Lanzan unidad para recuperar bienes
• Si un servidor público obra mal, hay consecuencias que pagar, advierte la gobernadora
Hermosillo.— Ayer, se puso en marcha la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera (UNIPAF) de la Fiscalía de Justicia del Estado que, mediante la extinsión de dominio, trabajará en la recuperación de bienes y recursos sustraídos ilegalmente por servidores públicos, durante el ejercicio de sus cargos.
En el evento, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano (PRI) señaló que la creación de esta dependencia obedece a una lucha a favor de la ciudadanía y en contra de la corrupción: “Para quienes pensaron que no pasa nada, pues sí pasa, si un servidor público obra mal, hay consecuencias que pagar”, expuso.
Esta unidad podrá recabar y consolidar información fiscal, patrimonial y financiera vinculada con algún delito, y en su caso promover y ejecutar la extinción de dominio, mecanismo judicial para declarar la pérdida del derecho de propiedad recursos, para que éstos regresen a los sonorenses.
Además, se dio a conocer que dicha instancia surgió a raíz de una iniciativa presentada por la mandataria en 2015 y que fue aprobada por el Congreso local.
“Lo que quiero que la ciudadanía sepa es que estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo con la responsabilidad de encauzar a Sonora por un camino de crecimiento económico y social. Pero también estamos cumpliendo en materia de transparencia, rendición de cuentas y, con esta nueva área de la Fiscalía, estamos cerrando la pinza a la impunidad”, dijo.
Hace unos días Pavlovich Arellano promulgó un decreto por el cual se reconoce la competencia de jueces en materia de extinción de dominio, mediante el cual el Estado podrá perseguir los bienes que se hayan adquirido de manera ilícita con recursos públicos e incluso se podrá exigir la reparación de daños patrimoniales cometidos por servidores públicos.
Presentan inmuebles. En el evento, el fiscal estatal, Rodolfo Montes de Oca Mena, presentó varios inmuebles, entre ranchos, casas, y terrenos. Los aseguramientos, dijo, son producto de investigaciones hechas por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) hacia funcionarios de la administración anterior, encabezada por Guillermo Padrés, y ascienden a más de 561 millones de pesos.