¿A dónde se fueron los subsidios pesqueros?
En México, existen miles de familias que dependen de la riqueza de los mares mexicanos. Mujeres y hombres que trabajan para extraer o procesar lo que para muchos se convertirá en alimento. Existen barcos con tecnología avanzada que extraen especies para la exportación, embarcaciones de fibra de vidrio tripuladas por pescadores con recursos limitados que operan en costas, esteros o bahías; y acuacultores y maricultores con instalaciones modernas y modestas.
La pesca mexicana no se percibe como relevante, pues genera menos de 3% del PIB. Sin embargo, brinda al menos 172 mil empleos tan sólo en los 17 estados costeros —14 mil pertenecen a mujeres—. Las flotas industrial y artesanal producen en promedio 1.2 millones de toneladas al año, mientras que la acuacultura 222 mil. Esto se traduce en 17 mil mdp anuales en ganancias.
Mario Aguilar, titular de la Conapesca, enfocó esfuerzos al desarrollo, crecimiento y fomento de la industria. Entre las metas destacó el aumento del consumo de pescados y mariscos per cápita en el país, las certificaciones, el manejo con enfoque de mercado, equidad de género y ordenamiento; siempre en cooperación con el sector y organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, la realidad no parece coincidir con los discursos.
Las metas de la comisión carecen de una visión integral. El trabajo de investigación colaborativa impulsado por dataMares a finales del 2017 expone los retos en equidad de género, precarización y desigualdad, así como la poca transparencia en el acceso a permisos de pesca cuya información es opaca y con tintes de corrupción.
Periodistas y el equipo científico de dataMares abordamos en una nueva entrega, publicada esta semana en El Gran Diario de México, un tema poco estudiado: ¿cómo se invierte el presupuesto público en la pesca?
No sólo queda al descubierto la falta de metas concretas y, por lo tanto, de indicadores para medir el impacto de las acciones e inversiones del gobierno. También se evidencia un sistema ineficiente plagado de programas inconsistentes donde la Conapesca permite seguir usando fondos públicos para mantener el estatus quo, impidiendo a México alcanzar sus propias metas de sustentabilidad. Esta crítica se refuerza con la evaluación de la Auditoría Superior de la Federación en el año 2014.
Los resultados de esta nueva investigación invitan a reflexionar y elevar la discusión para buscar un cambio desde la raíz. El sector pesquero incluye a un porcentaje significativo de las estadísticas de pobreza, por lo que la Conapesca y la Sagarpa deben diseñar programas que abonen al combate a la pobreza. Los subsidios deben ayudar a los más vulnerables a crear capital para mantenerse de manera eficiente y generando ganancias. Se deben eliminar programas de subsidios que incentivan la sobreexplotación de los recursos pesqueros y a su vez, usar esos fondos en áreas que generen beneficios a los productores y sus comunidades.
Ante las carencias, desventajas y desigualdad, debemos exigir transparencia en el uso de los recursos públicos y en los procesos de decisión sobre el manejo del capital natural. No podemos pensar en un futuro sustentable, si no cumplimos con estándares básicos de calidad de vida para la fuerza laboral del sector pesquero. El acceso a la información debe garantizarse y debemos trabajar en conjunto para crear las condiciones que permitan a México, y su sector pesquero, no sólo alcanzar las metas establecidas, sino ser ejemplo de sustentabilidad y bienestar social.