Corte defiende derecho de inmigrantes de abortar
• Prohíbe que gobierno de EU interfiera si indocumentadas bajo custodia federal quieren interrumpir su embarazo Pide gobierno aclarar causas de motín en Venezuela
Washington.— Un tribunal federal de Washington le dijo ayer al gobierno de Donald Trump que no puede interferir con la decisión de las inmigrantes adolescentes que están bajo custodia federal de interrumpir su embarazo.
La orden de la juez de distrito Tanya Chutkan le prohíbe al gobierno “interferir con u obstruir” el acceso de las menores embarazadas a un aborto ni las asesorías para abortar, entre otras cosas, mientras se dirime una demanda entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). El fallo atañe a las menores embarazadas que están bajo custodia federal tras ingresar al país ilegalmente.
La ACLU interpuso la demanda a nombre de las menores, y Chutkan permitió que la querella prosiga como demanda colectiva.
En diciembre, Scott Lloyd, director de la Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, señaló que no había aprobado ninguna interrupción de embarazo desde que se convirtió en director, en marzo de 2017. Rechazó la solicitud de aborto de una adolescente que fue violada.
En su fallo, Chutkan dijo que Lloyd y su oficina “tienen derecho a mantener un interés en la vida del feto”, e incluso a preferir que las menores embarazadas bajo su custodia “elijan una opción en lugar de otra”, pero el gobierno no puede implementar una política que las despoje “de su derecho a tomar sus propias decisiones reproductivas”. Caracas.— El gobierno venezolano pidió ayer a la fiscalía general emprender una investigación para determinar las causas y responsabilidades del motín en el centro de detenciones de la policía de Carabobo que dejó al menos 68 muertos, y garantizó medidas de reparación para familiares de las víctimas.
En una declaración sobre el suceso ocurrido el miércoles, el gobierno pidio “aplicación implacable y firme de la justicia”. Explicó que junto con la gobernación regional de Carabobo, en el norte del país, conformó un equipo multidisciplinario y la activación de los protocolos necesarios para la protección integral a cada una de las familias afectadas, así como la atención a las personas que resultaron lesionadas.
“De igual manera, se ha acordado el otorgamiento de medidas de reparación de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, señaló. La oposición había criticado al gobierno por su silencio ante lo ocurrido.
Fuentes policiales indicaron a la AFP que ayer sólo quedaban ocho cuerpos por ser entregados a sus familiares, que no los habían reclamado. La ONG Una Ventana a la Libertad —que defiende los derechos de los presos— asegura que las llamas fueron iniciadas por un grupo de detenidos que planeaba fugarse.
La oficina de Naciones Unidas (ONU) había pedido una investigación a fondo del caso y alertó sobre el hacinamiento y las condiciones en las prisiones y cárceles de la policía en Venezuela.