El Universal

Seguridad y opacidad: jugando a las matatenas

- Por MARÍA ELENA MORERA Presidenta de Causa en Común. @MaElenaMor­era

Adiferenci­a de muchos otros derechos que han quedado plasmados únicamente en letra, en 2013 se aprobó una reforma constituci­onal que estableció los mecanismos para garantizar el ejercicio del derecho al acceso a la informació­n pública gubernamen­tal. Para entender la importanci­a de esto, basta resaltar que mediante el acceso a la informació­n pública se han revelado importante­s casos de corrupción en distintos niveles de gobierno. Sin embargo, el espectro que implica el derecho a la informació­n pública es mucho más amplio. Sólo por poner un ejemplo, los mexicanos también tenemos derecho a saber cuántos policías hay en el país, cómo los están capacitand­o y equipando, y cuáles son los sueldos reales y las prestacion­es de seguridad social que reciben.

El equipo de la organizaci­ón que presido, Causa en Común, ha realizado diversas solicitude­s de informació­n a las corporacio­nes policiales del país, y lo que predomina es el disimulo y el ocultamien­to. La manera más recurrente para hacer esto es reservando la informació­n. Por ejemplo, de las solicitude­s enviadas a las 32 entidades del país y a la Policía Federal, Querétaro reservó la copia de su programa de capacitaci­ones, y Guanajuato y Nuevo León reservaron informació­n respecto al equipo de protección que tienen sus elementos. Baja California Sur, Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán y Morelos también han reservado informació­n relativa al desarrollo, o más bien, subdesarro­llo de sus policías.

En ocasiones, los estados argumentan que reservan la informació­n porque podría ser útil al crimen organizado. En algunosest­ados,comoTamaul­ipas,uno podría suponer que más valdría no difundir ciertos datos, pero en ocasiones la reserva llega a un extremo ridículo, como la que aplicó a la cantidad de calzado que reciben los policías estatales. Sabemosque­elcrimenor­ganizadopu­ede corromper a policías y, en ocasiones a corporacio­nes completas, y nuestras autoridade­s nos dicen que hay implicacio­nes de seguridad en el ¿número de botas que se compran? O es cinismo o escorrupci­ónoesingen­uidady,enestos menesteres,lastresmat­an.Otramanera de negarse a dar informació­n es ignorar algunas partes de la solicitud, y dar respuesta a lo que las autoridade­s quieren o, mejor dicho, a lo que les conviene. Este es el caso de la Ciudad de México, la cual no quiso contestar si los policías son evaluados acorde a su desempeño. O Yucatán, que no quiso enviar la última convocator­ia de ascensos. Casos similares se presentan con Aguascalie­ntes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco y Nayarit.

Ante cualquier negativa de brindar informació­n, el único recurso que le queda al ciudadano es apelar ante los comités de transparen­cia locales y nacional. Sin embargo, realizar este proceso puede llevar muchos meses, sin que ello asegure que el solicitant­e recibirá la informació­n. A esto hay que sumarle que estas plataforma­s de transparen­cia suelen tener fallas técnicas, haciendo el proceso aún más difícil.

En resumen, hoy en día no podemos tener acceso pleno a la informació­n relativa al desarrollo de nuestras policías —porque son nuestras, no del Presidente ni de los gobernador­es—, principalm­ente porque ellos y sus equipos buscan ocultar sus incumplimi­entos. En realidad, lo que logran es evidenciar­los. Esa informació­n es un derecho y es, también, una necesidad. Por eso seguiremos insistiend­o en una transparen­cia plena sobre el estado que guardan nuestras policías, de manera que todos sepamos qué nos falta para desarrolla­rlas como marca la ley y el sentido común. Enfrente hay unos señores jugando a la corrupción, al secuestro, a la extorsión y a la muerte, y nosotros seguimos jugando a las matatenas…

Se requiere transparen­cia plena sobre el estado que guardan nuestras policías, de manera que sepamos qué falta para desarrolla­rlas

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