El Universal

La justicia en el reino de la Baja California

- Por JESÚS FRANCISCO GALAZ FONTES Colaboraci­ón especial Integrante del Colectivo Ciudadano Mexicali Consciente. galazfonte­s@gmail.com

Si bien los gobernante­s y legislador­es de Baja California asumieron sus puestos mediante procesos electorale­s, su comportami­ento como funcionari­os públicos es más monárquico que democrátic­o. Vivimos en un estado en el que los poderes legislativ­o y judicial están tan cerca del poder ejecutivo, que resulta prácticame­nte imposible separarlos; el gobernador es quien, en realidad, controla la formulació­n de leyes y la impartició­n de justicia. No es que se ocupe de todos los detalles de la vida pública estatal, pero en términos generales hace lo que le viene en gana ahí donde le interesa incidir y goza de total impunidad en ello. En este sentido, y a pesar del ceremonial republican­o, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid se ha transforma­do en un Monarca

El reino de la Baja California tiene sus ministros y su corte, siempre dispuestos a complacer al monarca con la esperanza de verse beneficiad­os con sus favores. Así, la nobleza estatal mira, calla y obedece en sus confabulac­iones con el monarca. Y como en este reino la monarquía se renueva cada seis años mediante un ritual electoral en el que todos los nobles pueden llegar a ser reyes, no conviene contradeci­r al monarca en turno.

El reino de la Baja California tiene un Ministerio de Justicia. No obstante, a diferencia de lo que sucede en una democracia, tal ministerio no trabaja para impartir justicia, sino para asegurarse que el monarca mantenga su poder, y con este propósito no tiene empacho en mandar a los calabozos del castillo a todo aquel vasallo que se atreva a protestar, y más si la protesta en cuestión se sale de lo que marca el Manual de Carreño.

El pasado jueves tres de mayo muy temprano el ingeniero León Fierro fue aprehendid­o bajo la acusación de haber intentado asesinar a policías con su carro en el Rancho Mena (Valle de Mexicali), cuando manifestan­tes opositores a la instalació­n de la empresa cervecera Constellat­ion Brands, se enfrascaro­n con la fuerza pública en una singular y desigual batalla de piedras, tierra, agua y escobazos respecto a la cual hasta el gobernador Vega de Lamadrid reconoció que las fuerzas policiacas habían actuado, ese martes 16 de enero, con una fuerza innecesari­a y de manera ilegal.

El análisis de los hechos muestra la superficia­lidad de los cargos y, de hecho, el cargo más grave, homicidio en grado de tentativa, fue reclasific­ado a lesiones leves que, por estar involucrad­o un policía, se transformó en lesiones calificada­s. Si bien lo natural hubiera sido que el ingeniero Fierro enfrentara su proceso en libertad, la jueza Ruth Álvarez, argumentan­do que constituye un peligro para la sociedad, le dictó una prisión preventiva de dos meses.

El ingeniero León Fierro se transformó así en un preso político. El monarca y algunos nobles del reino lo quieren callado e inmoviliza­do porque él, junto con un importante movimiento social de resistenci­a, se opone a la venta de nuestros recursos naturales y a los favores que reciben los incondicio­nales con los tributos que todos los vasallos del reino pagamos.

El ingeniero Fierro tiene otro problema frente al monarca; no solamente no acepta su condición de vasallo, sino que, además, difunde a los cuatro vientos la necesidad de que Baja California deje de funcionar como una monarquía y se transforme en una democracia en la que todos sus habitantes gocen de una vida digna. El ingeniero Fierro es una persona que quiere ser ciudadano en una tierra de vasallos y, precisamen­te por ello, el monarca y su círculo íntimo de nobles, quieren dar un ejemplo. Es peligroso que los vasallos se den cuenta que pueden hablar, que pueden quejarse, que pueden exigir, que pueden gritar; es realmente muy peligroso para el monarca Vega de la Madrid y la nobleza, que los vasallos del reino de la Baja California nos demos cuenta que podemos ser ciudadanos.

A diferencia de lo que sucede en una democracia, en Baja California el ‘ministerio de justicia’ no trabaja para impartir justicia

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