Un nuevo gobierno… ¿por 18 años?

Si bien casi todo el mundo tiene presente que el próximo 1 de julio es la elección presidencial y de ambas Cámaras del Congreso de la Unión (senadores y diputados), pocos tienen presente otra serie de factores que podrían incidir a que un nuevo gobierno (electo) se instale por un largo periodo de tiempo en el poder.

Lo anterior tienen que ver con dos factores: a) la Ley Electoral vigente y b) la nueva Ley de Publicidad Oficial, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado expedir. Ambos instrumentos son clave para posicionar las acciones de un gobierno y de un candidato y son la piedra angular de cualquier estrategia electoral.

La Ley Electoral que tenemos desde 2006 es totalmente estatista y sólo permite a los partidos políticos hacer campañas y también, sólo a ellos, hacer promoción de temas políticos y electorales. Estas campañas se hacen principalmente con los spots gratuitos que el Instituto Nacional Electoral (INE) da a los partidos políticos, cuya asignación es proporcional al número de escaños que obtienen en la Cámara de Diputados. Así, un partido que obtenga la mayoría en la elección del 1 de julio, en la Cámara de Diputados, tendrá también la mayoría de spots electorales para la siguiente elección (del 2021). Con lo que los resultados de la elección del 1 de julio no sólo definen quién va a gobernar y quién tendrá la mayoría en cada Cámara del Congreso, pero también desde ya se definirá quién tendrá el mayor número de promocionales (o spots) para la próxima elección de dentro de tres años.

El esquema es tan estatista y arbitrario que, por ejemplo, una candidatura independiente —como la de Margarita Zavala— tiene derecho a un (1) spot por cada 124 que tiene la alianza PRI-PVEM-NA o por cada 119 que tiene el Frente conformado por PAN-PRD-MC. Con lo que queda claro que desde ahora quien tenga mayoría en estas elecciones, tendrá una ventaja para los comicios de 2021.

El otro elemento de cualquier estrategia político-electoral es la publicidad que un gobierno puede hacer durante su periodo de gestión. Luego de un mandato constitucional incumplido, desde 2015, la Corte ha ordenado que se expida una nueva Ley de Publicidad Oficial y que ésta tiene que estar lista, en teoría, para el próximo 30 de abril.

Esta nueva ley va a regir la publicidad del gobierno federal, pero también la de los gobiernos estatales y municipales. Esto significa que cualquier promoción (éxitos y logros) de un gobernante —ya sea en medios electrónicos, impresos y hasta en internet— será regulada por esta ley, así que ésta regirá todo lo que sucede en periodo no electoral para posicionar logros de gobierno. De ahí su importancia. Además, regulará un importante gasto publicitario: 6 mil millones de pesos por año por parte del gobierno federal y otro tanto, incluso superior, por parte de los gobiernos estatales y municipales.

Si esta ley no la expide la actual Legislatura, en el que hay un equilibrio entre partidos y nadie tiene mayoría por sí mismo, en un nuevo gobierno con mayoría en el Congreso se podría aprobar una Ley de Publicidad Oficial que haga nugatoria la posibilidad de que un gobernador, un presidente municipal o cualquier otro funcionario público pueda promover —con recursos públicos y hasta con privados— sus logros o dar cuenta de sus acciones de gobierno. Así, nadie se podría dar a conocer con sus gobernados.

Con ello, queda claro que un siguiente gobierno con mayoría en el Congreso no sólo va a tener la mayor parte de los spots electorales para las elecciones del 2021, sino también la posibilidad de expedir una Ley de Publicidad que evite que crezcan o se den a conocer logros.

La mezcla entonces de la actual Ley Electoral y la nueva Ley de Publicidad, que ha ordenado la Corte, puede generar un nuevo régimen político que inhiba el crecimiento de nacientes figuras públicas, privilegiando el mantenimiento del status quo que se obtenga el próximo 1 de julio.

El riesgo entonces de un régimen que perdure durante años, por el control de medios de comunicación, de la publicidad oficial y de los spots en época electoral, parece ser una posibilidad real.

En regímenes como el venezolano, que justo lleva 18 años en el poder, el cambio de la legislación y el control de medios se ha dado con el paso de los años, pero en México, el fuerte control que los políticos decidieron asumir de los procesos electorales desde 2006, aunado al reciente mandato de la Corte para regular la publicidad oficial parecen ser una mezcla potencialmente explosiva que podría dar lugar al establecimiento de una cuasi-dictadura a partir de leyes dadas desde un modelo democrático.

Cambiado de temas… *El día de hoy se tiene previsto que en la Cámara de Diputados empiece, en la Comisión de Gobernación, el análisis de la Ley de Publicidad Oficial. La iniciativa que hasta ahora parece tener más firmantes es la presentada por las bancadas del PRI-Verde-Panal. A pesar de que la ley, de aprobarse, entraría en funciones hasta el ejercicio fiscal de 2019, es decir, para el nuevo gobierno federal, PRI-Verde-Panal presentaron una iniciativa bastante equilibrada que tiene avances en transparencia, eficiencia del gasto y en separar criterios de inversión con los de línea editorial de cada medio de comunicación. Es en sí un avance sobre los existentes Lineamientos Federales en Materia de Publicidad, sobre los que la Corte ha expresado ya opinión favorable. Esta iniciativa está tan bien diseñada que hasta parece que están seguros que van a mantener el control del gobierno federal el año entrante. Pero falta ver el ánimo del resto de los partidos en un tema que es toral para cualquier político.

*Penoso ver las discusiones de grupos de interés pidiendo “subsidios” para medios de comunicación en lo que sería la nueva Ley de Publicidad Oficial. Mejor sería reducir drásticamente los millonarios recursos públicos en publicidad, con la sola excepción de campañas de emergencia para educación, salud y protección civil. Sin lugar a dudas, sería mejor invertir estos recursos en infraestructura y en educación. También, sería buen momento para discutir la desaparición de los llamados Tiempos Oficiales en radio y TV, spots que usan gobierno y partidos gratuitamente en radio y TV, y que sólo sirven para mensajes frívolos en los que además se gasta una fortuna en costos de producción.