Hacia una nueva agenda sobre refugiados en México
México enfrenta una nueva realidad en materia de movilidad humana. Además de ser país de tránsito de personas migrantes, se ha convertido en país de destino para personas que huyen de la violencia y la persecución, es decir, un país de destino para personas refugiadas.
El número de solicitantes de la condición de refugiado pasó de mil 296 en 2013 a 14 mil 956 en 2017, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). La mayoría de estas personas provienen de Honduras, El Salvador y, ahora también, de Venezuela.
Esta nueva realidad requiere de una respuesta distinta por parte de las autoridades y para ello, resulta prioritario ajustar la política migratoria y de protección a refugiados.
Si se considera la población del país, el número de personas refugiadas en México sigue siendo reducido: hay una persona solicitando la condición de refugiado por cada 9 mil mexicanos y, en 2016, México no figuraba entre los primeros 100 países receptores de personas refugiadas a nivel mundial en términos per cápita.
Basado en su larga y orgullosa tradición de asilo, México ha desarrollado una avanzada normatividad, plasmada en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y ha reafirmado su responsabilidad con la protección de las personas refugiadas en la Declaración y el Plan de Acción de Brasil, la Declaración de Acción de San José y en la pasada Cumbre de Líderes sobre Refugiados de 2016.
Estos compromisos culminaron en la adopción del capítulo de México del Marco Integral de Respuestas de Protección
Nuestro país se ha convertido en uno de destino para personas refugiadas que huyen de violencia y persecución
y Soluciones, un paso hacia la consolidación del Pacto Global sobre Refugiados y que abre una oportunidad para hacer frente a retos como:
• Dotar a la Comar de autonomía orgánica y de gestión, mayores recursos financieros, técnicos y humanos e incrementar su presencia geográfica, tal como subrayó el Alto Comisionado, Flippo Grandi, en su visita a México el año pasado.
• Fortalecer a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), para evitar la deportación expedita sin una evaluación del interés superior de la niñez previa; la identificación de necesidades de protección internacional; la no privación de la libertad y medidas de cuidado alternativo.
• Asegurar que el Instituto Nacional de Migración logre identificar a las personas con necesidades de protección internacional y evitar que sean privadas de la libertad.
• Posibilitar que las personas soliciten la condición de refugiado en puntos de entrada fronterizos sin ser detenidas.
• Armonizar la legislación migratoria y sobre refugiados con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Asegurar que los solicitantes de la condición de refugiado reciban la tarjeta de visitante por razones humanitarias, conforme a la legislación.
• Asegurar la inclusión de personas refugiadas en programas sociales.
• Destinar recursos a las localidades de la frontera sur para asegurar su desarrollo, evitar que la llegada de personas refugiadas se convierta en una carga y lograr una inclusión plena.
El nuevo contexto de movilidad humana debe ser reconocido por los candidatos a la Presidencia, e incorporarse en sus plataformas políticas. El ACNUR ha entregado a los cuatro equipos de campaña el documento Agenda básica para la protección de personas refugiadas en México: 2019-2024, disponible en www.acnur.org.
Históricamente, México ha brindado protección y asilo a miles de personas, asumiendo un papel primordial en el continente en materia de protección internacional. Reforzar el compromiso con esta práctica lo posicionaría a la vanguardia de la implementación del Pacto Global sobre Refugiados.