Fin de ciclo
Concluyó el último periodo ordinario de sesiones del Senado de la República. Con ello, se cierra un ciclo de reformas legislativas que trastocaron profundamente los cimientos del pacto social emanado de la Constitución de 1917.
Las LXII y LXIII legislaturas se erigieron prácticamente en un órgano constituyente. A lo largo de su ejercicio se realizaron 150 reformas constitucionales, 21 por ciento del total de las reformas realizadas a la Constitución desde su promulgación. Algunas representaron avances, como las realizadas en materia de derechos humanos con la nueva Ley de Niñas, Niños y Adolescentes; las leyes para sancionar la tortura; la desaparición forzada; la atención a víctimas; en contra de la discriminación, y la protección de los niños migrantes. Al igual que las leyes de transparencia y acceso a la información pública; rendición de cuentas; las que crearon el Sistema Nacional Anticorrupción, o las nuevas leyes de ordenamiento territorial y desarrollo metropolitano. Destaca, en particular, la reforma constitucional que reconoció a la Ciudad de México como una entidad de la Federación, otorgándole autonomía y el derecho a contar con su Constitución Política.
Sin embargo, el sello distintivo de este Senado son las llamadas reformas estructurales: la reforma laboral, que desreguló la relación obrero patronal, conculcando los derechos de los trabajadores a la contratación colectiva, a la estabilidad y permanencia en el empleo, a una jornada laboral de ocho horas y a un salario remunerador, al establecer el outsourcing, que permite la contratación por hora, día, semana o mes.
La reforma energética, que rompió con el principio fundacional de la propiedad originaria de la nación sobre los recursos del subsuelo, y puso fin al reconocimiento de las industrias de hidrocarburos y de electricidad como áreas estratégicas reservadas al Estado, o la reforma educativa, que revocó las condiciones generales de trabajo y los derechos del magisterio, al regular de manera unilateral su ingreso, promoción y permanencia en el empleo.
Así como, diversas leyes que conculcan las libertades políticas de los mexicanos, por ejemplo: la Ley de Seguridad Interior, que en realidad se trata de una ley de seguridad del Estado, al permitir que las fuerzas armadas asuman el mando de los territorios donde el Ejecutivo federal emita una declaratoria de riesgo a la seguridad interior, subordinando a la autoridad y a la población civil a la autoridad militar.
El Senado quedó marcado, por la profunda crisis de las instituciones públicas y la descomposición de los partidos políticos, resultado de prácticas corruptas, como el moche legislativo, y el pragmatismo de cúpulas partidarias que suscribieron el Pacto por México, suponiendo que éste se convertiría en su fuente de legitimidad, derivó en el desdibujamiento del sistema de partidos, caracterizado hoy por alianzas electorales inexplicables para el ciudadano, lo que derivó en su fragmentación. Basta ver el encono en las disputas internas del PAN, la inconformidad silenciosa en el PRI y el declive del PRD a la marginalidad, que perdió a lo largo de esta legislatura 17 integrantes.
Pese a todo, un nuevo ciclo, el principio del fin, iniciará el próximo 2 de julio.