad de expresión.
Al inicio del proceso y pese a las evidencias, el Instituto Nacional Electoral se negó a quitar el anuncio. Ayer, una vez más, el Tribunal Electoral tuvo que corregir al INE y dio la razón a este periódico en su argumento.
Antes de difundir su spot, cuando Anaya reclamó ante un juez que EL UNIVERSAL, supuestamente, no le había respetado su derecho de réplica, convirtió un tema periodístico en un pleito legal entre dos particulares. Nada malo en eso, pues estaba dentro de sus atribuciones personales.
El problema es que, al utilizar tiempos del Estado otorgados al PAN, se desprestigió a una empresa que no cuenta con prerrogativas estatales para exponer su punto de vista ante la misma audiencia.
Además se desinformó a la gente con el mensaje. Por un lado, el spot sacó de contexto frases expresadas por los periodistas Denise Maerker y Ciro Gómez Leyva para generar la percepción de que ambos hablaban en favor de Anaya. Por otro, dijo que había quedado demostrado que los señalamientos contra el político “no eran verdad”, a pesar de que el juez que resolvió el juicio sobre derecho de réplica nunca negó la veracidad del reportaje acerca de las propiedades del panista.
La resolución del Tribunal Electoral es importante no porque el argumento de EL UNIVERSAL prevaleciera, sino porque el fallo protege en lo sucesivo la labor periodística de aquellos poderosos para quienes la información, el análisis y la crítica es un “ataque”.
De ahora en adelante, ningún político deberá usar los tiempos del Estado para inhibir el derecho que tenemos todos a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo.