El uso autoritario de la democracia directa
Al saludar a quienes disfrutan de un merecido descanso y de tiempo para la reflexión, les comparto que el título de esta colaboración me surgió porque, al encontrarnos a tres meses de las elecciones más trascendentales de las últimas tres décadas en México, se escuchan voces preocupantes sobre el tipo de cambio para el país.
El 80 por ciento de la gente (8 de cada 10) concuerda en que el PRI ya no debe seguir gobernando y se requiere que otro partido llegue a la Presidencia de la República, pues aun cuando el candidato José Antonio Meade se quiera presentar como “ciudadano independiente”, lo cierto es que un voto por él sería respaldar ese priísmo rechazado por la mayoría nacional.
¿Qué cambio que beneficie al país es el que ayudará a resolver los grandes y graves problemas que padecemos? El hasta ahora puntero en las encuestas electorales, López Obrador, con su partido Morena, dice que es la opción. ¿Y qué propone?
Contra la corrupción: perdón a los corruptos; contra la inseguridad: amnistía a los narcotraficantes; así como unificar —en un mando único— a todas las fuerzas armadas del país (Ejército, Marina, policías federales y locales), a las cuales ha descalificado.
En lo concerniente al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, o sobre los matrimonios igualitarios: “consultar a la población” (¡como si los derechos humanos y libertades individuales ya conquistadas se debieran someter a referéndum!).
Respecto a las reformas energética y educativa: “consulta popular” para echarlas abajo y dar el control de la enseñanza a los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; disminuir el IVA en las fronteras y el Impuesto Sobre la Renta, y dar ingreso universal a los estudiantes.
¿Cuánto cuestan estas propuestas? Unos 4 billones de pesos (4 millones de millones) adicionales a los 5.4 billones que conforman el presupuesto nacional de este 2018. ¿Y de dónde van a salir si no es de las bolsas de los contribuyentes, de los impuestos? Al final de cuentas, más carga fiscal sobre la población.
Y cuando se le pregunta por qué todo a consulta si las reformas que quiere echar abajo están en la Constitución y tienen que pasar por el Poder Legislativo con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, responde: “Se hará lo que la gente quiera, lo que la gente diga”, en la plaza pública.
Esta es la nueva opción de “mandar al diablo a las instituciones”; es la versión mexicana de la llamada “democracia plebiscitaria” de la gente votando a mano alzada lo que el gobernante quiere que avale esa misma sociedad civil a la que ha desacreditado cuando dice que “le tiene mucha desconfianza” porque (según él) “simulan independencia, pero en realidad sirven a (lo que llama) la mafia del poder”.
Es la manera que gobiernos autoritarios tienen de ejercer el dominio: desde Hitler en Alemania hasta Chávez y Maduro en Venezuela.
Ciertamente la sociedad ha ido ganando importantes espacios de decisión en asuntos de trascendencia nacional: La democracia participativa, las consultas y plebiscitos, la existencia de los órganos autónomos y la enorme red de organizaciones de la sociedad civil son muestra de ello; pero siempre a través de cauces institucionales para complementar e, incluso, superar debilidades de las instituciones, no para reñir ni mucho menos para sustituir a los órganos del Estado mexicano.
En apariencia, tanta “consulta popular” pareciera “más democracia”, pero en realidad lo que se pretende es más dominio y autoritarismo concentrados en un gobernante con afanes dictatoriales para quien todos los demás entes políticos son parte de una “mafia del poder”.
La verdadera salida, estoy convencido, es la democratización del poder público mediante un gobierno de coalición con contrapesos institucionales, con un México no dividido, sino unido con todas sus fortalezas, riquezas y potencialidades.