Acusan de negligencia a edil de Arcelia ante saqueos
••• Chilpancingo.— A las 10:20 de la mañana, cuando policías estatales y federales recibieron el reporte de que en el centro de Arcelia —en la Tierra Caliente de Guerrero— una turba se robaba todo lo que podía de las dos tiendas El Surtidor, habían pasado ya seis horas y prácticamente los locales estaban vacíos. Nadie impidió el saqueo.
A las 10:45 horas, cuando por fin llegaron los agentes, según el reporte de seguridad, 800 personas aún seguían robando los productos.
El vocero de Grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, acusó al presidente municipal de Arcelia, al priísta Adolfo Torales Catalán, de actuar con total negligencia ante los saqueos.
“La autoridad de Arcelia fue totalmente negligente, ya que nunca actuó ni siquiera para reportar los hechos que estaban en curso”, lamentó el vocero en un comunicado.
De acuerdo con Álvarez Heredia, la Fiscalía General del Estado (FGE) calculó las pérdidas en 35 millones de pesos: 20 millones en una tienda y 15 en la otra.
El representante legal de la tienda informó a la FGE que los saqueadores “se llevaron licores de diversos tipos, artículos de farmacia, de panadería y toda la mercancía de abarrotes, cajas de jabón, de aceite, de papel de baño y de servilletas, entre otros productos”.
En el reporte de seguridad se indica que los agentes de la Policía Estatal se comunicaron con el dueño de la tienda, pero la llamada la respondió la hermana, quien informó que los dos negocios fueron abiertos desde las cuatro de la mañana
y que por este caso no presentarán denuncia debido a que al dueño de la tienda ya lo secuestraron en dos ocasiones.
Álvarez Heredia aseveró que los saqueos fueron azuzados presuntamente por un grupo delictivo que opera en la zona para presionar al empresario a pagar una extorsión. Según informes de la Secretaría de Seguridad Pública, en Arcelia el grupo delictivo La Familia Michoacana mantiene el control.
En Arcelia y en los ocho municipios de Tierra Caliente, la Policía Municipal está desarmada desde 2014 por el caso Iguala.