A Ranferi lo calcinaron hombres armados
• El fundador del PRD en Guerrero aspiraba a una diputación federal en Chilapa por Morena
Chilpancingo. —Era casi la media noche del 14 de octubre cuando sobre la carretera Ahuacuotzingo-Chilapa, en Guerrero, encontraron la camioneta de Ranferi Hernández. El fuego la consumía.
Horas antes, a las 5:30 pm, Ranferi salió de Ahuacuotzingo con rumbo a Chilapa a ver a su familia. Lo acompañaba su esposa, Lucía Hernández Dircio, su suegra Juana Dircio y su chofer. En el camino, le marcó a una de sus hijas; le preguntó cómo se encontraba y le avisó que estaba por llegar a Chilapa.
A la altura del crucero que lleva a Xulchuchuio, ya en Chilapa, un comando le hizo el alto al vehículo. Esa fue la última vez que alguien vio a Ranferi y su familia. También fue fue cuando comenzó la búsqueda. A las 11:30 p.m. alguien reportó el incendio de una camioneta en la carretera a Chilapa.
Cuando la familia llegó, encontró una escena de terror: en la cajuela estaban los cuerpos de Ranferi y su esposa, tenían las manos y los pies atados con alambre, señas de haber sido torturados y el tiro de gracia. En los asientos estaban los cuerpos de la suegra y el chofer. Todos envueltos en llamas.
Ranferi Hernández Acevedo fue de los fundadores del PRD en Guerrero y su dirigente estatal en 1993. Renunció al partido 22 años después, debido a que se le negó la candidatura a la alcaldía de Ahuacuotzingo, su pueblo natal.
En este proceso electoral era la propuesta del grupo Pro-AMLO (integrado por ex dirigentes estatales del PRD) para la candidatura de Morena a diputado federal en el Distrito 06, en Chilapa.
Su capital político venía desde 1995, luego de la masacre de Aguas Blancas, cuando se convirtió en uno de los políticos más críticos por la muerte de 17 campesinos a manos de policías estatales. En ese entonces Ranferi era diputado local y cuando Ángel Aguirre llegó a la gubernatura comenzó el hostigamiento que lo obligó a exiliarse en Francia cuatro años.
De su crimen se sabe muy poco. Ese sábado la familia impidió que trasladaran los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo), por lo cual la Fiscalía General de Estado (FGE) mantiene parada la indagatoria, pues no se realizó la necropsia de ley a los cuerpos y no se determinaron las causas de su muerte.
La FGE ha solicitado a la familia exhumar los cuerpos, a lo cual ésta ha accedido con una condición: que participe el Equipo Argentino de Antropología Forense, ante la desconfianza que tiene en la fiscalía.