Novedades en el sector de los medios de comunicación
Facebook y su nueva regulación: el día de hoy testificará en el Congreso de Estados Unidos (EU) el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg. Se había resistido a comparecer luego de más de un año de críticas por las fake news que la plataforma propagó en las elecciones del 2016 en el vecino país del norte. Sin embargo, será inevitable que lo haga luego del escándalo que permitió que varias consultoras usaran indebidamente la información de más de 87 millones de usuarios de la red social (la mayoría en Estados Unidos) y, quizá para Zuckerberg más importante, después de que el valor de la acción cayera en los últimos tres meses un 27%, lo que representó pérdidas en su valor de capitalización por 123 mil millones de dólares. Para poner este monto en perspectiva, equivale a: ¡dos veces el valor total de América Móvil (Telcel-Telmex y Claro) o diez veces el valor de Grupo Televisa! Así, luego de esas tremendas pérdidas, de una enorme crisis de credibilidad y la amenaza de una regulación seria, el presidente de Facebook irá al Congreso en busca de mejores ánimos y para minimizar riesgos regulatorios.
De hecho, se adelanta que Zuckerberg va a aceptar parte de la llamada Honest Ads Act mediante la cual Facebook, Twitter y Google se obligarían a tres cosas: a) a hacer público el nombre del comprador de cada anuncio electoral que aparece en su portal (tal y como actualmente sucede en televisión con una pequeña letra durante la transmisión del promocional); b) verificar quién es el comprador de cualquier contenido que promueva cuestiones políticas y/o divisorias (racismo, control de armas, etcétera), aquí para tratar de evitar la influencia extranjera sobre los estadounidenses; y c) mantener un registro de cualquier persona que compre más de $500 USD al mes en publicidad.
Con ello, Facebook trata que la legislación que le imponga el Congreso sea similar a la de la radio y la TV en Estados Unidos y no algo más severo, como muchos legisladores ya están solicitando.
Resulta interesante que los ofrecimientos que ha hecho Zuckerberg sólo aplicarían para Estados Unidos, no para su plataforma y usuarios en otros países. No estaría de más que el Instituto Nacional Electoral, que tiene un convenio firmado con Facebook —mismo que no dice gran cosa—, mejore su contenido y exija el mismo trato para cuestiones electorales en México que lo que se está ofreciendo para EU.
En varios países del mundo la tendencia está siendo regular a Facebook como una empresa de medios y ya
desde la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones en el 2014, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había validado la geolocalización de equipos celulares sin orden judicial, pero en un nuevo fallo de apenas el pasado 20 de marzo, ahora del Pleno de la Corte, resolvió que, luego de revisar el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), para la geolocalización sí se requiere de una orden judicial (salvo algunas excepciones, como que corra peligro la vida del secuestrado, situación en la que los funcionarios policiacos podrán solicitar a las empresas telefónicas la geolocalización, pero informando posteriormente al juez).
Este cambio de criterio, si bien deja ver una desconfianza de la Corte en los organismos de procuración de justicia, también deja algunas dudas en la aplicación práctica de la Ley, pues si las procuradurías piden a las empresas telefónicas la geolocalización en directo y sin orden judicial con base en los artículos 189-190 de la Ley de Telecomunicaciones, sí habría que darles la información, pero, en cambio, si lo hacen con base en el artículo 303 del CNPP, se requiere de una orden judicial (salvo algunas excepciones).
Es probable que mientras no haya claridad en el tema, todas las empresas telefónicas en México se resistan a dar información de sus usuarios a las autoridades (tanto geolocalización como acceso a sus datos).
En este sentido, el gobierno estadounidense ha ofrecido dar al gobierno mexicano una nueva tecnología para el espionaje y poder así combatir con mayor facilidad algunos delitos de alto impacto, pero dado que esta tecnología involucra acceso directo a las centrales digitales, las telefónicas en México están negando el acceso.
Lo que se quisiera implementar en México, con la ayuda de EU, es un sistema similar al que desde 1995 opera en aquél país (Communications Assistance for Law Enforcement Act, CALEA), mismo que originalmente cubría líneas telefónicas, pero ha sido ampliado para cubrir voz sobre internet (VoIP) e Internet.
*Ley de Publicidad Oficial: hoy debe someterse a votación la propuesta de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para regular la publicidad oficial en los tres niveles de gobierno. Si efectivamente hoy se aprueba por una mayoría simple en Diputados, pasará al Senado y ahí los senadores apenas tendrán los días suficientes para procesar el tema. De no pasar el dictamen en la Cámara de Diputados, es prácticamente un hecho que el Congreso de la Unión caerá en desacato de un fallo judicial del Pleno de la Corte, algo nunca antes visto y en donde hay dudas sobre qué legisladores serán los responsables y cuáles serán las consecuencias. Será un choque entre dos Poderes de la Unión —la Corte y el Congreso— por incumplimiento a un artículo transitorio constitucional que ordenaba tener una ley de publicidad desde 2015, lo que no ha sucedido. Ojalá se logre evitar un conflicto entre Poderes de la Unión. Hoy es fecha clave para ello.
Es probable que mientras no haya claridad, todas las empresas telefónicas en México se resistan a dar información de sus usuarios a las autoridades (tanto geolocalización como datos)