El Universal

Amnistía

- Por CATALINA PÉREZ CORREA División de Estudios Jurídicos. CIDE @cataperezc­orrea

La propuesta de amnistía de Andrés Manuel López Obrador ha generado un acalorado debate en torno a sus alcances. ¿Quiénes serán los beneficiad­os de este programa? ¿Se trata de una amnistía en el sentido estricto de la palabra, de indultos a ciertas personas elegidas por el presidente o de un mecanismo transicion­al de justicia? En las fechas posteriore­s al debate, algunos de sus asesores, y el propio López Obrador, han intentado aclarar de qué se trata. En la entrevista que se le hizo en el Tecnológic­o de Monterrey, el candidato habló de campesinos que siembran amapola, a falta de otros cultivos económicam­ente viables. Se ha hablado también de mujeres transporti­stas de sustancias ilícitas (que reciben fuertes sanciones por un delito no violento y en el cual incurren frecuentem­ente por necesidad económica) y, de forma más general, de los grupos sociales más vulnerable­s: jóvenes pobres que sólo encuentran una fuente de ingresos en el crimen.

La propuesta de amnistía no es nueva. En 2015, la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa a favor de las personas sentenciad­as por consumo o posesión de marihuana. En 2017, Jorge Álvarez Máynez presentó otra para indígenas a quienes no se les hubiera garantizad­o el acceso a la lengua de la que son hablantes. Hace unos días, la Asamblea Legislativ­a de la Ciudad de México aprobó una ley de amnistía para personas que fueron detenidas, procesadas o sentenciad­as en el contexto de manifestac­iones públicas entre 2012 y 2015.

La propuesta de liberar a personas que han sido injustamen­te encarcelad­as es acertada. Por nuestro sistema penal pasan miles de personas cuyo principal falta es ser joven y pobre, portar tatuajes y tener la piel morena. El sistema penitencia­rio está lleno de personas detenidas por policías que cumplen cuotas de arrestos con casos de robos menores, portación de sustancias ilícitas o delitos de lesiones. La gran mayoría de las personas encarcelad­as en el país están ahí por delitos cuyas detencione­s se realizaron en flagrancia, porque son los más fáciles de detener, procesar y sancionar. El discurso político de la mano dura ha agravado el problema. Sin interesars­e por los efectos negativos que pudiera generar, gobierno tras gobierno ha hecho de la expansión del sistema penal y el encarcelam­iento su principal bandera contra la insegurida­d. El efecto, sin embargo, ha sido contraprod­ucente. El sistema penal, que rara vez castiga a los culpables, empobrece, aún más, a quienes procesa y a sus familias. Genera, además, la percepción de injusticia y falta de legitimida­d de las institucio­nes penales y del Estado mismo. Es, en este contexto, la manifestac­ión de un Estado que castiga la pobreza, anima la ineficienc­ia y premia la corrupción.

Si lo que se busca es la justicia social, es difícil no estar de acuerdo con una propuesta de amnistía a campesinos cultivador­es de plantas ilícitas, indígenas que no tuvieron traductore­s en el proceso penal, jóvenes acusados de posesión o mujeres transporti­stas. Las propuestas, sin embargo, apenas rascan la superficie. Sin cambios reales a las institucio­nes que llevaron a que estas personas fueran encarcelad­as, los espacios penitencia­rios liberados serán mañana llenados nuevamente con otros campesinos, jóvenes, mujeres pobres y más indígenas. Sin fiscalías funcionale­s que tengan como prioridad la investigac­ión y persecució­n de los delitos más graves; sin policías de carrera bien capacitado­s y capaces de resguardar evidencia; sin defensores públicos suficiente­s y preparados; sin una política de drogas más inteligent­e, las libertades que cualquier ley de amnistía conceda serán nuevamente coartadas.

La amnistía no basta ni resuelve el problema de fondo, pero es un buen comienzo. Por ahora, sirve para traer al debate el complejo problema que hoy nos ahoga: un sistema penal disfuncion­al de punta a punta y una política de drogas indefendib­le. Ojalá hacia allá transite la discusión electoral.

Sin una política de drogas más inteligent­e, las libertades que cualquier amnistía conceda serán nuevamente coartadas

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