¿Qué cuentas hacemos cuando contamos homicidios?

Hoy, en algún momento de la tarde, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dará a conocer las cifras de incidencia delictiva correspondientes al mes de abril.

Puedo anticiparles que van a ser de terror. Con alta certeza, puedo anticipar que aproximadamente 2500 personas fueron asesinadas el mes pasado. Puedo estimar que el número de víctimas creció 20%, más o menos, con respecto al mismo mes del año pasado. Puedo casi cantar la geografía de esa desgracia: Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Baja California.

Puedo hacer todo lo anterior porque, de una forma u otra, llevo una década siguiendo los conteos de homicidios. Y no sé si ha servido de gran cosa y si hay que seguir haciéndolo, al menos con la frecuencia actual.

Algo de contexto: con buenos o malos métodos, el Estado mexicano cuenta el número de homicidios desde al menos los años treinta del siglo pasado. Pero, hasta la década pasada, no era una cifra que estuviese muy presente en la conciencia pública.

La situación cambió en el sexenio de Felipe Calderón. Como es bien sabido, hubo un incremento notable de la violencia en esos años: la tasa de homicidio casi se triplicó entre 2008 y 2011.

A la par del aumento objetivo de los asesinatos, creció la atención brindada al fenómeno. Diversos medios de comunicación empezaron a realizar sus propios conteos de homicidios (llamándolos “ejecuciones” u “homicidios vinculados al crimen organizado”). Las cifras del SESNSP comenzaron a ser seguidas con la atención que antes sólo se reservaba para los indicadores económicos. Surgieron varios analistas (yo entre ellos) dedicados a desmenuzar de manera sistemática las cifras de homicidios. Múltiples organizaciones sociales pusieron el ojo en el tema y produjeron reportes periódicos sobre la evolución de la violencia.

Ese ecosistema de seguimiento acabó teniendo impacto sobre los actores políticos. La reducción del número de homicidios se volvió la promesa número uno de seguridad de muchos políticos, incluyendo al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Hoy todos los candidatos a la presidencia proponen, con formulaciones variadas, lo mismo.

De hecho, en la discusión pública, el número de homicidios se ha convertido en el indicador central de éxito (o, más bien, de fracaso) de la política de seguridad.

Eso indudablemente tiene ventajas: las víctimas de homicidio han salido de la invisibilidad en la que estaban hace una década y la presión sobre las autoridades para enfrentar el fenómeno son mucho mayores que las que existían hasta hace unos años.

Sin embargo, esta obsesión nuestra también tiene sus costos. En primer lugar, casi condena al fracaso a cualquier gobierno, del signo partidista que sea: las mejoras sólo se notan en horizontes temporales que no son políticamente relevantes. Segundo, genera incentivos para masajear o esconder las cifras, como sucedió en años recientes en Nayarit o Veracruz. Tercero, nos hace perder de vista otros indicadores que pueden ser igualmente relevantes: la percepción de seguridad, la confianza en las autoridades, la tasa de denuncia, etc.

Entonces, quiero proponer algo que tal vez a algunos de mis colegas les parezca herejía: los reportes sobre incidencia delictiva, particularmente en lo referente al homicidio doloso, deberían de ser menos frecuentes. Tal vez trimestrales o incluso anuales (así sucede en la mayoría de los países de la OCDE). Perderíamos oportunidad, ganaríamos precisión. Y podríamos tener tal vez una discusión más útil y menos atropellada sobre la violencia, sin que nos sintamos derrotados cada vez que salen las cifras mensuales.