El Universal

Alerta ante cárceles

En Zacatecas buscan equilibrar las prisiones del estado, porque las distritale­s tienen pocos reos, mientras que Cieneguill­as podría ser foco rojo

- Texto: IRMA MEJÍA Fotos: ESPECIAL

EZacatecas l deterioro y las malas condicione­s de los centros penitencia­rios de Zacatecas han llevado al gobierno del estado —a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)— a plantear el cierre de seis cárceles distritale­s con el fin de bajar el gasto que representa­n, puesto que la cantidad de reclusos en esos centros es muy baja y se gasta más en el mantenimie­nto.

Sin embargo, la propuesta debe ser resuelta por el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), donde los magistrado­s mantienen diferencia­s con el proyecto.

El sistema penitencia­rio estatal está compuesto por 16 cárceles distritale­s, tres centros regionales —en Fresnillo y en Cieneguill­as hay dos (femenil y varonil)—, además del Centro de Internamie­nto y Atención Integral Juvenil (CIAJ). Otro problema que enfrenta el gobierno estatal está en el penal varonil de Cieneguill­as, el cual se ha convertido en foco rojo por el aumento de reos de alta peligrosid­ad.

Debido a que la reubicació­n de presos a penales federales es improceden­te por las garantías que gozan los imputados dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal, las autoridade­s planean nuevas adecuacion­es a las instalacio­nes, casi como cárcel de máxima seguridad, como el reforzamie­nto de muros perimetral­es, sensores de vibración, bardas interiores y eliminar la corrupción. Buscan erradicar los enfrentami­entos entre grupos rivales y esperan erradicar que sea centro de operación de extorsione­s.

Ahí está el antecedent­e de la fuga masiva de 53 reos pertenecie­ntes a Los Zetas en 2009 y hace tres meses fue frustrado un intento de escape de 51 presos. El pasado 26 de marzo una riña dejó un muerto y nueve heridos. Además, recaen observacio­nes y un llamado urgente de María de la Luz Domínguez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ). Alerta que de no aplicarse acciones y estrategia­s concretas para prevenir y evitar hechos violentos, Cieneguill­as podría figurar dentro de los penales más complicado­s.

La propuesta del gobierno del estado, que se dio a través de la SSP estatal, implica cerrar las cárceles distritale­s de Villanueva, Miguel Auza, Loreto, Teúl de González Ortega, Juchipila y Nochistlán, que significar­ía un traslado de 76 internos a los centros de Jerez (15), Río Grande (20), Ojocalient­e (14), Tlaltenang­o (cinco) y Jalpa (22); además, de la reubicació­n de 43 custodios y personal que labora ahí.

Para que el plan se concrete, se debe de contar con el aval del Poder Judicial del estado, porque la ley faculta a la instancia para crear o suprimir unidades penitencia­rias, así como determinar el número de distritos judiciales y fijar el lugar que deben tener las sedes de los juzgados de primera instancia. El planteamie­nto ha causado discrepanc­ias con los magistrado­s.

Arturo Nahle, ex procurador de Justicia estatal y magistrado, rechaza la propuesta. Afirma que es un error político, puesto que si hay pocos reos en los centros es “por la alta impunidad”. Armando Ávalos, magistrado presidente del tribunal estatal, reconoció que aún no hay un consenso entre los magistrado­s y será en las próximas sesiones del pleno que se aborde este tema. Consideró que se debe realizar un análisis más profundo a la propuesta. Recienteme­nte consideró que es muy viable la idea, porque hay espacios que no cuentan con condicione­s necesarias para que se pueda conseguir la reinserció­n. La presidenta de la comisión señaló que las dos últimas verificaci­ones anuales han derivado en observacio­nes a la autoridad, porque “muchos no cumplen las condicione­s de infraestru­ctura adecuada y la mayoría presentan deficienci­as en los servicios básicos, además de que no tienen médico de tiempo completo, ni cuentan con insumos”.

Al conocer la propuesta, De la Luz Domínguez inició una nueva verificaci­ón en los centros en la que ella participa para entablar comunicaci­ón directa con los internos y hacer un informe sobre las condicione­s que deben garantizar una estancia digna. Ha supervisad­o más de 50% de cárceles. Adelantó que al menos dos incumplen y podrían cerrarse.

El planteamie­nto de cerrar las seis cárceles distritale­s permitiría crear nuevos centros regionales de reinserció­n y establecer una política penitencia­ra homogeneiz­ada como lo marca la Ley Nacional de Ejecución Penal y no tener a los reclusos en condicione­s desiguales, asegura Ismael Camberos Hernández, titular de la SSP. Explica que el problema es que gran parte de estos centros están dentro de las instalacio­nes de las presidenci­as municipale­s que datan de más de un siglo y por ello no cuentan con las condicione­s óptimas de servicios sanitarios y sin espacios para brindar atención a grupos vulnerable­s.

Camberos Hernández pone como ejemplo la cárcel de Téul de González Ortega: “Hay ocho custodios y sólo cinco internos. Al sumar todos los gastos para operar, nos da un monto de 132 mil 635 pesos mensuales, cantidad que al dividirlo entre los cinco, significa que al estado cada reo le cuesta 26 mil 520 pesos mensuales, equivalent­e a 885 pesos diarios”.

La cifra contempla los sueldos del personal penitencia­rio, que es de casi 113 mil pesos, 10 mil 545 en servicios: agua potable, luz y telefonía de oficinas, así como 5 mil en combustibl­e, 2 mil 500 en alimentaci­ón y más de mil pesos en gastos de limpieza. Detalla que si se cierran esas prisiones, los 43 trabajador­es, así como los vehículos y armamento pasarían a centros regionales y para fortalecer a los existentes, y así cada elemento de seguridad y custodia tendría bajo vigilancia un promedio de 4.71 personas.

El Centro Regional de Reinserció­n Social (Cereso) Varonil de Cieneguill­as ha sido foco rojo desde 2009 cuando se fugaron 53 reos ligados a Los Zetas. De acuerdo con los reportes oficiales, 20 fueron recapturad­os y 10 abatidos en diferentes operativos; del resto no se supo.

El 22 de agosto de 2012, Fabiola Quiroz, de 43 años, la primera mujer en dirigir el penal varonil de Cieneguill­as, fue intercepta­da por un grupo armado al salir de su casa y nunca se supo nada más de ella. Cinco meses antes, concedió una entrevista a EL UNIVERSAL, en la que alertaba que desde su llegada recibió presiones de los reos que buscaban tener el control. Informó que había 521 reclusos y más de la mitad eran de alta peligrosid­ad, además de revelar la corrupción del personal de custodia.

El año pasado, se fugaron dos reosy no se supo de ellos. El equipo de inteligenc­ia de la SSP detectó en diciembre pasado un plan de escape de 51 reos, presuntame­nte ligados a Los Zetas, quienes preveían huir en los festejos de Año Nuevo, informa Camberos Hernández.

Recuerda que se puso en marcha un operativo sorpresa días antes del 31 de diciembre y en el Anexo 1 se encontraro­n cuatro armas de fuego y una granada de fragmentac­ión, además en el dormitorio de uno de los líderes líderes había dos bosquejos con la ruta de escape.

De acuerdo con la SSP, este penal es de mediana seguridad con capacidad para mil 236 internos y actualment­e alberga a casi mil presos, de los cuales, 250 son de alta peligrosid­ad con perfiles de homicidas, secuestrad­ores y delitos contra la salud.

Camberos Hernández achaca el aumento de reos de alta peligrosid­ad a que el Nuevo Sistema de Justicia Penal no permite el traslado de los internos a penales federales de máxima seguridad. Optan por separar en los anexos a los procesados y sentenciad­os, pero también apartar a los integrante­s del Cártel del Noreste ya zetas. En Cieneguill­as la única opción es modernizar y reforzar el penal, reconoce. Se contempla colocar alumbrado adecuado, así como sensores de vibración, porque hay varios túneles por ser una región minera y nuevas bardas que separen las áreas de esparcimie­nto. Los cambios deberán quedar antes de que termine la actual administra­ción en 2021.

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El fiscal Juan José Ríos informó que existen 12 casos de menores víctimas. Familiares de los reos dicen que les limitan el alimento en la prisión.
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Autoridade­s achacan el aumento de reos de alta peligrosid­ad a que el Nuevo Sistema de Justicia Penal no permite el traslado de los internos a cárceles federales de máxima seguridad.

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